Monterrey, NL., (Milenio).- Isabel salió a pasear en su segundo fin de semana de descanso en la ciudad de Monterrey. Había quedado con unas conocidas, empleadas domésticas de las casas cercanas a las que ella laboraba.
Luego de una tarde de entretenimiento perdió de vista a sus compañeras y tuvo que tomar un taxi hacia la residencia donde ella trabajaba, en San Pedro Garza García.
Su escaso conocimiento de la ciudad y del español dificultaron sus explicaciones al chofer que la llevaba, quien después de una hora de camino decidió dejarla en las instalaciones de una televisora local para que buscara a sus patrones, no sin antes cobrarle 500 pesos por el traslado.
Ésta es sólo una de las cientos de historias de discriminación y malos tratos que viven miles de indígenas migrantes en la zona metropolitana de Monterrey.
José Cerda Zepeda, subdelegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Nuevo León (CDI), explica que uno de los problemas que enfrenta este grupo es el rechazo de la sociedad y a veces también del gobierno a sus prácticas culturales o a su identidad, provocando que muchas veces prefieran negarla para no ser identificados y discriminados.
“Hemos encontrado una gran resistencia de la población indígena en el estado para tratar de ser reconocida como tal y en ese sentido poder ser acreedor a los programas institucionales.
“Partimos de una historia de dominación, en la cual han tenido que padecer grandes dificultades para mantener su cultura en México, y en la ciudad se convierte en algo que definitivamente no es viable porque les implica ser discriminados”, explica el funcionario federal.
La dificultad principal cuando llegan los indígenas a Nuevo León “es la falta de oportunidades, partimos del hecho de que salen de sus comunidades de origen en busca de una mejor vida; sin embargo encuentran en este arribo una gran dificultad para insertarse en lo laboral”, menciona.
En ese sentido, agrega, muchos no están capacitados para los trabajos de ciudad y tienen un dominio limitado del español, sin contar el problema de la vivienda.
“Allá cuando se casan, los familiares les otorgan un pedazo de tierra o bien la comunidad decide ubicarlos en un espacio para vivir y trabajar; acá llegan con su mochila y lo que traen, tienen que buscar un lugar”, explica.
La CDI se ocupa en buscarles un programa de vivienda regular para que no pasen décadas de su vida rentando o de invasores y que cuenten con un patrimonio que legar a sus hijos.
“Hemos encontrado a un aliado en el Instituto de la Vivienda de Nuevo León que bajo un esquema respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas nos ha ayudado a ubicar a estas familias donde pueden construir un patrimonio y volver a congregarse en comunidad”, explica.
Destaca que el hecho de que lleguen a vivir a zonas deprimidas o marginadas, además de la ignorancia de la dinámica de la ciudad puede llegar a tener consecuencias nefastas e involucrar a los recién llegados en problemas de drogadicción; aunque afirma, son pocos los que recurren a estas prácticas debido a que no va con sus costumbres ni su formación.
Destaca además que son poquísimas las personas de las comunidades indígenas involucradas en actos delictivos.
“Puedo asegurar que la población indígena viene a trabajar, son muy contados los casos donde personas indígenas estén en la cárcel, no es una situación grave. Identificados en los censos oficiales y una visita a todos los penales son tenemos más de 40 internos en todos los Centros de Rehabilitación de Nuevo León”, explica.
Señala que cuando llegan a la ciudad, los indígenas vienen a trabajar y no piensan en hacerse ricos de la noche a la mañana, pues tienen una cultura de trabajo dentro de sus comunidades y dentro de sus familias que los hace menos propensos a determinadas conductas delictivas.
“Más que robar, más que causar daños al patrimonio de las personas para las cuales trabajan o conviven, ellos son y siguen siendo víctimas de la policía, los comerciantes, los taxistas”, dice.
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