Ostula, Aquila, Mich., (La Jornada).- Los comuneros nahuas de Ostula, que recuperaron 700 hectáreas del predio La Canahuancera, ocupadas por pequeños propietarios de la población de La Placita, advirtieron que no permitirán la instalación de casillas para los comicios de este domingo debido a que las autoridades federales y estatales no han solucionado el conflicto agrario.
A los indígenas de Ostula se sumaron los de las comunidades de Pómaro y El Coire. En esas tres localidades, ubicadas en la región costera del norte de Michoacán, no permitirán la instalación de las siete casillas, advirtieron.
Ante el anuncio, el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, partió el viernes hacia Aquila. Se espera que en las próximas horas se logre un acuerdo que permita las votaciones en este municipio.
El primero de julio, los comuneros decidieron recuperar las tierras después que el 11 de junio los pequeños propietarios de La Placita comenzaron a realizar labores agrícolas, lo que, dijeron, violenta el acuerdo de no "tocar" el predio hasta que las autoridades agrarias resolvieran el dictamen final.
Los comuneros respondieron con una agresión a balazos en la que cuatro personas salieron lesionadas con arma de fuego. Entonces los comuneros de Ostula bloquearon la carretera costera federal 200 Tecomán-Lázaro Cárdenas, que comunica el puerto con Colima, y pasa por las tierras nahuas de Aquila.
Por orden de la asamblea de comuneros de Ostula, la carretera permanece totalmente cerrada desde el predio La Canahuancera hasta la entrada del poblado El Duín, informó la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales.
Voceros de la agrupación señalaron que tras revisar las cárceles de la región se tienen noticias de tres personas detenidas por la policía comunitaria de Ostula, Coire y Pómaro, que resguardan los linderos. Se indicó que las tres participaron en la agresión a la comunidad cuando ésta recuperó el predio que se disputan desde hace 45 años.
Explicaron que luego de hacer las indagaciones, el jefe de tenencia de la comunidad asumió facultades de Ministerio Público y tomó la declaración de los detenidos, basados en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia de Michoacán.
Los representantes de Ostula aseguraron que los presos no han sido ni serán utilizados para negociar el problema agrario, pues "ese es otro asunto". No obstante, analizan entregarlos al Ministerio Público del gobierno para que continúe con las investigaciones y garantice que habrá castigo para los responsables del ataque.
Los familiares de los detenidos, que instalaron un plantón sobre la carretera, a la salida de La Placita, en demanda de la libertad de sus parientes, dijeron que no cuentan con suficiente información respecto a la intención del gobierno estatal.
Para garantizar los derechos de los detenidos, las autoridades de Ostula aseguraron que ya fueron revisados por un médico y permitirán que se comuniquen telefónicamente con sus familiares.
Los comuneros de Ostula demandaron castigo a los responsables de la agresión, una entrevista con el gobernador Leonel Godoy y la resolución jurídica en su favor, respecto de las 700 hectáreas que les despojaron los pequeños propietarios.
La versión de los indígenas nahuas es que el gobierno de Michoacán se comprometió a "arreglarse" con los pequeños propietarios de La Placita para indemnizarlos por las tierras que "perdieron".
Apoyos a Ostula
En el predio recuperado, la gente de Ostula construye el nuevo poblado, que se llamará Xayakalan, hasta donde ya llegaron representantes purépechas, de Nurío, Michoacán, y wixaritari, de Santa Catarina, Jalisco; se espera que pronto lleguen otras representaciones para solidarizarse con los comuneros.
Mientras, ya enviaron mensajes de apoyo grupos indígenas como los kakis, de Sonora, los mazahuas, del estado de México, zapotecos y mixtecos de Oaxaca, cocas, de Mezacala, Jalisco, y el Centro Nacional Misiones Indígenas.
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