Por Élgego Gregorio Jiménez, corresponsal
Santiago Jamiltepec, Oax.- La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a través del Centro Coordinador de la mixteca de la costa, ubicado en esta población invirtió en año pasado 39 millones 823 mil pesos en diversos proyecto que benefician a las diversas organizaciones y poblaciones indígenas de la zona.
Lo anterior lo dio a conocer a través de un “Informe Anual de Actividades”, Hilario Santana Lizama, Director de la mencionada dependencia, encargada de orientar, y evaluar los programas, proyectos y acciones públicas dirigidas a las comunidades indígenas.
De acuerdo al documento, la CDI de Jamiltepec tiene una cobertura de 26 municipios, seis de ellos es considerado de alta marginación por tener el menor índice de desarrollo humano, entre ellos Santiago Ixtayutla, en los que se ejecutaron diversos proyectos como fue el caso de los Fondos Regionales Indígenas.
En dicho programa federal se invirtieron más de tres millones de pesos, en once proyectos; así mismo en asistencia técnica y administrativa, beneficiando directamente a 564 productores indígenas de trece localidades.
Santana Lizama explicó que en el Programa “Organización Productiva para Mujeres Indígenas” (POPMI), se ejerció un monto de 509 mil 408 pesos aplicados en seis proyectos productivos de cinco comunidades de alta y muy alta marginación, beneficiando a un total de 83 mujeres que han fortalecido su organización y mejorado sus condiciones de vida.
En el programa de Albergues Escolares Indígenas (AEI), se ha ejercido un monto de 240 mil pesos, beneficiando a 314 niños mixtecos y amuzgos de primaria y secundaria de nueve localidades; además 289,850 pesos en comedores comunitarios de San Agustín Chayuco, Santo Domingo Armenta, San Cristóbal y Ocotlán de Juárez, con un total de 62 apoyos para igual número de niños.
Por último Hilario Santana explico que “en el programa de “Proyectos de Comunicación Indígena” se invirtió la cantidad de $100,000.00 a través de 4 proyectos, beneficiando directamente a ocho comunicadores, que como resultado se obtuvieron 35 programas y 50 capsulas de radio que ya se transmiten en la XEJAM, que promueven en uso de la lengua mixteca y chatina”.
26 ene 2009
Inmigrantes indígenas en EU se niegan a ser llamados “hispanos”
Nueva York, Estados Unidos, (CIMAC).- Se estima que en los Estados Unidos unas 100 mil personas indígenas hablan mixteco y hay miles más que pertenecen a grupos étnicos de México y de otros países Latinoamericanos, como Guatemala. Todas fueron expulsadas, unos por razones de guerra y otras por el desempleo, y hoy radican aquí.
El diario neoyorquino La Prensa informó lo anterior, citando un reporte de la agencia AP. Una de estas personas es Catarina López, guatemalteca que vivió en su país la mayor parte de sus 46 años. Y además, pone de manifiesto que cuando ella vino a este país, fue catalogada como “hispana”, y ella se resiste a aceptar esa clasificación, dado que ella reivindica su procedencia étnica y se define como maya.
Ella, al igual que miles de personas mexicanas y centroamericanas en este país se niega a ser ubicadas dentro de los estereotipos que tienen las y los estadounidenses acerca de los inmigrantes que vienen del sur. Catarina es oriunda de un pequeño pueblo en las montañas del este de Guatemala. Ahora vive a metros de la frontera con Canadá, en un pueblo del estado de Washington, una región donde la inmigración de indígenas del sur de la frontera es algo bastante nuevo.
La cantidad de indígenas que están llegando a esta región, especialmente trabajadores del campo, llamó la atención del Gobierno federal e hizo que la Subcomisión Nacional de Trabajadores Agrícolas hiciera cambios en sus categorías para tener una mejor idea del tamaño de la población indígena.
“Son indígenas, pero no son del mismo país”, expresó Lourdes Villanueva, de la Redlands Christian Migrant Association, agrupación de la Florida que defiende los derechos de los y las inmigrantes. “Son todos distintos. Cada grupo viene de un sitio diferente”, explicó.
La mayoría de las personas indígenas de la región vienen del sur de México y hay también numerosas personas de Guatemala y de otros países. Algunos hablan poco español, muchos solo su idioma materno.
Entre el 10 y el 30 por ciento de las y los trabajadores agrícolas de California son indígenas, según un estudio realizado en el 2008 por el Departamento de Agricultura.
LUGARES DE RESIDENCIA
En el estado de Washington, las y los indígenas se radicaron en zonas rurales de los condados de Skagit y Whatcom. El grueso de las y los indígenas de la Florida trabaja en el centro del estado, al sur de Tampa Bay. Igual que el resto de inmigrantes, las y los indígenas comenzaron a irse de sus países por falta de trabajo o para escaparse de la guerra en los últimos 20 años, señaló James Loucky, profesor de antropología de la Western Washington University.
Las personas indígenas latinoamericanas que vienen a Estados Unidos tienden a ser consideradas hispanas, pero tienen una historia y costumbres distintas a éstos. Las pautas del Departamento de Trabajo y de la Oficina del Censo estipulan que deben ser agrupados con las personas nativas de Estados Unidos y Alaska, por lo que resulta más difícil conseguir información exclusiva de ellas.
“Las trabajadoras y los trabajadores indígenas tienen características únicas que hacen que resulte difícil atender sus necesidades. Los estudios que se hacen no cuentan a toda esa población”, dice un documento del Departamento de Trabajo.
Al no tenerse una idea cabal de la cantidad de personas indígenas procedentes de Latinoamérica, esa población no recibe el porcentaje que le corresponde de los mil millones de dólares que el Gobierno asigna a la salud, la educación y otros servicios para los trabajadores y trabajadoras agrícolas.
Fue hasta 2005 que en los estudios de población comenzó a incluirse el idioma que hablan las y los indígenas. Ahora también se averigua dónde nacieron sus padres, para determinar el origen.
El diario neoyorquino La Prensa informó lo anterior, citando un reporte de la agencia AP. Una de estas personas es Catarina López, guatemalteca que vivió en su país la mayor parte de sus 46 años. Y además, pone de manifiesto que cuando ella vino a este país, fue catalogada como “hispana”, y ella se resiste a aceptar esa clasificación, dado que ella reivindica su procedencia étnica y se define como maya.
Ella, al igual que miles de personas mexicanas y centroamericanas en este país se niega a ser ubicadas dentro de los estereotipos que tienen las y los estadounidenses acerca de los inmigrantes que vienen del sur. Catarina es oriunda de un pequeño pueblo en las montañas del este de Guatemala. Ahora vive a metros de la frontera con Canadá, en un pueblo del estado de Washington, una región donde la inmigración de indígenas del sur de la frontera es algo bastante nuevo.
La cantidad de indígenas que están llegando a esta región, especialmente trabajadores del campo, llamó la atención del Gobierno federal e hizo que la Subcomisión Nacional de Trabajadores Agrícolas hiciera cambios en sus categorías para tener una mejor idea del tamaño de la población indígena.
“Son indígenas, pero no son del mismo país”, expresó Lourdes Villanueva, de la Redlands Christian Migrant Association, agrupación de la Florida que defiende los derechos de los y las inmigrantes. “Son todos distintos. Cada grupo viene de un sitio diferente”, explicó.
La mayoría de las personas indígenas de la región vienen del sur de México y hay también numerosas personas de Guatemala y de otros países. Algunos hablan poco español, muchos solo su idioma materno.
Entre el 10 y el 30 por ciento de las y los trabajadores agrícolas de California son indígenas, según un estudio realizado en el 2008 por el Departamento de Agricultura.
LUGARES DE RESIDENCIA
En el estado de Washington, las y los indígenas se radicaron en zonas rurales de los condados de Skagit y Whatcom. El grueso de las y los indígenas de la Florida trabaja en el centro del estado, al sur de Tampa Bay. Igual que el resto de inmigrantes, las y los indígenas comenzaron a irse de sus países por falta de trabajo o para escaparse de la guerra en los últimos 20 años, señaló James Loucky, profesor de antropología de la Western Washington University.
Las personas indígenas latinoamericanas que vienen a Estados Unidos tienden a ser consideradas hispanas, pero tienen una historia y costumbres distintas a éstos. Las pautas del Departamento de Trabajo y de la Oficina del Censo estipulan que deben ser agrupados con las personas nativas de Estados Unidos y Alaska, por lo que resulta más difícil conseguir información exclusiva de ellas.
“Las trabajadoras y los trabajadores indígenas tienen características únicas que hacen que resulte difícil atender sus necesidades. Los estudios que se hacen no cuentan a toda esa población”, dice un documento del Departamento de Trabajo.
Al no tenerse una idea cabal de la cantidad de personas indígenas procedentes de Latinoamérica, esa población no recibe el porcentaje que le corresponde de los mil millones de dólares que el Gobierno asigna a la salud, la educación y otros servicios para los trabajadores y trabajadoras agrícolas.
Fue hasta 2005 que en los estudios de población comenzó a incluirse el idioma que hablan las y los indígenas. Ahora también se averigua dónde nacieron sus padres, para determinar el origen.
Michoacán, modelo de turismo cultural
Ciudad de México, DF., (El Financiero).- Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Michoacán es un modelo inteligente de diversificación de la demanda turística.
Sergio Arzenni, director del centro para Pymes y desarrollo local del organismo, comentó que en un estudio realizado en 13 países, concentrado en el libro El impacto de la cultura en el turismo, se encontró que Michoacán ha sabido aprovechar la relación turismo y cultura para mejorar como destino.
El objetivo del análisis fue analizar la competitividad que logran los destinos que aprovechan e impulsan la relación turismo-cultura.
Sergio Arzeni señaló que Michoacán es un ejemplo de la nueva frontera de desarrollo sustentable económica y socialmente, y de respeto con el medio ambiente y la cultura. Y subrayó la atención particular que se brinda a la cultura indígena.
Aseveró que entre 2002 y 2007 Michoacán duplicó su número de turistas de tres millones 400 mil a más de siete millones. Aumentó también el número de turistas internacionales de 104 mil a cerca de un millón cien mil, y su ocupación hotelera creció del 44 al 66 por ciento en las 15 mil habitaciones disponibles.
Como resultado, la derrama económica por turismo se elevó en estos cinco años de 271 millones de dólares a mil 265 millones, generándose casi 40 mil nuevos empleos.
Además, el estudio resaltó la importancia de fomentar el turismo cultural, ya que tiene una tasa de crecimiento mayor a la de otros motivos de viaje. Asimismo, esta clase de vacacionistas gasta el doble que otros paseantes.
La presentación del libro de la OCDE tuvo lugar durante la reunión internacional Turismo y Cultura: Una Relación Estratégica, organizada por la Secretaría de Turismo y la OCDE en la capital mexicana y en Michoacán.
Renovación
En ese foro, Rodolfo Elizondo, titular de la Sectur, señaló que este año gran parte de los mil 600 millones de pesos que planea invertir la dependencia serán destinados al rescate histórico y cultural de los estados.
Explicó que entre las estrategias en las que trabaja la Sectur destaca el convertir al turismo cultural en un complemento exitoso del turismo de playa, actual generador de divisas para el país.
Elizondo remarcó que los proyectos de turismo cultural en México deben formarse de manera estudiada, adecuada e inteligente.
Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), destacó que la renovación misma de la infraestructura cultural tiene como propósito potenciar el disfrute de bienes y servicios culturales en donde el turismo implica riqueza y una fuente de desarrollo social.
En este foro, que tuvo como escenario, en su primer día, el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, participaron expertos de ambos sectores, provenientes de Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Turquía.
La secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, explicó que la relación entre turismo y cultura se debe fomentar al mismo tiempo que se garantiza la preservación de la riqueza arqueológica, histórica y artística.
Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia mantiene proyectos en tres sitios arqueológicos para mejorar su infraestructura: en Palenque, Chichén Itzá y Teotihuacán.
En Chichén Itzá y Uxmal se están haciendo cambios para evitar acciones invasoras a los edificios prehispánicos.
Sergio Arzenni, director del centro para Pymes y desarrollo local del organismo, comentó que en un estudio realizado en 13 países, concentrado en el libro El impacto de la cultura en el turismo, se encontró que Michoacán ha sabido aprovechar la relación turismo y cultura para mejorar como destino.
El objetivo del análisis fue analizar la competitividad que logran los destinos que aprovechan e impulsan la relación turismo-cultura.
Sergio Arzeni señaló que Michoacán es un ejemplo de la nueva frontera de desarrollo sustentable económica y socialmente, y de respeto con el medio ambiente y la cultura. Y subrayó la atención particular que se brinda a la cultura indígena.
Aseveró que entre 2002 y 2007 Michoacán duplicó su número de turistas de tres millones 400 mil a más de siete millones. Aumentó también el número de turistas internacionales de 104 mil a cerca de un millón cien mil, y su ocupación hotelera creció del 44 al 66 por ciento en las 15 mil habitaciones disponibles.
Como resultado, la derrama económica por turismo se elevó en estos cinco años de 271 millones de dólares a mil 265 millones, generándose casi 40 mil nuevos empleos.
Además, el estudio resaltó la importancia de fomentar el turismo cultural, ya que tiene una tasa de crecimiento mayor a la de otros motivos de viaje. Asimismo, esta clase de vacacionistas gasta el doble que otros paseantes.
La presentación del libro de la OCDE tuvo lugar durante la reunión internacional Turismo y Cultura: Una Relación Estratégica, organizada por la Secretaría de Turismo y la OCDE en la capital mexicana y en Michoacán.
Renovación
En ese foro, Rodolfo Elizondo, titular de la Sectur, señaló que este año gran parte de los mil 600 millones de pesos que planea invertir la dependencia serán destinados al rescate histórico y cultural de los estados.
Explicó que entre las estrategias en las que trabaja la Sectur destaca el convertir al turismo cultural en un complemento exitoso del turismo de playa, actual generador de divisas para el país.
Elizondo remarcó que los proyectos de turismo cultural en México deben formarse de manera estudiada, adecuada e inteligente.
Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), destacó que la renovación misma de la infraestructura cultural tiene como propósito potenciar el disfrute de bienes y servicios culturales en donde el turismo implica riqueza y una fuente de desarrollo social.
En este foro, que tuvo como escenario, en su primer día, el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, participaron expertos de ambos sectores, provenientes de Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Turquía.
La secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, explicó que la relación entre turismo y cultura se debe fomentar al mismo tiempo que se garantiza la preservación de la riqueza arqueológica, histórica y artística.
Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia mantiene proyectos en tres sitios arqueológicos para mejorar su infraestructura: en Palenque, Chichén Itzá y Teotihuacán.
En Chichén Itzá y Uxmal se están haciendo cambios para evitar acciones invasoras a los edificios prehispánicos.
Indígenas y migrantes, las otras víctimas del racismo
Ciudad Juárez, Chih., (El Diario).- Aun cuando Paula Onofre dice no sufrir mayores dificultades, ser de origen mazahua en Ciudad Juárez sí le ha hecho blanco de señalamientos.
“Ocurre cuando voy con mi mamá, que todavía usa la ropa típica. Oigo que la gente dice: mira, son indias”, dice Onofre, de 37 años, oriunda del Estado de México y residente de la colonia Revolución Mexicana, donde hace más de 30 años hay un asentamiento de esta etnia.
En general, dice, su origen indígena no ha representado obstáculos para su vida en la frontera, pero sí hay un grado de racismo que la señala como diferente.
“Tuve una concuña aquí en Juárez, que vivió en El Paso, y era blanca, y cuando nos reuníamos sí hacía comentarios; decía, por ejemplo: ‘es que se nota la clase, cómo la ropa le queda mejor a la gente blanca que a la morena”, narra Onofre.
Este tipo de situaciones, dice, las ha vivido desde que era niña, cuando su mamá iba por ella a la escuela y los niños se burlaban de ella porque vestía la ropa tradicional indígena.
A la fecha, agrega, la discriminación continúa. “Una vez no le quisieron dar crédito en una tienda, nomás porque iba vestida con su ropa de mazahua. A mí me dio mucho coraje y le dije: si supieran cuánto ganas y que puedes comprar al contado, te aseguro que te lo darían”, agrega Onofre que, como su madre y casi todos en la colonia, es comerciante.
Pero el racismo, concede, no ha pasado de eso. En la ciudad hay gente de todas partes del país, “incluso de Guatemala” y, en general, entre los locales “hay de todo”, como gente que les da un buen trato. “Saben que somos gente muy trabajadora, y sí me ha tocado gente que expresa admiración por nosotros, por nuestras tradiciones”, dice.
Inmigrantes del sur del país entrevistados en otros puntos de la ciudad dijeron no sentir de manera particular algún rechazo, pero algunos sí expresaron convivir básicamente entre ellos o no sentir diferencias debido a que en sus círculos todos son también oriundos de otros estados.
“El problema es que no se juntan. Hay gente a la que no le gusta juntarse con gente que no conoce”, contestó tímidamente una oaxaqueña empleada en un centro comercial del sur de la ciudad.
La persistencia de un rechazo en Ciudad Juárez hacia los inmigrantes de otros estados del país fue advertida incluso por las autoridades norteamericanas en un análisis de 2003, cuando, estudiando el declive maquilador, se dieron cuenta que las autoridades locales veían con agrado la caída económica porque significaría un descenso en los flujos migratorios hacia esta frontera.
“Las autoridades locales simplemente no pudieron nivelar las demandas de salud, educación y otros servicios asociados con el dramático incremento de la población que implicó la expansión de las maquiladoras. Y así, vieron la debacle de los pasados dos años como un plazo agradable”, explicó en 2003 un reporte difundido por la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (GAO, sus siglas en inglés).
Académicos entrevistados advirtieron desde entonces que el discurso gubernamental de Ciudad Juárez encontró en los migrantes una población a la cual culpar por todo el rezago social, acusándolos de una presunta falta de arraigo.
“Pero hay un discurso xenófobo detrás de esa palabra desarraigo, que dice que está mal el que alguien no tenga la misma raíz, la misma identidad, la misma cultura ni las mismas costumbres que la gente de Juárez. Es todo un discurso de rechazo a la diversidad cultural”, dijo entonces Eduardo Barrera, doctor en comunicación y académico de las Universidades Autónoma de Ciudad Juárez y de Texas en el Paso.
“Ocurre cuando voy con mi mamá, que todavía usa la ropa típica. Oigo que la gente dice: mira, son indias”, dice Onofre, de 37 años, oriunda del Estado de México y residente de la colonia Revolución Mexicana, donde hace más de 30 años hay un asentamiento de esta etnia.
En general, dice, su origen indígena no ha representado obstáculos para su vida en la frontera, pero sí hay un grado de racismo que la señala como diferente.
“Tuve una concuña aquí en Juárez, que vivió en El Paso, y era blanca, y cuando nos reuníamos sí hacía comentarios; decía, por ejemplo: ‘es que se nota la clase, cómo la ropa le queda mejor a la gente blanca que a la morena”, narra Onofre.
Este tipo de situaciones, dice, las ha vivido desde que era niña, cuando su mamá iba por ella a la escuela y los niños se burlaban de ella porque vestía la ropa tradicional indígena.
A la fecha, agrega, la discriminación continúa. “Una vez no le quisieron dar crédito en una tienda, nomás porque iba vestida con su ropa de mazahua. A mí me dio mucho coraje y le dije: si supieran cuánto ganas y que puedes comprar al contado, te aseguro que te lo darían”, agrega Onofre que, como su madre y casi todos en la colonia, es comerciante.
Pero el racismo, concede, no ha pasado de eso. En la ciudad hay gente de todas partes del país, “incluso de Guatemala” y, en general, entre los locales “hay de todo”, como gente que les da un buen trato. “Saben que somos gente muy trabajadora, y sí me ha tocado gente que expresa admiración por nosotros, por nuestras tradiciones”, dice.
Inmigrantes del sur del país entrevistados en otros puntos de la ciudad dijeron no sentir de manera particular algún rechazo, pero algunos sí expresaron convivir básicamente entre ellos o no sentir diferencias debido a que en sus círculos todos son también oriundos de otros estados.
“El problema es que no se juntan. Hay gente a la que no le gusta juntarse con gente que no conoce”, contestó tímidamente una oaxaqueña empleada en un centro comercial del sur de la ciudad.
La persistencia de un rechazo en Ciudad Juárez hacia los inmigrantes de otros estados del país fue advertida incluso por las autoridades norteamericanas en un análisis de 2003, cuando, estudiando el declive maquilador, se dieron cuenta que las autoridades locales veían con agrado la caída económica porque significaría un descenso en los flujos migratorios hacia esta frontera.
“Las autoridades locales simplemente no pudieron nivelar las demandas de salud, educación y otros servicios asociados con el dramático incremento de la población que implicó la expansión de las maquiladoras. Y así, vieron la debacle de los pasados dos años como un plazo agradable”, explicó en 2003 un reporte difundido por la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (GAO, sus siglas en inglés).
Académicos entrevistados advirtieron desde entonces que el discurso gubernamental de Ciudad Juárez encontró en los migrantes una población a la cual culpar por todo el rezago social, acusándolos de una presunta falta de arraigo.
“Pero hay un discurso xenófobo detrás de esa palabra desarraigo, que dice que está mal el que alguien no tenga la misma raíz, la misma identidad, la misma cultura ni las mismas costumbres que la gente de Juárez. Es todo un discurso de rechazo a la diversidad cultural”, dijo entonces Eduardo Barrera, doctor en comunicación y académico de las Universidades Autónoma de Ciudad Juárez y de Texas en el Paso.
Hay en México más de un millón de adultos mayores analfabetas
Foto de Archivo/Manuel CHávez
Ciudad de México, DF., (Agencia Reforma).- Tres de cada diez adultos mayores en el país no saben leer ni escribir, de acuerdo con el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Sin embargo, entre los grupos indígenas, la cifra sube a casi 7 de cada 10.
Actualmente hay en México un millón 779 mil adultos mayores analfabetas, la mitad de ellos hispanohablantes, la otra mitad indígenas.
Luz María Castro, directora académica del INEA, señaló que cada vez es más caro y lento erradicar el analfabetismo porque se concentra en zonas de difícil acceso y población más vulnerable.
La funcionaria explicó que la familia generalmente apoya al adulto mayor que quiere estudiar, pero son las mujeres quienes sufren de mayor presión para no hacerlo por parte de sus parejas.
“Sí hay adultos mayores interesados en aprender. Alguna vez se registró a un estudiante de 100 años.
Muchas veces lo hacen por sus hijos, por sus nietos y por cumplir metas antes de morir. La muerte siempre es una sombra, lo que te representa que están bien vivos, que tienen un gran amor a la vida, a permanecer en la vida”, apuntó en entrevista.
Según los registros del INEA, 19 adultos mayores de 95 años han sido alfabetizados por ese organismo o concluido estudios de primaria.
Los de mayor edad fueron Marlene Torija, de Oaxaca, y Manuel Hernández, de Nuevo León, ambos de 106 años.
Margarita Plazola, de 102 años, concluyó en Jalisco el segundo grado de primaria.
Convocan a Radios Comunitarias a iniciar reconocimiento legal
Oaxaca, Oax., (Ciudadanía Express).- Con el propósito de hacer efectivo el derecho constitucional de comunicación e información, organismo civiles lanzaron una convocatotia nacional a todas las radios comunitarias a gestionar su regularización legal ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Asunto: Carta Invitación a la gestión de permisos
RADIOS COMUNITARIAS DE MEXICO
P R E S E N T E
Los que suscribimos De Oaxaca: Radio Jen Poj (Tlahuitoltepec Mixe), Radio Nhandia (Mazatlán Villa de Flores), Radio Totopo (Juchitán), Radio Guluchi (Zanatepec), Radio Di’dxazaa (San Blas Atempa), Radio Calenda (San Antonino Castillo Velasco). De Chiapas: Radio Totik (Venustiano Carranza), Radio Tsumbal Xitalhá (Chilón), Radio Jlumaltic (Bachajón). Organizaciones: Consejo de Comunicación Intercultural de Puebla, Edna Robles de Enlace Comunicación y Capacitación (Chiapas), Red de Comunicadores Boca de Polen, Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN), Centro de Estudios Radiofónicos Multilingüe (Chalco), Centro Quintanarroense de Desarrollo, Espacio de Comunicación del Istmo (Oaxaca), Redes, AC, reunidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas los días 16 y 17 de enero del presente año, para analizar los mecanismos legales en la gestión de permisos de las radios comunitarias, consideramos que:
Es importante la suma de esfuerzos de las radios comunitarias para lograr el reconocimiento de nuestros derechos colectivos como pueblos y comunidades indígenas, pero que también implica asumir esfuerzos locales en nuestros espacios de trabajo para que juntos logremos hacer realidad del articulo 2 Apartado B, Fracción VI. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el derecho a la comunicación e información, por la vía de los hechos.
En este marco, acordamos hacer una invitación extensiva a aquellas radios comunitarias de pueblos, comunidades u organizaciones indígenas que estén con el interés y la posibilidad de regularizarse mediante la gestión de un permiso ante la SCT – COFETEL a:
1. Enviar una carta formal ante la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional de Comunicación Indígena.
2. Registro en una lista de las radios comunitarias que tengan el a bien de regularizarse.
3. Diseño de la personalidad jurídica mediante una figura asociativa que tenga el fin y objeto.
Para mayor información y envió de documentos:
Radio Comunitaria Mixe JEN POJ 107.9 FM. http://www.radiojenpoj.org/
jenpoj@radiojenpoj.org y jenkojk@yahoo.com.mx
(Braulio Vásquez)
Radio Nhandia
Melquíades Rosas Blanco Melquiades Rosas aziena@msn.com
Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional de Comunicación Indígena.
lallaba@yahoo.com.mx (Genaro Bautista)
REDES AC. redesac@yahoo.com.mx (Erick Huerta)
RESPETUOSAMENTE
Radios y medios indígenas y comunitarios participantes
Asunto: Carta Invitación a la gestión de permisos
RADIOS COMUNITARIAS DE MEXICO
P R E S E N T E
Los que suscribimos De Oaxaca: Radio Jen Poj (Tlahuitoltepec Mixe), Radio Nhandia (Mazatlán Villa de Flores), Radio Totopo (Juchitán), Radio Guluchi (Zanatepec), Radio Di’dxazaa (San Blas Atempa), Radio Calenda (San Antonino Castillo Velasco). De Chiapas: Radio Totik (Venustiano Carranza), Radio Tsumbal Xitalhá (Chilón), Radio Jlumaltic (Bachajón). Organizaciones: Consejo de Comunicación Intercultural de Puebla, Edna Robles de Enlace Comunicación y Capacitación (Chiapas), Red de Comunicadores Boca de Polen, Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN), Centro de Estudios Radiofónicos Multilingüe (Chalco), Centro Quintanarroense de Desarrollo, Espacio de Comunicación del Istmo (Oaxaca), Redes, AC, reunidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas los días 16 y 17 de enero del presente año, para analizar los mecanismos legales en la gestión de permisos de las radios comunitarias, consideramos que:
Es importante la suma de esfuerzos de las radios comunitarias para lograr el reconocimiento de nuestros derechos colectivos como pueblos y comunidades indígenas, pero que también implica asumir esfuerzos locales en nuestros espacios de trabajo para que juntos logremos hacer realidad del articulo 2 Apartado B, Fracción VI. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el derecho a la comunicación e información, por la vía de los hechos.
En este marco, acordamos hacer una invitación extensiva a aquellas radios comunitarias de pueblos, comunidades u organizaciones indígenas que estén con el interés y la posibilidad de regularizarse mediante la gestión de un permiso ante la SCT – COFETEL a:
1. Enviar una carta formal ante la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional de Comunicación Indígena.
2. Registro en una lista de las radios comunitarias que tengan el a bien de regularizarse.
3. Diseño de la personalidad jurídica mediante una figura asociativa que tenga el fin y objeto.
Para mayor información y envió de documentos:
Radio Comunitaria Mixe JEN POJ 107.9 FM. http://www.radiojenpoj.org/
jenpoj@radiojenpoj.org y jenkojk@yahoo.com.mx
(Braulio Vásquez)
Radio Nhandia
Melquíades Rosas Blanco Melquiades Rosas aziena@msn.com
Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional de Comunicación Indígena.
lallaba@yahoo.com.mx (Genaro Bautista)
REDES AC. redesac@yahoo.com.mx (Erick Huerta)
RESPETUOSAMENTE
Radios y medios indígenas y comunitarios participantes
Impulsan UAM y Errac acciones a favor del campesinado mexicano
Ciudad de México, DF., (Notimex).- La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la asociación civil Enlace Rural Regional (Errav) firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones conjuntas en el estudio de la producción y comercialización de productos herbolarios.
La formalización del acuerdo incluye realizar una evaluación y prospectiva del crédito y el ahorro en el semidesierto de Querétaro, así como un programa de desarrollo municipal indígena en la Mixteca Alta de Oaxaca.
En la reunión, celebrada en las instalaciones de la Rectoría General de la UAM, el rector general, José Lema Labadie, señaló con respecto al desarrollo de las poblaciones campesinas que es fundamental dar a cada espacio del país la posibilidad de encontrar los mejores caminos para su desenvolvimiento.
En un comunicado indicó que las soluciones para el campo que se han trabajado desde la época de la Revolución no han sido las mejores y han tenido efectos diversos, dependiendo de los sustratos indígenas de cada una de las poblaciones campesinas.
Si bien, aclaró, en algunos casos se han mantenido vigentes rasgos importantes como las lenguas indígenas, en otros han desaparecido, aunque no así las costumbres.
Definió que las bases estructurales del comportamiento y las formas de reproducción "nos indican que debemos ser cuidadosos en buscar soluciones y mejorar las condiciones del campesinado mexicano".
Confió en que el convenio permitirá no sólo impulsar el trabajo en el estudio, la producción y la comercialización de los productos herbolarios de estas zonas, sino encontrar otras perspectivas para mejorar las condiciones del campesinado, las cuales en algunos casos no han cambiado de manera significativa desde hace más de 100 años.
A su vez, Enrique Gómez Levy, director de Errac, dijo que el campo mexicano está polarizado en clases sociales, en las cuales la mayoría de los individuos vive luchando por el mínimo para sobrevivir y la minoría concentra el máximo de ventajas y privilegios.
Las diferencias rurales, subrayó, están determinadas por el desigual e injusto reparto de los recursos económicos, tanto en forma de inversiones técnicas como financieras.
Advirtió que los valores, instituciones y normas de las culturas campesinas e indígenas están en antítesis profunda con los elementos del pensamiento de las prácticas de las élites nacionales, lo que da por resultado tensiones y conflictos, discriminación y subordinación pasiva, en el interior de las comunidades y frente al Estado.
La formalización del acuerdo incluye realizar una evaluación y prospectiva del crédito y el ahorro en el semidesierto de Querétaro, así como un programa de desarrollo municipal indígena en la Mixteca Alta de Oaxaca.
En la reunión, celebrada en las instalaciones de la Rectoría General de la UAM, el rector general, José Lema Labadie, señaló con respecto al desarrollo de las poblaciones campesinas que es fundamental dar a cada espacio del país la posibilidad de encontrar los mejores caminos para su desenvolvimiento.
En un comunicado indicó que las soluciones para el campo que se han trabajado desde la época de la Revolución no han sido las mejores y han tenido efectos diversos, dependiendo de los sustratos indígenas de cada una de las poblaciones campesinas.
Si bien, aclaró, en algunos casos se han mantenido vigentes rasgos importantes como las lenguas indígenas, en otros han desaparecido, aunque no así las costumbres.
Definió que las bases estructurales del comportamiento y las formas de reproducción "nos indican que debemos ser cuidadosos en buscar soluciones y mejorar las condiciones del campesinado mexicano".
Confió en que el convenio permitirá no sólo impulsar el trabajo en el estudio, la producción y la comercialización de los productos herbolarios de estas zonas, sino encontrar otras perspectivas para mejorar las condiciones del campesinado, las cuales en algunos casos no han cambiado de manera significativa desde hace más de 100 años.
A su vez, Enrique Gómez Levy, director de Errac, dijo que el campo mexicano está polarizado en clases sociales, en las cuales la mayoría de los individuos vive luchando por el mínimo para sobrevivir y la minoría concentra el máximo de ventajas y privilegios.
Las diferencias rurales, subrayó, están determinadas por el desigual e injusto reparto de los recursos económicos, tanto en forma de inversiones técnicas como financieras.
Advirtió que los valores, instituciones y normas de las culturas campesinas e indígenas están en antítesis profunda con los elementos del pensamiento de las prácticas de las élites nacionales, lo que da por resultado tensiones y conflictos, discriminación y subordinación pasiva, en el interior de las comunidades y frente al Estado.
23 ene 2009
Intentan concientizarf a menores y jóvenes sobre riesgos del alcohol
Foto de Archivo/Teresa Murillo Merchant
Por Luvia Pérez Pérez, corresponsal
Copainalá, Chis.- Falta de atención de los padres y la influencia de los amigos facilitan que menores de edad y jóvenes comiencen a beber alcohol en exceso en la región de Mezcalapa, al norte del Estado de Chiapas, en el sureste de México.
Pascual Gutiérrez Del Porte, director de la Escuela Secundaria “Ángel Albino Corzo”, que se localiza en esta localidad, dijo que aunado a estos problemas se suma que las licorerías venden bebidas alcohólicas a menores de edad sin control y sin medir las consecuencias que pueden ocasionar a los infantes.
Aseguró que mediante pláticas que realizan los profesores a sus alumnos, intentan concientizarlos sobre los riesgos que representa beber en exceso.
“En el marco de la Semana Nacional contra las Adicciones, nosotros como maestros estamos al tanto de brindarles información necesaria para prevenir que caigan en las garras de los vicios. Definitivamente destruyen la personalidad de los niños, definitivamente les echa a perder la vida”, sentenció.
El maestro dijo que la mayoría de menores y adolescentes que se emborrachan lo hacen como una manera de escapar de sus problemas en casa y en la escuela, aunque otra parte lo hacen simplemente por imitación.
Por ello, es momento de que los padres de familia y las escuelas les proporcionen la información necesaria a sus hijos acerca del alcoholismo.
Siento que aquí influyen mucho las decisiones de la compañía (los amigos), los papas tienen que tener mucho cuidado en este tiempo, mucho cuidado de ver con quienes se juntan nuestros hijos y dedicarles más tiempo para ellos”.
Retienen a policías en pueblo de Morelos
Cuernavaca, Mor., (Reforma).- Dos policías estatales se encuentran retenidos en la comandancia de la comunidad de Ocotepec por violar los usos y costumbres.
El ayudante municipal del pueblo, Miguel Rosales Hernández, dijo que los agentes estatales José Antonio Rivera y Mauricio Basurto fueron detenidos cuando intentaban aprehender a un poblador que vendía aves exóticas.
"La cuestión de los policías es que invadieron la privacidad de los usos y costumbres; (al comerciante) le solicitaron el permiso debido y el señor que estaba vendiendo las aves se los mostró.
"La ronda (policía de la comunidad) los presentó, no estaban detenidos, ahorita por la situación de la gente que está enardecida se tuvo que meter dentro de los separos, es por su seguridad, para que no me los vayan a dañar", expresó Rosales Hernández.
En la explanada de la ayudantía municipal de Ocotepec se encuentran reunidas 300 personas divididas en dos grupos: los que piden la liberación de los agentes y los que exigen que permanezcan retenidos.
Los pobladores tocan constantemente las campanas de la iglesia de la comunidad para llamar a más gente.
Según los usos y costumbres de este pueblo, ninguna corporación policiaca oficial tiene acceso salvo si cuenta con un permiso de la autoridad local.
El ayudante municipal negó que haya autorizado la entrada a los agentes.
"Circula el rumor de que yo autoricé su entrada pero no, de ninguna manera. Así como hay policías buenos hay policías malos y han vivido los abusos mucha gente y por eso la gente no está de acuerdo con que entre la Policía en Ocotepec", expresó.
El lugar donde se encuentran retenidos los uniformados es custodiada por mandos de la Policía estatal que llegaron como apoyo; a unos 100 metros de la ayudantía ya se encuentran granaderos.
El ayudante municipal del pueblo, Miguel Rosales Hernández, dijo que los agentes estatales José Antonio Rivera y Mauricio Basurto fueron detenidos cuando intentaban aprehender a un poblador que vendía aves exóticas.
"La cuestión de los policías es que invadieron la privacidad de los usos y costumbres; (al comerciante) le solicitaron el permiso debido y el señor que estaba vendiendo las aves se los mostró.
"La ronda (policía de la comunidad) los presentó, no estaban detenidos, ahorita por la situación de la gente que está enardecida se tuvo que meter dentro de los separos, es por su seguridad, para que no me los vayan a dañar", expresó Rosales Hernández.
En la explanada de la ayudantía municipal de Ocotepec se encuentran reunidas 300 personas divididas en dos grupos: los que piden la liberación de los agentes y los que exigen que permanezcan retenidos.
Los pobladores tocan constantemente las campanas de la iglesia de la comunidad para llamar a más gente.
Según los usos y costumbres de este pueblo, ninguna corporación policiaca oficial tiene acceso salvo si cuenta con un permiso de la autoridad local.
El ayudante municipal negó que haya autorizado la entrada a los agentes.
"Circula el rumor de que yo autoricé su entrada pero no, de ninguna manera. Así como hay policías buenos hay policías malos y han vivido los abusos mucha gente y por eso la gente no está de acuerdo con que entre la Policía en Ocotepec", expresó.
El lugar donde se encuentran retenidos los uniformados es custodiada por mandos de la Policía estatal que llegaron como apoyo; a unos 100 metros de la ayudantía ya se encuentran granaderos.
EEUU comienza a distinguir entre hispanos e indios
Houston, Estados Unidos., (AP).- Catarina López es una guatemalteca que vivió en su país la mayor parte de sus 46 años. Cuando vino a Estados Unidos fue catalogada de hispana, y ella se resiste a aceptar esa clasificación.
López es maya.
Ella y cientos de miles de mexicanos y centroamericanos que se radicaron en este país no encajan dentro de los estereotipos que tienen los estadounidenses acerca de los inmigrantes que vienen del sur.
López es oriunda de un pequeño pueblo en las montañas del este de Guatemala. Ahora vive a metros de la frontera con Canadá, en un pueblito del estado de Washington, una región donde la inmigración de indígenas del sur de la frontera es un fenómeno bastante nuevo.
La cantidad de indígenas que están llegando a esta región, especialmente trabajadores del campo, llamó la atención del gobierno federal e hizo que la Subcomisión Nacional de Trabajadores Agrícolas haga cambios en sus categorías para tener una mejor idea del tamaño de la población indígena.
"Son indígenas, pero no son del mismo país", expresó Lourdes Villanueva, de la Redlands Christian Migrant Association, agrupación de la Florida que defiende los derechos de los inmigrantes. "Son todos distintos. Cada grupo viene de un sitio diferente".
La mayoría de los indígenas de la región vienen del sur de México y hay también numerosos guatemaltecos y de otros países. Algunos hablan poco español, o nada. Entre los grupos que emigraron al norte de Estados Unidos abundan los dialectos.
Entre el 10 y el 30% de los trabajadores agrícolas de California son indígenas, según un estudio realizado en el 2008 por el Departamento de Agricultura. En el estado de Washington, los indígenas se radicaron en zonas rurales de los condados de Skagit y Whatcom. El grueso de los indígenas de la Florida trabaja en el centro del estado, al sur de Tampa Bay.
Igual que el resto de los inmigrantes, los indígenas comenzaron a irse de sus países por falta de trabajo o para escaparle a la guerra en los últimos 20 años, señaló James Loucky, profesor de antropología de la Western Washington University.
Su llegada cambió la composición de varia comunidades, pero a la gente de la zona le cuesta entender ese cambio.
Los indígenas latinoamericanos que vienen a Estados Unidos tienden a ser considerados hispanos, pero tienen una historia y costumbres distintas a las de los hispanos.
Las pautas del Departamento de Trabajo y de la Oficina del Censo estipulan que los indígenas latinoamericanos deben ser agrupados con los nativos de Estados Unidos y Alaska, por lo que resulta más difícil conseguir información exclusiva de ellos.
"Los trabajadores indígenas tienen características únicas que hacen que resulte difícil atender sus necesidades. Los estudios que se hacen no cuentan a toda esa población", dice un documento del Departamento de Trabajo.
Al no tenerse una idea cabal de la cantidad de indígenas latinoamericanos, ese sector no recibe el porcentaje que le corresponda de los 1.000 millones de dólares que el gobierno asigna a la salud, la educación y otros servicios para los trabajadores agrícolas.
En el 2005 se hizo un primer ajuste y en los estudios de la población comenzó a incluirse el idioma que hablan los indígenas.
Y ahora se está averiguando también el sitio de nacimiento de sus padres, que ayuda a determinar el origen. Dado que la mayoría de los indígenas provienen de sectores específicos de México, los resultados pueden ser cotejados con los de estudios similares hechos en México.
Una de las razones por las que se incluyó esa pregunta es que con frecuencia los indígenas no se identifican como tales por razones históricas y culturales.
Los indígenas se sienten discriminados en sus propios países en Latinoamérica. Generalmente están al fondo de la estructura social. Y en la década de 1980, entre 200.000 y 250.000 indios fueron asesinados en la guerra civil de Guatamala, según Loucky.
"Tratan de proteger su autoestima, de evitar que sus hijos sean denigrados", dijo Loucky.
La llegada de los indígenas obligó al resto de los trabajadores del campo y a los patrones a adaptarse a nuevas circunstancias. Los patrones tienen que negociar la cabeza de una familia o de una comunidad, en tanto que los indios deben aprender español para poder comunicarse con los capataces, indicó Bryan Little, director de asuntos laborales de la Oficina de Agricultura de California.
"Debido a sus raíces tribales, son muy apegados a la familia y los hacendados terminan contratando unidades familiares enteras", afirmó Little. "Lo positivo de esto es que uno trabaja siempre con la misma gente siempre".
En Sumas, López recibió a la AP sentada en la sala de estar de su casa y su esposo, Isabel Mendoza, hizo de intérprete. Ese día uno de sus hijos cumplía años y ella lucía un colorido vestido tradicional. Había cocinado tamales.
"No se siente intimidada", aseguró Mendoza. "Ella entiende lo que sucede".
Esta familia habla aguacateco, un idioma usado por apenas 18.000 personas en Guatemala.
Como tantos otros indígenas, la familia emigró en busca de trabajo. En 1986 Mendoza se benefició de una amnistía y pudo traer a sus hijos, sus hijas y su esposa. Hoy son propietarios de su casa y trabajan en granjas lecheras.
No fue fácil, porque la gente en Estados Unidos sabe muy poco de los indígenas.
"Nos dicen que somos mexicanos", expresó Mendoza.
López es maya.
Ella y cientos de miles de mexicanos y centroamericanos que se radicaron en este país no encajan dentro de los estereotipos que tienen los estadounidenses acerca de los inmigrantes que vienen del sur.
López es oriunda de un pequeño pueblo en las montañas del este de Guatemala. Ahora vive a metros de la frontera con Canadá, en un pueblito del estado de Washington, una región donde la inmigración de indígenas del sur de la frontera es un fenómeno bastante nuevo.
La cantidad de indígenas que están llegando a esta región, especialmente trabajadores del campo, llamó la atención del gobierno federal e hizo que la Subcomisión Nacional de Trabajadores Agrícolas haga cambios en sus categorías para tener una mejor idea del tamaño de la población indígena.
"Son indígenas, pero no son del mismo país", expresó Lourdes Villanueva, de la Redlands Christian Migrant Association, agrupación de la Florida que defiende los derechos de los inmigrantes. "Son todos distintos. Cada grupo viene de un sitio diferente".
La mayoría de los indígenas de la región vienen del sur de México y hay también numerosos guatemaltecos y de otros países. Algunos hablan poco español, o nada. Entre los grupos que emigraron al norte de Estados Unidos abundan los dialectos.
Entre el 10 y el 30% de los trabajadores agrícolas de California son indígenas, según un estudio realizado en el 2008 por el Departamento de Agricultura. En el estado de Washington, los indígenas se radicaron en zonas rurales de los condados de Skagit y Whatcom. El grueso de los indígenas de la Florida trabaja en el centro del estado, al sur de Tampa Bay.
Igual que el resto de los inmigrantes, los indígenas comenzaron a irse de sus países por falta de trabajo o para escaparle a la guerra en los últimos 20 años, señaló James Loucky, profesor de antropología de la Western Washington University.
Su llegada cambió la composición de varia comunidades, pero a la gente de la zona le cuesta entender ese cambio.
Los indígenas latinoamericanos que vienen a Estados Unidos tienden a ser considerados hispanos, pero tienen una historia y costumbres distintas a las de los hispanos.
Las pautas del Departamento de Trabajo y de la Oficina del Censo estipulan que los indígenas latinoamericanos deben ser agrupados con los nativos de Estados Unidos y Alaska, por lo que resulta más difícil conseguir información exclusiva de ellos.
"Los trabajadores indígenas tienen características únicas que hacen que resulte difícil atender sus necesidades. Los estudios que se hacen no cuentan a toda esa población", dice un documento del Departamento de Trabajo.
Al no tenerse una idea cabal de la cantidad de indígenas latinoamericanos, ese sector no recibe el porcentaje que le corresponda de los 1.000 millones de dólares que el gobierno asigna a la salud, la educación y otros servicios para los trabajadores agrícolas.
En el 2005 se hizo un primer ajuste y en los estudios de la población comenzó a incluirse el idioma que hablan los indígenas.
Y ahora se está averiguando también el sitio de nacimiento de sus padres, que ayuda a determinar el origen. Dado que la mayoría de los indígenas provienen de sectores específicos de México, los resultados pueden ser cotejados con los de estudios similares hechos en México.
Una de las razones por las que se incluyó esa pregunta es que con frecuencia los indígenas no se identifican como tales por razones históricas y culturales.
Los indígenas se sienten discriminados en sus propios países en Latinoamérica. Generalmente están al fondo de la estructura social. Y en la década de 1980, entre 200.000 y 250.000 indios fueron asesinados en la guerra civil de Guatamala, según Loucky.
"Tratan de proteger su autoestima, de evitar que sus hijos sean denigrados", dijo Loucky.
La llegada de los indígenas obligó al resto de los trabajadores del campo y a los patrones a adaptarse a nuevas circunstancias. Los patrones tienen que negociar la cabeza de una familia o de una comunidad, en tanto que los indios deben aprender español para poder comunicarse con los capataces, indicó Bryan Little, director de asuntos laborales de la Oficina de Agricultura de California.
"Debido a sus raíces tribales, son muy apegados a la familia y los hacendados terminan contratando unidades familiares enteras", afirmó Little. "Lo positivo de esto es que uno trabaja siempre con la misma gente siempre".
En Sumas, López recibió a la AP sentada en la sala de estar de su casa y su esposo, Isabel Mendoza, hizo de intérprete. Ese día uno de sus hijos cumplía años y ella lucía un colorido vestido tradicional. Había cocinado tamales.
"No se siente intimidada", aseguró Mendoza. "Ella entiende lo que sucede".
Esta familia habla aguacateco, un idioma usado por apenas 18.000 personas en Guatemala.
Como tantos otros indígenas, la familia emigró en busca de trabajo. En 1986 Mendoza se benefició de una amnistía y pudo traer a sus hijos, sus hijas y su esposa. Hoy son propietarios de su casa y trabajan en granjas lecheras.
No fue fácil, porque la gente en Estados Unidos sabe muy poco de los indígenas.
"Nos dicen que somos mexicanos", expresó Mendoza.
México: Discriminan en hospitales a parteras indígenas y a sus pacientes
Ciudad de México, DF., (CIMAC).- Son parteras sin título, pero con oficio y la credibilidad del pueblo. Ellas se quejan de que en el hospital de Bochil, el personal médico no respeta su trabajo, no hay traductores y las mujeres indígenas son las últimas en ser atendidas aunque sean las primeras en llegar.
Martha y Antonia vienen de una dinastía de parteras y son indígenas tzotziles del municipio de Jitotol, integrantes de la agrupación civil Kinal Anzetik. En el caso de Antonia, hasta su padre se dedicaba al oficio, algo poco común porque el oficio parece exclusivo del sexo femenino.
Ambas están muy concientes de la importancia de su trabajo. Dicen que, sin su ayuda, las embarazadas darían a luz solas, porque en el lugar no hay médico. Ellas no sólo apoyan a las mujeres en el momento del parto, sino durante el embarazo y puerperio.
Hasta ahora, dicen orgullosas, ninguna madre ni menor de edad ha muerto en sus manos, todos han salido con bien, pero cuando ven una urgencia obstétrica que no resolverán por falta de equipo médico u otra razón, ellas mismas las llevan al hospital de Bochil.
“Uno tiene que salir a media noche a buscar carro para llevarla al hospital, el médico nunca quiere que entremos a ver a nuestra paciente, nos dice: hasta aquí quedas y ya no nos deja entrar aunque la mujer no hable español”, cuenta Martha, mientras Antonia dice “nuestro trabajo vale y mucho porque allá no hay médico, no hay quien mire a las embarazadas, sólo nosotras, nadie más”.
El oficio no sólo les viene de la herencia familiar sino por vocación, la propia vida les dijo que su única tarea posible era atender a parturientas.
“Cuando era niña soñaba que levantaba niños, chiquita me veía ayudando a las embarazadas, una vez se lo conté a mi mamá y ella me dijo que soñaba eso porque tal vez me iba a quedar en su lugar cuando se muriera”, cuenta Martha Elena Pérez López, de la comunidad del Zacatal, municipio de Jitotol en Chiapas.
“Así es, uno lo sueña, si no lo sueña aunque en toda tu familia haya parteras, uno no lo será, porque no sirve para eso, uno cree a veces que no va a poder porque a veces te avisan muy chica, pero después todo es fácil”, dice Antonia Pérez Pérez, de Francisco I. Madero, municipio de Jitotol.
Martha tiene 28 años, cinco de ellos dedicados a la partería, es madre de cuatro hijos, el primero lo tuvo a los 14 años; Antonia tiene 42 años y desde los 20 asiste a las mujeres, ella tiene ocho hijos.
Martha es la imagen contraria al estereotipo de la mujer indígena sumisa, tal vez por su edad o porque ha tenido que aprender a esquivar los golpes de la vida. Ella habla fuerte, no se deja, se hace escuchar. “Y non me muevo del hospital hasta que veo a mí paciente”. Y uno le cree porque la perseverancia se le nota a leguas.
En cambio Antonia es más tranquila, callada, pero cuando dice algo lo señala con tal certeza que es difícil contradecirla, saca la casta cuando tiene que defender a sus pacientes, cuando defiende lo justo.
Ambas son en sus comunidades las promotoras de la salud materno-infantil. Decidieron entrarle por vocación, porque nacieron para esto, porque no se ven en la vida haciendo otra cosa, por sus habilidades, porque fueron elegidas para ser parteras.
Martha y Antonia vienen de una dinastía de parteras y son indígenas tzotziles del municipio de Jitotol, integrantes de la agrupación civil Kinal Anzetik. En el caso de Antonia, hasta su padre se dedicaba al oficio, algo poco común porque el oficio parece exclusivo del sexo femenino.
Ambas están muy concientes de la importancia de su trabajo. Dicen que, sin su ayuda, las embarazadas darían a luz solas, porque en el lugar no hay médico. Ellas no sólo apoyan a las mujeres en el momento del parto, sino durante el embarazo y puerperio.
Hasta ahora, dicen orgullosas, ninguna madre ni menor de edad ha muerto en sus manos, todos han salido con bien, pero cuando ven una urgencia obstétrica que no resolverán por falta de equipo médico u otra razón, ellas mismas las llevan al hospital de Bochil.
“Uno tiene que salir a media noche a buscar carro para llevarla al hospital, el médico nunca quiere que entremos a ver a nuestra paciente, nos dice: hasta aquí quedas y ya no nos deja entrar aunque la mujer no hable español”, cuenta Martha, mientras Antonia dice “nuestro trabajo vale y mucho porque allá no hay médico, no hay quien mire a las embarazadas, sólo nosotras, nadie más”.
El oficio no sólo les viene de la herencia familiar sino por vocación, la propia vida les dijo que su única tarea posible era atender a parturientas.
“Cuando era niña soñaba que levantaba niños, chiquita me veía ayudando a las embarazadas, una vez se lo conté a mi mamá y ella me dijo que soñaba eso porque tal vez me iba a quedar en su lugar cuando se muriera”, cuenta Martha Elena Pérez López, de la comunidad del Zacatal, municipio de Jitotol en Chiapas.
“Así es, uno lo sueña, si no lo sueña aunque en toda tu familia haya parteras, uno no lo será, porque no sirve para eso, uno cree a veces que no va a poder porque a veces te avisan muy chica, pero después todo es fácil”, dice Antonia Pérez Pérez, de Francisco I. Madero, municipio de Jitotol.
Martha tiene 28 años, cinco de ellos dedicados a la partería, es madre de cuatro hijos, el primero lo tuvo a los 14 años; Antonia tiene 42 años y desde los 20 asiste a las mujeres, ella tiene ocho hijos.
Martha es la imagen contraria al estereotipo de la mujer indígena sumisa, tal vez por su edad o porque ha tenido que aprender a esquivar los golpes de la vida. Ella habla fuerte, no se deja, se hace escuchar. “Y non me muevo del hospital hasta que veo a mí paciente”. Y uno le cree porque la perseverancia se le nota a leguas.
En cambio Antonia es más tranquila, callada, pero cuando dice algo lo señala con tal certeza que es difícil contradecirla, saca la casta cuando tiene que defender a sus pacientes, cuando defiende lo justo.
Ambas son en sus comunidades las promotoras de la salud materno-infantil. Decidieron entrarle por vocación, porque nacieron para esto, porque no se ven en la vida haciendo otra cosa, por sus habilidades, porque fueron elegidas para ser parteras.
22 ene 2009
Resuelven litigio agrario tras 30 años
San Cristóbal de las Casas, Chis., (Reforma).- Luego de más de 30 años de conflicto agrario, los habitantes del ejido Tila, del Municipio del mismo nombre, en el norte del Estado, resultaron beneficiados por una resolución del Tribunal Agrario que les otorga certeza jurídica sobre 130 hectáreas.
El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" informó que, como resultado de las acciones en defensa de la tierra que ha llevado a cabo el pueblo Ch'ol del ejido Tila, en diciembre pasado éste obtuvo una resolución judicial definitiva que le reconoce la plena propiedad de su territorio.
La resolución tuvo lugar después de un proceso judicial interpuesto contra el Ayuntamiento, el Congreso estatal y el Gobierno del Estado, que tardó en resolverse más de 30 años, precisó.
Las autoridades ejidales, añadió el Centro, rendirán un informe sobre el tema.
"(Este caso) evidencia las prácticas ilegales del Gobierno estatal, que intentó despojar al ejido de 130 hectáreas, al pretender simular la existencia de un fondo legal, con el fin de privatizar tierras ejidales por parte del Ayuntamiento de Tila, para beneficiar a caciques locales e intereses ajenos al beneficio común del pueblo Ch'ol de Tila", expuso en un comunicado de prensa.
El Centro celebró las acciones de defensa de la tierra del pueblo Ch'ol de Tila, ya que después de más de tres décadas obtuvieron por fin una resolución judicial definitiva que les reconoce la plena propiedad de su territorio.
"Si bien esto significa un avance en el reconocimiento de sus derechos, como ellos manifiestan, tampoco es de considerar que la lucha por la defensa de su territorio ha terminado, ya que aún falta que las autoridades responsables den cumplimiento a dicha resolución".
El organismo no gubernamental evidenció asimismo la actitud negligente del Poder Judicial de la Federación para resolver la demanda de amparo interpuesta por los ejidatarios ch'oles, ya que tardó más de 30 años en resolver el juicio.
"Dilación que deriva en un trato discriminatorio hacia los pueblos indígenas", advirtió.
El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" informó que, como resultado de las acciones en defensa de la tierra que ha llevado a cabo el pueblo Ch'ol del ejido Tila, en diciembre pasado éste obtuvo una resolución judicial definitiva que le reconoce la plena propiedad de su territorio.
La resolución tuvo lugar después de un proceso judicial interpuesto contra el Ayuntamiento, el Congreso estatal y el Gobierno del Estado, que tardó en resolverse más de 30 años, precisó.
Las autoridades ejidales, añadió el Centro, rendirán un informe sobre el tema.
"(Este caso) evidencia las prácticas ilegales del Gobierno estatal, que intentó despojar al ejido de 130 hectáreas, al pretender simular la existencia de un fondo legal, con el fin de privatizar tierras ejidales por parte del Ayuntamiento de Tila, para beneficiar a caciques locales e intereses ajenos al beneficio común del pueblo Ch'ol de Tila", expuso en un comunicado de prensa.
El Centro celebró las acciones de defensa de la tierra del pueblo Ch'ol de Tila, ya que después de más de tres décadas obtuvieron por fin una resolución judicial definitiva que les reconoce la plena propiedad de su territorio.
"Si bien esto significa un avance en el reconocimiento de sus derechos, como ellos manifiestan, tampoco es de considerar que la lucha por la defensa de su territorio ha terminado, ya que aún falta que las autoridades responsables den cumplimiento a dicha resolución".
El organismo no gubernamental evidenció asimismo la actitud negligente del Poder Judicial de la Federación para resolver la demanda de amparo interpuesta por los ejidatarios ch'oles, ya que tardó más de 30 años en resolver el juicio.
"Dilación que deriva en un trato discriminatorio hacia los pueblos indígenas", advirtió.
Acusa EPR falta de voluntad de titular de Segob
Foto de Archivo
Ciudad de México, DF., (El Universal).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) califica al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y al subsecretario de Seguridad Pública federal, Javier del Real, como “representantes de los grupos de poder político más corruptos del sistema que pugnan por un mayor desangramiento del país con sus medidas policíaco-militares”.
Aun así, no anuncia ataques e insiste en exigir que se reconozca el papel de la Comisión de Mediación de intelectuales que coadyuvan a buscar a sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
“(…) del gobierno no ha existido ni la voluntad ni la disposición política para resolver estos crímenes de lesa humanidad, a la Comisión de Mediación no se le ha dado el lugar y el trato que le corresponde como tal al estar tratando un asunto de suma importancia y salud política para el país, de ahí la importancia del reconocimiento oficial sin regateos de la Comisión de Mediación y la respuesta oficial sobre la detención-desaparición de nuestros compañeros”.
En un comunicado difundido esta tarde, el grupo armado califica al gobierno federal como esquizofrénico al negar la realidad económica de una gran crisis y al negar que haya violaciones cotidianas a los derechos humanos y torturas en el país.
Asegura que el hilo de la estabilidad social es cada vez más delgado por la que llama “afición” de este gobierno por la represión y las medidas fascistas “que criminalizan la pobreza, la protesta social, el descontento popular y la organización fuera de las estructuras corporatizantes”.
Culmina su texto sosteniendo que “las acciones de autodefensa popular son legítimas ante el terrorismo de Estado”.
Migrantes mexicanos solicitan a Presidente de Estados Unidos reforma migratoria
Oaxaca, Oax., (Olor a mi tierra).- Integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) solicitaron al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama la legalización justa e integral para todos los integrantes.
Esto lo solicita el FIOB, a través de una carta que han hecho llegar a la Casa Blanca y mencionan que es necesaria una reforma migratoria integral, justa y humana, así como invalidar la decisión de la administración pasada con respecto a la eliminación del proceso de legalización de los migrantes.
El FIOB es un organismo fundado por oaxaqueños, que tiene sus bases en las comunidades indígenas a nivel binacional (México-Estados Unidos), para contribuir al desarrollo y la autodeterminación de los pueblos indígenas migrantes y no migrantes, así como luchar por la defensa de los derechos humanos con justicia y equidad de género a nivel binacional.
La carta firmada por el Coordinador General del FIOB, Gaspar Rivera Salgado; la Coordinadora de la Mujer, Odilia Romero Hernández; el Coordinador Estatal en California José gonzález y la Coordinadora de la Mujer en California Nayamín Martínez Cossio.
En el documento los dirigentes del FIOB exigen el respeto hacia los migrantes con una solución pronta y legal, además de darles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida a nivel personal y profesional.
Exigen detener la construcción del muro en la frontera de México y Estados Unidos, no permitir el ingreso a Estados Unidos a los representantes de los gobiernos locales, estatales y a nivel federal de México, quienes son señalados por las graves violaciones de los derechos humanos como el caso Oaxaca en el 2006.
Los coordinadores del FIOB abogan también por el cumplimiento a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México.
Las peticiones de este organismo tienen el objetivo de proteger a todos los migrantes indígenas de cualquier violación a sus derechos, considerando la oportunidad que existe con el cambio político que ahora vive Estados Unidos, con su nuevo gobernante.
Esto lo solicita el FIOB, a través de una carta que han hecho llegar a la Casa Blanca y mencionan que es necesaria una reforma migratoria integral, justa y humana, así como invalidar la decisión de la administración pasada con respecto a la eliminación del proceso de legalización de los migrantes.
El FIOB es un organismo fundado por oaxaqueños, que tiene sus bases en las comunidades indígenas a nivel binacional (México-Estados Unidos), para contribuir al desarrollo y la autodeterminación de los pueblos indígenas migrantes y no migrantes, así como luchar por la defensa de los derechos humanos con justicia y equidad de género a nivel binacional.
La carta firmada por el Coordinador General del FIOB, Gaspar Rivera Salgado; la Coordinadora de la Mujer, Odilia Romero Hernández; el Coordinador Estatal en California José gonzález y la Coordinadora de la Mujer en California Nayamín Martínez Cossio.
En el documento los dirigentes del FIOB exigen el respeto hacia los migrantes con una solución pronta y legal, además de darles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida a nivel personal y profesional.
Exigen detener la construcción del muro en la frontera de México y Estados Unidos, no permitir el ingreso a Estados Unidos a los representantes de los gobiernos locales, estatales y a nivel federal de México, quienes son señalados por las graves violaciones de los derechos humanos como el caso Oaxaca en el 2006.
Los coordinadores del FIOB abogan también por el cumplimiento a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México.
Las peticiones de este organismo tienen el objetivo de proteger a todos los migrantes indígenas de cualquier violación a sus derechos, considerando la oportunidad que existe con el cambio político que ahora vive Estados Unidos, con su nuevo gobernante.
Protestan maestros y organizaciones en el Istmo por parque eólico
Oaxaca, Oax., (Notimex).- Profesores de la Sección 22 del SNTE y organizaciones sociales mantienen una protesta en inmediaciones de La Ventosa, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, región del Istmo, en desacuerdo con el funcionamiento del parque eólico en la zona.
La protesta inició cerca de las 8:30 horas de este jueves con el bloqueo a la carreteras federales 185 y 190, en inmediaciones de la localidad denominada La Ventosa, donde se ubican los parques eólicos.
En la zona, el presidente Felipe Calderón pondrá hoy en marcha un proyecto de generación de energía a base de la fuerza del viento con la presencia de autoridades municipales y estatales.
De igual forma, profesores y organizaciones como el de Derechos Humanos Tepeyac, el Colectivo en Defensa de la Tierra y el Territorio, y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), entre otros grupos sociales, protagonizaron una marcha que arribó al punto del bloqueo poco antes del mediodía.
A través de pancartas y un altavoz, los manifestantes protestan en contra de la Ley del ISSSTE, la Alianza por la Calidad en la Educación (ACE) y la empresa española que tiene a su cargo el funcionamiento del parque eólico, porque, aseguran, no ha traído ninguna ventaja a la región del Istmo.
La zona del evento se mantiene custodiada fuertemente por elementos del Ejército y el Estado Mayor Presidencial, por lo que las manifestaciones fueron contenidas a varios kilómetros del lugar donde tendría efecto el evento.
La protesta inició cerca de las 8:30 horas de este jueves con el bloqueo a la carreteras federales 185 y 190, en inmediaciones de la localidad denominada La Ventosa, donde se ubican los parques eólicos.
En la zona, el presidente Felipe Calderón pondrá hoy en marcha un proyecto de generación de energía a base de la fuerza del viento con la presencia de autoridades municipales y estatales.
De igual forma, profesores y organizaciones como el de Derechos Humanos Tepeyac, el Colectivo en Defensa de la Tierra y el Territorio, y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), entre otros grupos sociales, protagonizaron una marcha que arribó al punto del bloqueo poco antes del mediodía.
A través de pancartas y un altavoz, los manifestantes protestan en contra de la Ley del ISSSTE, la Alianza por la Calidad en la Educación (ACE) y la empresa española que tiene a su cargo el funcionamiento del parque eólico, porque, aseguran, no ha traído ninguna ventaja a la región del Istmo.
La zona del evento se mantiene custodiada fuertemente por elementos del Ejército y el Estado Mayor Presidencial, por lo que las manifestaciones fueron contenidas a varios kilómetros del lugar donde tendría efecto el evento.
21 ene 2009
IFE pide conocer zonas calientes
Zonas indígenas, consideradas de alto riesgo
Ciudad de México, DF., (Excélsior). El Instituto Federal Electoral (IFE) ya trabaja en convenios con autoridades federales para conocer las zonas más peligrosas y con presencia del narco.
Así lo comentó el consejero presidente, Leonardo Valdés, al añadir que este trabajo se realiza dentro de las actividades derivadas del acuerdo del pasado 14 de enero en el que se tomaron medidas para evitar la infiltración de dinero ilícito en las campañas.
“Nosotros pensamos, y tengo la convicción, de que esa información obra en diversas oficinas y dependencias del gobierno federal, y estamos trabajando justamente para convenir con el gobierno federal los procesos que nos permitan tener acceso a esa información y en consecuencia tomar decisiones. Pero esa es una información que no obra en poder del Instituto Federal y estamos trabajando en los términos de la resolución que por unanimidad adoptamos el 14 de enero para que, en el uso de sus facultades, las organizaciones del gobierno federal nos apoyen en tener estos datos y en consecuencia tomar las previsiones que corresponden”, dijo Valdés Zurita.
Hay que recordar que, como lo informó Excélsior en diciembre pasado, en 2006 existieron mil 845 secciones en zonas de alta inseguridad, 562 con problemas de narcomenudeo y niños de la calle, así como 210 clasificadas con grupos armados, según la lista de secciones de “atención especial” elaboradas por las juntas distritales del IFE.
Valdés Zurita agregó que “está claro que hay municipios delicados en ciertos estados de la República en donde prevalece esa problemática: la presencia del crimen organizado y de actividades ilícitas que, yo espero, con el apoyo del gobierno federal, la Sedena y otras dependencias, que no sean obstáculo para que podamos organizar el proceso electoral, porque la prioridad es que los ciudadanos tengan confianza en que pueden participar en el proceso electoral con libertad y que su participación se dará en un marco de paz y respeto a sus derechos”.
En 2006 el IFE clasificó como “secciones de atención especial” a 10.85% del total nacional de 64 mil 609 secciones. Actualmente está en el proceso de clasificación de este tipo de áreas, pero se advierte que por el incremento en la violencia seguramente la cantidad de “atención especial” por inseguridad se aumentará.
La información de las áreas de alta peligrosidad y presencia del narco la tiene el gobierno, afirma Valdés
El Instituto Federal Electoral (IFE) ya trabaja en convenios con autoridades federales para conocer las zonas más peligrosas y con presencia del narco.
Así lo comentó el consejero presidente, Leonardo Valdés, al añadir que este trabajo se realiza dentro de las actividades derivadas del acuerdo del pasado 14 de enero en el que se tomaron medidas para evitar la infiltración de dinero ilícito en las campañas.
“Nosotros pensamos, y tengo la convicción, de que esa información obra en diversas oficinas y dependencias del gobierno federal, y estamos trabajando justamente para convenir con el gobierno federal los procesos que nos permitan tener acceso a esa información y en consecuencia tomar decisiones. Pero esa es una información que no obra en poder del Instituto Federal y estamos trabajando en los términos de la resolución que por unanimidad adoptamos el 14 de enero para que, en el uso de sus facultades, las organizaciones del gobierno federal nos apoyen en tener estos datos y en consecuencia tomar las previsiones que corresponden”, dijo Valdés Zurita.
Hay que recordar que, como lo informó Excélsior en diciembre pasado, en 2006 existieron mil 845 secciones en zonas de alta inseguridad, 562 con problemas de narcomenudeo y niños de la calle, así como 210 clasificadas con grupos armados, según la lista de secciones de “atención especial” elaboradas por las juntas distritales del IFE.
Valdés Zurita agregó que “está claro que hay municipios delicados en ciertos estados de la República en donde prevalece esa problemática: la presencia del crimen organizado y de actividades ilícitas que, yo espero, con el apoyo del gobierno federal, la Sedena y otras dependencias, que no sean obstáculo para que podamos organizar el proceso electoral, porque la prioridad es que los ciudadanos tengan confianza en que pueden participar en el proceso electoral con libertad y que su participación se dará en un marco de paz y respeto a sus derechos”.
En 2006 el IFE clasificó como “secciones de atención especial” a 10.85% del total nacional de 64 mil 609 secciones. Actualmente está en el proceso de clasificación de este tipo de áreas, pero se advierte que por el incremento en la violencia seguramente la cantidad de “atención especial” por inseguridad se aumentará.
Dentro de esta denominación se encuentran secciones con alto nivel de analfabetismo, zonas militares o navales, áreas con comunidades indígenas, lugares con inequidad de género, alta migración, dispersión poblacional. También zonas turísticas o residenciales, así como áreas con problemas de salud pública y grupos armados, entre otras.
Ciudad de México, DF., (Excélsior). El Instituto Federal Electoral (IFE) ya trabaja en convenios con autoridades federales para conocer las zonas más peligrosas y con presencia del narco.
Así lo comentó el consejero presidente, Leonardo Valdés, al añadir que este trabajo se realiza dentro de las actividades derivadas del acuerdo del pasado 14 de enero en el que se tomaron medidas para evitar la infiltración de dinero ilícito en las campañas.
“Nosotros pensamos, y tengo la convicción, de que esa información obra en diversas oficinas y dependencias del gobierno federal, y estamos trabajando justamente para convenir con el gobierno federal los procesos que nos permitan tener acceso a esa información y en consecuencia tomar decisiones. Pero esa es una información que no obra en poder del Instituto Federal y estamos trabajando en los términos de la resolución que por unanimidad adoptamos el 14 de enero para que, en el uso de sus facultades, las organizaciones del gobierno federal nos apoyen en tener estos datos y en consecuencia tomar las previsiones que corresponden”, dijo Valdés Zurita.
Hay que recordar que, como lo informó Excélsior en diciembre pasado, en 2006 existieron mil 845 secciones en zonas de alta inseguridad, 562 con problemas de narcomenudeo y niños de la calle, así como 210 clasificadas con grupos armados, según la lista de secciones de “atención especial” elaboradas por las juntas distritales del IFE.
Valdés Zurita agregó que “está claro que hay municipios delicados en ciertos estados de la República en donde prevalece esa problemática: la presencia del crimen organizado y de actividades ilícitas que, yo espero, con el apoyo del gobierno federal, la Sedena y otras dependencias, que no sean obstáculo para que podamos organizar el proceso electoral, porque la prioridad es que los ciudadanos tengan confianza en que pueden participar en el proceso electoral con libertad y que su participación se dará en un marco de paz y respeto a sus derechos”.
En 2006 el IFE clasificó como “secciones de atención especial” a 10.85% del total nacional de 64 mil 609 secciones. Actualmente está en el proceso de clasificación de este tipo de áreas, pero se advierte que por el incremento en la violencia seguramente la cantidad de “atención especial” por inseguridad se aumentará.
La información de las áreas de alta peligrosidad y presencia del narco la tiene el gobierno, afirma Valdés
El Instituto Federal Electoral (IFE) ya trabaja en convenios con autoridades federales para conocer las zonas más peligrosas y con presencia del narco.
Así lo comentó el consejero presidente, Leonardo Valdés, al añadir que este trabajo se realiza dentro de las actividades derivadas del acuerdo del pasado 14 de enero en el que se tomaron medidas para evitar la infiltración de dinero ilícito en las campañas.
“Nosotros pensamos, y tengo la convicción, de que esa información obra en diversas oficinas y dependencias del gobierno federal, y estamos trabajando justamente para convenir con el gobierno federal los procesos que nos permitan tener acceso a esa información y en consecuencia tomar decisiones. Pero esa es una información que no obra en poder del Instituto Federal y estamos trabajando en los términos de la resolución que por unanimidad adoptamos el 14 de enero para que, en el uso de sus facultades, las organizaciones del gobierno federal nos apoyen en tener estos datos y en consecuencia tomar las previsiones que corresponden”, dijo Valdés Zurita.
Hay que recordar que, como lo informó Excélsior en diciembre pasado, en 2006 existieron mil 845 secciones en zonas de alta inseguridad, 562 con problemas de narcomenudeo y niños de la calle, así como 210 clasificadas con grupos armados, según la lista de secciones de “atención especial” elaboradas por las juntas distritales del IFE.
Valdés Zurita agregó que “está claro que hay municipios delicados en ciertos estados de la República en donde prevalece esa problemática: la presencia del crimen organizado y de actividades ilícitas que, yo espero, con el apoyo del gobierno federal, la Sedena y otras dependencias, que no sean obstáculo para que podamos organizar el proceso electoral, porque la prioridad es que los ciudadanos tengan confianza en que pueden participar en el proceso electoral con libertad y que su participación se dará en un marco de paz y respeto a sus derechos”.
En 2006 el IFE clasificó como “secciones de atención especial” a 10.85% del total nacional de 64 mil 609 secciones. Actualmente está en el proceso de clasificación de este tipo de áreas, pero se advierte que por el incremento en la violencia seguramente la cantidad de “atención especial” por inseguridad se aumentará.
Dentro de esta denominación se encuentran secciones con alto nivel de analfabetismo, zonas militares o navales, áreas con comunidades indígenas, lugares con inequidad de género, alta migración, dispersión poblacional. También zonas turísticas o residenciales, así como áreas con problemas de salud pública y grupos armados, entre otras.
Invierte Oaxaca 702 mdp en el sector minero de comunidades indígenas
Oaxaca, Oax., (Ciudadanía Express). La inversión estatal y privada en el sector minero alcanzó los 702 millones de pesos a través de la concesión de 600 mil hectáreas para la explotación de minerales como el oro, plata y zinc en comunidades indígenas de la entidad.
Actualmente se tienen más de un millón 600 mil hectáreas concesionadas, así como un sustancial aumento en la exploración con la presencia de diez importantes empresas de talla internacional originarias de Canadá y los Estados Unidos.
Dichas empresas exploran minerales de oro, plata y zinc, principalmente en Santiago Lachiguiri, en el Istmo; Talea de Castro, en la Sierra Norte; Santa María Ecatepec en la Sierra Sur y San Vicente Arroyo Jabalí en la Cuenca del Papaloapan.
También en San José del Progreso, San José de Gracia, San Baltazar Guelavila, San Jerónimo Taviche, San Pedro Quiatoni y San Sebastián Río Dulce, en los Valles Centrales.
Se ratificaron además tres convenios de exploración con promesa de cesión de derechos en San Baltasar Guelavila y Santa Marìa Ecatepec con empresas canadienses.
Igualmente se firmaron dos convenios de exploración de traventino en la comunidad de Ignacio Mejía, Teotitlán de Flores Magón, en la Cañada, con empresas marmoleras poblanas.
Por otra parte, para apoyar a los pequeños mineros y sector social con proyectos de exploración y evaluación de sus depósitos minerales, se reactivó el Fondo de Fomento Minero Oaxaqueño.
Asimismo se visitaron 33 municipios del estado, atendiendo la solicitud de las diferentes autoridades municipales, comunales y ejidales, así como de las empresas del sector privado y social, dándose respuesta a sus planteamientos a través de 37 acciones con asesoría, asistencia técnica, gestión de financiamiento y proyectos de inversión.
La inversión en el sector minero fue de 702 millones de pesos, de los cuales, 286 millones correspondieron a las grandes empresas que exploran los yacimientos de minerales metálicos en el estado, consolidando 717 empleos permanentes y generando dos mil 323 empleos temporales.
El valor de la producción superó los tres mil millones de pesos, destacando los productos de minerales no metálicos como cemento, agregados pétreos y sal principalmente.
Actualmente se tienen más de un millón 600 mil hectáreas concesionadas, así como un sustancial aumento en la exploración con la presencia de diez importantes empresas de talla internacional originarias de Canadá y los Estados Unidos.
Dichas empresas exploran minerales de oro, plata y zinc, principalmente en Santiago Lachiguiri, en el Istmo; Talea de Castro, en la Sierra Norte; Santa María Ecatepec en la Sierra Sur y San Vicente Arroyo Jabalí en la Cuenca del Papaloapan.
También en San José del Progreso, San José de Gracia, San Baltazar Guelavila, San Jerónimo Taviche, San Pedro Quiatoni y San Sebastián Río Dulce, en los Valles Centrales.
Se ratificaron además tres convenios de exploración con promesa de cesión de derechos en San Baltasar Guelavila y Santa Marìa Ecatepec con empresas canadienses.
Igualmente se firmaron dos convenios de exploración de traventino en la comunidad de Ignacio Mejía, Teotitlán de Flores Magón, en la Cañada, con empresas marmoleras poblanas.
Por otra parte, para apoyar a los pequeños mineros y sector social con proyectos de exploración y evaluación de sus depósitos minerales, se reactivó el Fondo de Fomento Minero Oaxaqueño.
Asimismo se visitaron 33 municipios del estado, atendiendo la solicitud de las diferentes autoridades municipales, comunales y ejidales, así como de las empresas del sector privado y social, dándose respuesta a sus planteamientos a través de 37 acciones con asesoría, asistencia técnica, gestión de financiamiento y proyectos de inversión.
La inversión en el sector minero fue de 702 millones de pesos, de los cuales, 286 millones correspondieron a las grandes empresas que exploran los yacimientos de minerales metálicos en el estado, consolidando 717 empleos permanentes y generando dos mil 323 empleos temporales.
El valor de la producción superó los tres mil millones de pesos, destacando los productos de minerales no metálicos como cemento, agregados pétreos y sal principalmente.
Detiene la ignorancia el desarrollo indígena
Morelia, Mich., (Cambio). “La ignorancia”, principal barrera para del desarrollo de una ley que norme los derechos de los pueblos indígenas, señaló Orlando Aragón Andrade, coordinador del libro Los derechos de los pueblos indígenas en México. Un panorama.
En el país es diversa la situación legal en materia de los pueblos indígenas, “pues pese a que a nivel nacional se reconoce a este sector, los diferentes estados no necesariamente reflejan esta misma situación, ya que cuentan con sus propios estatutos”, aseguró el responsable de esta edición, que se presentará el viernes 23 en la Sala Audiovisual de la Casa Natal de Morelos.
En este contexto, mientras que estados como Oaxaca y San Luis Potosí son de los más avanzados en cuanto a la atención de los pueblos indígenas en materia legal, Michoacán es una de las entidades más ambiguas en cuanto a establecer los derechos de estas etnias, mismos que se encuentran casi “rebajados” respecto al marco nacional.
En la legislación estatal, “el tema más urgente a atender para comenzar un proceso es el de la autodeterminación, pues la legislación estatal sólo reconoce la existencia de los pueblos indígenas sin otorgarles ningún derecho”, aseguró Aragón Andrade.
A falta de normas que establezcan el papel de este sector en la sociedad, los principales abusos en materia legal son los concernientes a la educación, salud, asesoría legal y robo de sus conocimientos tradicionales, refirió el jurista.
Según Andrade, por lo que respecta a las políticas de salud, en las comunidades indígenas el índice de mortalidad infantil es mucho más elevado que en las urbes, así también los índices de analfabetismo y en cuestiones legales, cuando algún indígena es procesado no cuenta con asesoría jurídica, en este mismo carácter de abuso se presenta mucho el robo a sus conocimientos tradicionales, como sus artesanías.
Problemática social
El atraso en cuanto a la confirmación de estas normas se presenta por un problema de carácter estructural, “en la sociedad existe una indiferencia generalizada hacia los problemas que aquejan a estas comunidades”. Así también, el desconocimiento y una voluntad política que atienda esos huecos legales impiden la autodeterminación de los pueblos indígenas, “en general se trata de un problema cultural”, aseguró el coordinador.
En esta cuestión, instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “es un inicio para el desarrollo, pero una institución no basta en un proceso de este carácter, pues se trata de un problema estructural en la sociedad.
“Para iniciar un camino en este proceso hay que establecer estudios de esta temática, porque a estos pueblos legalmente se les deben atribuir ventajas para que en la realidad sean iguales, pues ellos desde que nacen llegan a la sociedad en desventaja por nacer en condiciones marginadas y no tienen las mismas oportunidades”, concluyó el responsable del Diplomado Interdisciplinario de Derechos de los Pueblos Indígenas en México.
Un panorama de los derechos de los pueblos indígenas
De este desconocimiento y vacíos jurídicos surge la necesidad de plantear una editorial que “sensibilice a los estudiantes y los juristas, porque no conocen del tema y en esos casos juzgan en base a prejuicios”, señaló Andrade.
En este sentido, el objetivo del libro Los derechos de los pueblos indígenas en México, que se presentará este viernes 23 de enero a las 19:00 horas, “es comenzar a abordar el tema en un carácter jurídico desde una visión más humanista, por lo que se seleccionó a los colaboradores con distintas formaciones, antropólogos, juristas”.
Entre los autores que colaboran en esta publicación figuran el matemático Guillermo Andrés Espinosa, el sociólogo Sergio Sarmiento Silva, el jurista José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes, el abogado Miguel Rábago Dorbecker, la abogada Mary Carmen Color Vargas y la antropóloga Ivy Jacaranda Jasso Martínez, entre otros especialistas en la materia.
La idea de esta compilación comenzó a materializarse apenas en el 2008, con la realización del Primer Diplomado Interdisciplinario en Derecho de los Pueblos Indígenas de México, realizado en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana (UMSNH).
Michoacán sin ley para indígenas
Cabe señalar que actualmente el estado aún no cuenta con una norma de este carácter, ya que la propuesta de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado no logró llegar al Congreso legislativo en julio del 2008. Este año, aunque se trabajará en esta propuesta, “no se garantiza contar con esta Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas”, señaló José Lucas Ángel, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso del Estado.
Indígenas en analfabetismo
Entre la población de quince años y más hay 33 mil 361 analfabetas y 87 mil 552 alfabetos; sin instrucción primaria hay 32 mil 418 personas; con primaria terminada hay 19 mil 565; con secundaria terminada trece mil 60 personas. Esta situación educativa es uno de los principales obstáculos para la superación de los rezagos ancestrales de las comunidades indígenas.
En el país es diversa la situación legal en materia de los pueblos indígenas, “pues pese a que a nivel nacional se reconoce a este sector, los diferentes estados no necesariamente reflejan esta misma situación, ya que cuentan con sus propios estatutos”, aseguró el responsable de esta edición, que se presentará el viernes 23 en la Sala Audiovisual de la Casa Natal de Morelos.
En este contexto, mientras que estados como Oaxaca y San Luis Potosí son de los más avanzados en cuanto a la atención de los pueblos indígenas en materia legal, Michoacán es una de las entidades más ambiguas en cuanto a establecer los derechos de estas etnias, mismos que se encuentran casi “rebajados” respecto al marco nacional.
En la legislación estatal, “el tema más urgente a atender para comenzar un proceso es el de la autodeterminación, pues la legislación estatal sólo reconoce la existencia de los pueblos indígenas sin otorgarles ningún derecho”, aseguró Aragón Andrade.
A falta de normas que establezcan el papel de este sector en la sociedad, los principales abusos en materia legal son los concernientes a la educación, salud, asesoría legal y robo de sus conocimientos tradicionales, refirió el jurista.
Según Andrade, por lo que respecta a las políticas de salud, en las comunidades indígenas el índice de mortalidad infantil es mucho más elevado que en las urbes, así también los índices de analfabetismo y en cuestiones legales, cuando algún indígena es procesado no cuenta con asesoría jurídica, en este mismo carácter de abuso se presenta mucho el robo a sus conocimientos tradicionales, como sus artesanías.
Problemática social
El atraso en cuanto a la confirmación de estas normas se presenta por un problema de carácter estructural, “en la sociedad existe una indiferencia generalizada hacia los problemas que aquejan a estas comunidades”. Así también, el desconocimiento y una voluntad política que atienda esos huecos legales impiden la autodeterminación de los pueblos indígenas, “en general se trata de un problema cultural”, aseguró el coordinador.
En esta cuestión, instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “es un inicio para el desarrollo, pero una institución no basta en un proceso de este carácter, pues se trata de un problema estructural en la sociedad.
“Para iniciar un camino en este proceso hay que establecer estudios de esta temática, porque a estos pueblos legalmente se les deben atribuir ventajas para que en la realidad sean iguales, pues ellos desde que nacen llegan a la sociedad en desventaja por nacer en condiciones marginadas y no tienen las mismas oportunidades”, concluyó el responsable del Diplomado Interdisciplinario de Derechos de los Pueblos Indígenas en México.
Un panorama de los derechos de los pueblos indígenas
De este desconocimiento y vacíos jurídicos surge la necesidad de plantear una editorial que “sensibilice a los estudiantes y los juristas, porque no conocen del tema y en esos casos juzgan en base a prejuicios”, señaló Andrade.
En este sentido, el objetivo del libro Los derechos de los pueblos indígenas en México, que se presentará este viernes 23 de enero a las 19:00 horas, “es comenzar a abordar el tema en un carácter jurídico desde una visión más humanista, por lo que se seleccionó a los colaboradores con distintas formaciones, antropólogos, juristas”.
Entre los autores que colaboran en esta publicación figuran el matemático Guillermo Andrés Espinosa, el sociólogo Sergio Sarmiento Silva, el jurista José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes, el abogado Miguel Rábago Dorbecker, la abogada Mary Carmen Color Vargas y la antropóloga Ivy Jacaranda Jasso Martínez, entre otros especialistas en la materia.
La idea de esta compilación comenzó a materializarse apenas en el 2008, con la realización del Primer Diplomado Interdisciplinario en Derecho de los Pueblos Indígenas de México, realizado en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana (UMSNH).
Michoacán sin ley para indígenas
Cabe señalar que actualmente el estado aún no cuenta con una norma de este carácter, ya que la propuesta de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado no logró llegar al Congreso legislativo en julio del 2008. Este año, aunque se trabajará en esta propuesta, “no se garantiza contar con esta Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas”, señaló José Lucas Ángel, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso del Estado.
Indígenas en analfabetismo
Entre la población de quince años y más hay 33 mil 361 analfabetas y 87 mil 552 alfabetos; sin instrucción primaria hay 32 mil 418 personas; con primaria terminada hay 19 mil 565; con secundaria terminada trece mil 60 personas. Esta situación educativa es uno de los principales obstáculos para la superación de los rezagos ancestrales de las comunidades indígenas.
20 ene 2009
Hay 14.4 millones de pobres.- Sedesol
Pachuca, Hgo., (Reforma).- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, reconoció que pesar de que se han destinado importantes recursos para disminuir el índice de marginación aún existen 14.4 millones de mexicanos en pobreza alimentaria.
"La última medición (sobre pobreza) que tenemos son 14.4 millones de mexicanos en pobreza alimentaria", mencionó.
Expuso que no hay un pronóstico de cuánto puede crecer el índice debido a la crisis económica mundial.
El funcionario federal, quien firmó tres acuerdos con el Gobernador Miguel Ángel Osorio, se refirió también al impacto de la recesión mundial en los sectores económicos del País.
"La demanda por nuestros productos en Estados Unidos, se va a ver afectada lo cual hará que la producción en México se vea afectada, se tiene sospechas de que los estados que tienen vocación exportadora probablemente sean los que vean mayor afectados", advirtió.
Cordero Arroyo dijo que no obstante las limitaciones económicas, en Hidalgo, ya hay algunos indicadores de un ligero avance en el sector social, ya que el Municipio de San Bartolo Tutotepec dejó de pertenecer al grupo de los más pobres del País.
"En el año 2000 cerca del 10 por ciento de las viviendas no tenían energía eléctrica en el Estado de Hidalgo y la última medición que se tiene es que esto ha disminuido y ahora ese dato disminuyó al 4 por ciento de viviendas que no tienen energía eléctrica", aseguró.
También comentó que para este año se atenderán más de 80 mil adultos mayores, se incrementará a 205 mil las familias en el programa oportunidades y que la inversión en desarrollo social será de 2 mil 700 millones de pesos.
Los tres acuerdos pactados fueron en el marco del programa de Desarrollo Social y Humano, Hábitat y de Rescate de Espacios Públicos, con los cuales se pretende dar un impulso al desarrollo social de cara a la crisis mundial.
Al respecto, el Gobernador Miguel Ángel Osorio Chong dijo que con estas acciones las familias más necesitadas de la entidad tendrán apoyos en medio de la recesión internacional.
"Con trabajo coordinado y suma de esfuerzos enfrentamos las situaciones difíciles", agregó.
Por otra parte, el Secretario de Desarrollo Social afirmó que los recursos de todos los programas sociales serán fiscalizados puntualmente y tendrán que ser manejados de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para evitar que estos sean utilizados electoralmente.
"La última medición (sobre pobreza) que tenemos son 14.4 millones de mexicanos en pobreza alimentaria", mencionó.
Expuso que no hay un pronóstico de cuánto puede crecer el índice debido a la crisis económica mundial.
El funcionario federal, quien firmó tres acuerdos con el Gobernador Miguel Ángel Osorio, se refirió también al impacto de la recesión mundial en los sectores económicos del País.
"La demanda por nuestros productos en Estados Unidos, se va a ver afectada lo cual hará que la producción en México se vea afectada, se tiene sospechas de que los estados que tienen vocación exportadora probablemente sean los que vean mayor afectados", advirtió.
Cordero Arroyo dijo que no obstante las limitaciones económicas, en Hidalgo, ya hay algunos indicadores de un ligero avance en el sector social, ya que el Municipio de San Bartolo Tutotepec dejó de pertenecer al grupo de los más pobres del País.
"En el año 2000 cerca del 10 por ciento de las viviendas no tenían energía eléctrica en el Estado de Hidalgo y la última medición que se tiene es que esto ha disminuido y ahora ese dato disminuyó al 4 por ciento de viviendas que no tienen energía eléctrica", aseguró.
También comentó que para este año se atenderán más de 80 mil adultos mayores, se incrementará a 205 mil las familias en el programa oportunidades y que la inversión en desarrollo social será de 2 mil 700 millones de pesos.
Los tres acuerdos pactados fueron en el marco del programa de Desarrollo Social y Humano, Hábitat y de Rescate de Espacios Públicos, con los cuales se pretende dar un impulso al desarrollo social de cara a la crisis mundial.
Al respecto, el Gobernador Miguel Ángel Osorio Chong dijo que con estas acciones las familias más necesitadas de la entidad tendrán apoyos en medio de la recesión internacional.
"Con trabajo coordinado y suma de esfuerzos enfrentamos las situaciones difíciles", agregó.
Por otra parte, el Secretario de Desarrollo Social afirmó que los recursos de todos los programas sociales serán fiscalizados puntualmente y tendrán que ser manejados de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para evitar que estos sean utilizados electoralmente.
Apoyará Comisión de Pueblos Indígenas a presos mexiquenses
Toluca, Méx., (Notimex).- Las 276 personas de origen étnico que están detenidas en penales del estado de México serán apoyadas, a través de un convenio establecido con la delegación estatal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El director de Prevención y Readaptación Social, Eric Sevilla, informó que la finalidad de este acuerdo es que las personas de origen indígena y que se encuentran en reclusorios mexiquenses, cuenten con las mismas garantías y respeto sin ser discriminados.
El funcionario precisó que los 276 internos de origen indígena, de los cuales 14 son mujeres, reciben asistencia terapéutica, psicosocial y educativa, así como habilidades y capacitación para proteger su identidad cultural.
Uno de trabajos a través de este acuerdo es el apoyo en lenguas indígenas durante su permanencia en reclusión, así como el trámite para que sean trasladados a centros penitenciarios cercanos a sus lugares de origen.
De los 276 reclusos indígenas, 193 ya fueron sentenciados y el resto están en proceso de que se les dicte condena; 11 internos se encuentran en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Quinta del Bosque, en el municipio de Zinacantepec.
Algunos de los internos beneficiados con este acuerdo son originarios de los estados de Guerrero, Veracruz, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca, concluyó.
El director de Prevención y Readaptación Social, Eric Sevilla, informó que la finalidad de este acuerdo es que las personas de origen indígena y que se encuentran en reclusorios mexiquenses, cuenten con las mismas garantías y respeto sin ser discriminados.
El funcionario precisó que los 276 internos de origen indígena, de los cuales 14 son mujeres, reciben asistencia terapéutica, psicosocial y educativa, así como habilidades y capacitación para proteger su identidad cultural.
Uno de trabajos a través de este acuerdo es el apoyo en lenguas indígenas durante su permanencia en reclusión, así como el trámite para que sean trasladados a centros penitenciarios cercanos a sus lugares de origen.
De los 276 reclusos indígenas, 193 ya fueron sentenciados y el resto están en proceso de que se les dicte condena; 11 internos se encuentran en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Quinta del Bosque, en el municipio de Zinacantepec.
Algunos de los internos beneficiados con este acuerdo son originarios de los estados de Guerrero, Veracruz, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca, concluyó.
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