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22/03/2009

Desviados, los recursos para los pueblos indios

Ciudad de México, DF., (Proceso).- ientras los pueblos indígenas están abandonados, inmersos en la pobreza y el analfabetismo, el gobierno federal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) se convirtieron en un refugio para panistas desempleados y en un instrumento electoral, sostiene Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados.

Expone: En el reporte entregado el jueves 12 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta comisión, dirigida por Luis H. Álvarez, registró un desvío hacia otras secretarías de al menos mil 687 millones de pesos del presupuesto que se le asignó en 2007.

Y enumera algunos casos: a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se le transfirieron 300 millones de pesos; a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 200 millones; a la Secretaría de Educación Pública, 296 millones, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 606 millones de pesos para la construcción de tres carreteras que no se hicieron.

De acuerdo con la ley, la CNDPI tiene 45 días para responder a las observaciones de la ASF. De no hacerlo, sostiene el legislador, deberá regresar ese dinero.

Entrevistado por Proceso, el exdirector del Instituto Nacional Indigenista (INI), organismo que desapareció en el gobierno foxista para dar paso a la CNDPI–, advierte que el desinterés gubernamental hacia las comunidades indígenas puede llevar a sus habitantes a emplearse en el narcotráfico, pues el gobierno sólo les otorgó 38 mil millones este año, equivalente al 0.4% del presupuesto federal.

Dice: “Luis H. Álvarez se montó en la misma institución que dejó Xóchitl Gálvez pero no hubo ninguna reorientación, ninguna evaluación. Está trabajando sobre una institución vieja con el nombre de una nueva; siguen con los albergues populares, con los fondos regionales, no hay un programa nuevo con el que se pueda presumir como un proyecto exitoso del gobierno para combatir la pobreza de los pueblos indígenas”.

Según el diputado por Guerrero, Calderón prefirió “empanizar” esa comisión desplazando a los cuadros indígenas en las delegaciones estatales. “En su lugar –arguye– puso a militantes del PAN sin experiencia ni conocimiento de la situación de los pueblos indígenas”.

Como ejemplo destaca el caso de Xavier Abreu Sierra, quien después de su derrota en 2007 como candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, fue colocado en la CNDPI como responsable de la Unidad de Coordinación y Enlace.

Ahora, dice, es Abreu quien manda en la comisión. Es él quien toma las decisiones y maneja los programas con fines electorales, pues sigue las instrucciones del presidente Calderón de instalar a militantes del PAN en la estructura nacional de esa dependencia.

E insiste: “Yo tengo la hipótesis de que la comisión va a tratar de expandirse buscando el mercado de votos indígenas a través de la colocación de hombres y mujeres del PAN en los estados, sobre todo en el sur y sureste donde la izquierda domina las plazas.

“El propósito es comprar el voto a través de los programas sociales, lo mismo que pretenden hacer con la Secretaría de Desarrollo Social.” Para Matías Alonso, integrante del Consejo Nacional Indígena e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el manejo del presupuesto federal dedicado a los pueblos indígenas es un asunto delicado: “Si los proyectos no están orientados a los verdaderos destinatarios, la burocracia se come los recursos.”

Su compañera de bancada, Holly Matus Toledo, plantea: en materia de salud, “registramos índices en algunos municipios y regiones indígenas con una diferencia de 13% con respecto al nivel nacional; y en el rubro educación la diferencia es del 17%, nivel muy parecido al de los de países africanos”.

Marcos Matías recuerda que en junio de 2008, cuando se revisó el ejercicio presupuestal de 2007, los legisladores detectaron que hasta esa fecha la CNDPI no había ejercido 2 mil millones de pesos, por lo que se citó al comisionado Luis H. Álvarez para que explicara sobre esa irregularidad.

En aquella ocasión, el funcionario dijo que el gasto “se había ajustado”, y expuso que todos los recursos de 2007 se utilizaron en programas carreteros, de infraestructura comunitaria y de desarrollo social y humano, entre otros. Pero la explicación de Álvarez no satisfizo, señala Marcos Matías, lo que impidió que para 2009 se solicitaran más recursos.

“El escenario es preocupante. El presupuesto para los pueblos indígenas sólo representa el 0.4% del global. Esto refleja la discriminación económica porque a los pueblos indígenas sólo se darán 38 mil millones de pesos cuando la población es de 15 millones y representa el 12% de la población nacional.”

En contraste, para los gastos personales de la CNDPI se destinaron 118 millones de pesos en 2007. “El gobierno partió de la idea de que los altos directivos deberían tener una alta remuneración y las tropas salarios miserables”, dice el legislador. Y asevera: “Si de veras quiere atender a la población indígena, el gobierno tendría que destinar el 10% del presupuesto nacional.”

Matías Alonso afirma que el gobierno de Felipe Calderón no tiene un sólo programa emblemático con base en el cual pudiera medirse el impacto de los recursos para los pueblos indígenas.

–¿Qué evaluación hace de la CNDPI?

–Que ha sido abandonada. No hay experiencia en el tema por parte de los nuevos funcionarios.

–¿Qué opina de Luis H. Álvarez?

–No hay mucho que esperar. Tiene 87 años. La comisión necesita a gente con mucha energía, que pueda recorrer el país por tierra, que tenga presencia internacional. A don Luis no se le niega el papel que tuvo en la Cocopa, junto con Heberto Castillo, en las negociaciones con el EZLN…

Sin programas

En su estudio Mi voz en el cabildo: transparencia y monitoreo ciudadano en regiones indígenas de México, realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alianza Cívica sostiene que son cerca de 15 millones los indígenas que sobreviven en situaciones de extrema pobreza. Además, indica, carecen de representación política, pues se les impide participar en los espacios de gobierno.

La investigación apunta que en varios de los 28 distritos electorales con mayoría de población indígena, ésta se identifica más con las autoridades locales que con las federales. Eso “revela la lejanía que existe entre los legisladores y las autoridades con los pueblos indígenas”.

Xóchitl Gálvez, quien antecedió a Luis H. Álvarez en la CNDPI, admite que para el gobierno de Calderón el tema indígena no es prioritario. Los funcionarios que ahora están al frente de la dependencia, asegura, “son de un bajo perfil. Lo que hace falta es una nueva reforma a la Constitución para que se reconozcan los derechos políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas”.

Según ella, si bien el subcomandante Marcos ya no es un problema visible para el gobierno, “las causas que dieron origen al conflicto zapatista aún no se resuelven”.

–Cuando habla de los derechos, ¿a qué se refiere?

–A la autonomía y a la libre determinación reconocidas en la Constitución. Se tiene que clarificar esto porque nadie pretende estados independientes dentro del territorio, ni siquiera los pueblos indígenas ni los luchadores sociales. Pero es muy importante el pleno reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y no como meros sujetos de interés público.

Gálvez explica que existe también “la posibilidad de crear un cuarto nivel de gobierno en todos los municipios y no sólo en los indígenas”. La Constitución, arguye, no puede establecer excepciones, “pero yo he visto que en muchos municipios a las comunidades indígenas no les dan recursos”.

Dice que es válido que las comunidades indígenas reciban de manera directa fondos de la federación, no como una célula completa administrativa autónoma, pero sí para que atiendan sus necesidades específicas de agua potable y de electrificación, ya que actualmente las cabeceras municipales no les hacen caso.

Sobre este aspecto, Marcos Matías dice que desde 2005 se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reformas constitucionales a los artículos 2, 26 y 115 para dar pleno reconocimiento a los pueblos indígenas, pero el PAN la bloqueó.

“Lo que queremos hacer es reencauzar el debate institucional sobre los pueblos indígenas”, reitera el diputado. Y concluye: “Este tema lo tienen olvidado, arrinconado. Da la impresión de que el gobierno de Felipe Calderón quiere borrar de un plumazo la situación y la existencia de 15 millones de indígenas.”

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