Ante ello, se destaca que urge establecer una campaña nacional para registrar a esos menores de edad que al carecer de identidad oficial son presa de traficantes de personas, robachicos y mafias de explotación infantil.
El coordinador del Area Jurisdiccional del PRD en la Cámara de Diputados, César Flores Maldonado, expuso que en la mayoría de los casos se trata de niños en pobreza extrema, migrantes, cuyos padres no cuentan con los recursos para pagar el documento ante el Registro Civil.
Destacó que de acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sólo en el estado de Chiapas hay casi 25 mil niños indígenas que carecen de acta de nacimiento, lo que les impide ingresar a la escuela y a los servicios de salud pública.
"Para el Estado mexicano son invisibles, no cuentan en las estadísticas de pobreza, ni en las mediciones de cobertura educativa, porque no tienen la identidad que el gobierno les niega al cobrar por este servicio", agregó el análisis legislativo.
El diputado federal César Flores Maldonado, agregó que esos niños son originarios de estados del sur y sureste del país como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, principalmente, aunque viven en otras entidades donde sus padres emigran para trabajar.
"Muchos viven en el Distrito Federal, en vecindades del Centro Histórico; otros más en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y Baja California; trabajan con sus familias sin la posibilidad de asistir a la escuela", indicó el legislador en entrevista.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática señaló que se hará un exhortó a la SEP para que inscriba a miles de niños en las escuelas, aunque carezcan del acta de nacimiento, siempre y cuando vayan acompañados de sus padres.
Asimismo, se demandará a la Secretaría de Gobernación y a los registros civiles del país realizar una campaña gratuita de entrega de actas de nacimiento a la población indígena y en pobreza extrema.
El acta de nacimiento es un documento esencial para la identidad ciudadana y jurídica de las personas, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones y, por tanto, un instrumento de protección.
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