Guadalajara, Jal., (Milenio).- Las comunidades indígenas huicholas denunciaron ayer, ante el representante en México de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Valencia, la virtual privatización de sus manantiales y acuíferos por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA), entidad contra la que han decidido tomar acciones legales por la violación de los derechos individuales y comunitarios.
“Es una exigencia del pueblo wixárika el que todas las fuentes de agua existentes en territorio comunal sean protegidas por una moratoria indefinida a fin de que no entren a un sistema de mercado ajeno al funcionamiento tradicional del universo en la cosmovisión sagrada de este pueblo”, le señalaron al peruano, que comenzó una gira de dos días por las escarpadas montañas del norte de Jalisco y sur de Durango.
La asamblea de San Sebastián entregó resultados de una larga indagación en archivos públicos.
“Hoy hay denuncias ante la CNA, quien es juez y a la vez es parte del problema, situación que se ha reflejado en la nula voluntad de dicha instancia a avanzar en la solución del conflicto, por lo que la comunidad presentó la demanda ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, y actualmente fortalece cuadros organizativos para dar una respuesta comunitaria y técnica ante la situación”, informaron los comuneros en un documento que le entregaron al ombudsman internacional, del que Público posee copia.
“Tras una minuciosa investigación en el Registro Público de Derechos de Agua, nos hemos percatado con gran sorpresa e indignación que gran parte de nuestros ojos de agua y manantiales están concesionados a terceros ajenos […] concesiones de las que en ningún momento se hizo del conocimiento de nuestra comunidad indígena, ni fuimos notificados sobre la existencia de ninguna pretensión de cualquier tercero para tratar de aprovechar nuestros manantiales comunitarios, lo que reviste especial importancia, si se toma en cuenta que el líquido es sumamente escaso en nuestro territorio, y los ojos de agua que existen son destinados para el uso doméstico colectivo de nuestro pueblo”.
Con estos actos “las autoridades del Estado [mexicano] violan nuestras garantías individuales, nuestros derechos como pueblo indígena que el mismo Estado en la Constitución nos reconoce y que han sido ratificados en diversos tratados internacionales como lo son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1990), Convención Americana de Derechos Humanos (1981), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). Estos instrumentos consagran derechos fundados desde la cosmovisión de los pueblos, y a los cuales los Estados tienen obligación de proteger”, añaden.
A raíz de la decisión de la asamblea comunal de San Sebastián y su diagnóstico de fuentes de agua concesionada, “las asambleas comunales de Tuapurie —Santa Catarina Cuexcomatitlán— y Uweni Muyewe —Bancos de San Hipólito— acordaron emprender medidas legales que hagan respetar lo que en su momento ya expresaron las comunidades a la CNA, cuando les preguntaron si deseaban registrar sus manantiales […] le respondieron que eso no se podía por ser el agua la sangre de Tatei Yurianaka, nuestra Madre Tierra”.
Actualmente “hay una fuerte campaña en México y el mundo para convertir el agua en una mercancía y otorgar derechos sobre la misma a las grandes industrias, las mineras y las compañías privadas que pretenden el control del agua. Para esto se han realizado una serie de modificaciones legales que violan todos los derechos históricos de los indígenas y campesinos sobre el agua y todo lo que hay en sus territorios”, resaltaron los quejosos.
El enviado de la ONU pernoctó en Tuxpan de Bolaños, y se le espera a media mañana de hoy en Tuapurie, la zona de Santa Catarina que denuncia el acoso gubernamental por una carretera.
Más conflictos para Waut+a
En San Sebastián Teponahuaxtlán —Waut+a—, “la lucha territorial ha evidenciado la integralidad de la embestida en contra de los pueblos, siendo un ejemplo claro la contaminación que ejerce el ejido invasor mestizo de Puente de Camotlán”, aseguraron los indígenas afectados.
Los huicholes lograron recuperar más de 22 mil hectáreas, pero “aunque se recuperó la tierra, el ejido se negó a regresar una zona de 617 hectáreas en las que mantiene su infraestructura estratégica, como son una laguna de oxidación que vierte todas las aguas residuales urbanas de Puente, que es el principal centro urbano del municipio de La Yesca, Nayarit, el basurero que al estar junto al río, lo contamina con lixiviados contaminantes, descargas de una granja porcícola, una granja acuícola y un baño garrapaticida.
Todas estas formas de contaminación son vertidas en territorio comunal invadido y actualmente bajo litigios jurídicos”. Además, tampoco fueron revocadas las concesiones con las que cuenta el Ayuntamiento de La Yesca y particulares sobre los principales manantiales de la zona sur de San Sebastián.
1 comentario:
Es verdad que mis hermanos hichóles viven ese calvario de los conflictos territoriales desde hace ya algunos años y aunado a eso ahora la terquedad e insensibilidad del gobierno al pretender hacer modificaciones en el uso del agua de sus manantiales, un recurso de vital importancia para la zona wixaríka.
Excelente articulo y apoyemos a nuestros hermanos!!
Publicar un comentario