Ciudad de México, DF., (OEM).- Concluyó el Encuentro de Pueblos Indígenas Originarios y Afrodescendientes de América Latina y El Caribe con una condena a la racista Ley Arizona y exigencia de justicia por los asesinatos de líderes sociales de Oaxaca, así como por el exterminio de comunidades enteras en otras naciones.
María Rosa Márquez Cabrera, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal, informó que en el evento participaron más de dos mil personas de 50 pueblos originarios del Distrito Federal, 55 pueblos indígenas y afrodescendientes de México y representaciones de 25 países de América Latina y El Caribe.
Durante una conferencia de prensa con representantes de varias naciones, consideró un éxito la realización de este espacio de comunicación, intercambio de experiencias y planteamiento de propuestas de tal número de etnias del Continente en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.
En el caso específico del Distrito Federal -recordó-, las conclusiones permitirán enriquecer la iniciativa de Ley de Derechos para los Pueblos Originarios Indígenas de la Ciudad de México que próximamente presentará el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a la Asamblea Legislativa.
Como conclusión del encuentro, se emitió la Declaración de México Tenochtitlan 2010. "El pronunciamiento contiene propuestas, pero también reclamos por el clima de violencia y asesinatos en contra de nuestro hermano indígena. Hay un compromiso de solidaridad y exigencia para que esto sea frenado con la misma participación de los pueblos", dijo Márquez Cabrera.
En el pronunciamiento, los participantes exigen justicia por el asesinato de Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el observador finlandés Jyri Antero Yaakkola en San Juan Copala, así como por el asesinato del líder triqui Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro en Yosoyuxi, también Oaxaca.
Exigen detener el exterminio de los pueblos indígenas del continente, en especial del pueblo Nasa de Cauca, Colombia, y de los Bagua de Perú y expresan su confianza en que la Ley de los Derechos Indígenas de la Ciudad de México sea una de las bases para la futura Constitución Política de la capital.
Finalmente, se rechazan las celebraciones de bicentenarios de independencias de los países del continente donde se derrochan millones de recursos y, sin embargo, donde se les niega su participación, el reconocimiento de sus derechos y su contribución a la formación de los estados-nación.
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