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8 ago. 2010

México: Se condena la decisión de procesar a defensor indígena de derechos humanos

Ciudad de México. DF., (Olor a Mi Tierra).- Amnistía Internacional ha condenado la decisión de las autoridades mexicanas de proceder en contra del defensor de derechos humanos Raúl Hernández, acusado falsamente por un asesinato que no cometió. 

La Procuraduría del Estado de Guerrero sostuvo los cargos de homicidio en contra de Raúl Hernández, a pesar de que las evidencias son poco confiables y fabricadas. Tras la decisión de la PGJE de continuar con las acusaciones, actualmente el caso se encuentra en manos del Juez de Distrito. Se espera se decida sobre su inocencia o culpabilidad en los próximos días.

“La decisión de proceder sobre los cargos fabricados de asesinato contra Raúl Hernández es parte de una campaña sistemática de las autoridades mexicanas contra miembros de esta comunidad indígena, quienes defienden los derechos humanos de su pueblo” dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha hecho campaña por la liberación de Raúl Hernández desde noviembre de 2008, fecha en que fue adoptado como preso de conciencia.

Raúl Hernández fue arrestado injustamente y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1° de enero de 2008 en la comunidad El Camalote, Guerrero. Sin embargo, las declaraciones de los testigos oculares que establecían que Raúl Hernández no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato no se tomaron en cuenta.

Durante las diligencias llevadas a cabo, el juez realizó una investigación de la escena del crimen la cual confirmó que la evidencia de los testigos en la cual se establecía que Raúl Hernández estuvo presente durante el asesinato, es infundada.

Amnistía Internacional considera que el caso contra Raúl Hernández es una represalia por parte de las autoridades por sus actividades legítimas de promoción de los derechos indígenas a través de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y por exponer los abusos cometidos por los caciques locales, los militares y las autoridades.

En el estado de Guerrero viven alrededor de 116,000 indígenas Me’ phaa, y el estado tiene uno de los niveles de marginación más altos e indicadores de desarrollo humano más bajos de México, de acuerdo con la organización local de derechos humanos Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
La OPIM fue fundada en 2002 con el objetivo de defender y promover los derechos del pueblo indígena Me’phaa.

“Con frecuencia, las autoridades han utilizado de mala manera el sistema judicial  para castigar a quienes promueven el respeto a los derechos de las comunidades marginadas y alzan su voz para exigir sus derechos. A más de dos años de su injusto encarcelamiento, es tiempo ya de que Raúl sea liberado comentó Kerrie Howard.

Amnistía Internacional ha documentado un patrón de hostigamiento e intimidación contra los integrantes de organizaciones de derechos indígenas en el estado de Guerrero, como es el caso de la OPIM durante ya muchos años.

Activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo han hecho campaña por la liberación inmediata e incondicional de Raúl, para que pueda continuar con su labor de defensa de los derechos de su comunidad.

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