Ciudad de México, DF., (OEM).- La presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandra Barrales, garantizó el respeto a los derechos de los pueblos originarios en la discusión de la Ley de Participación Ciudadana (LPC).
Entrevistada al terminar su participación en una mesa sobre el tema, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la legisladora señaló que el reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas es un capítulo que en especial se ha revisado y que está propuesto en el articulado, en el dictamen de la ley, para que se respete la representación que ya se encuentra definida en los pueblos originarios.
Señaló que la LPC reconocerá las formas de representación y que la problemática integral de los pueblos originarios se está recogiendo en ella, que es específica al abordar todo lo relacionado con este sector de la población, agregó.
Dijo que con los resolutivos que se viene generando desde hace cerca de un año, antes de septiembre la ALDF hará una propuesta de manera detallada y concreta que incluya el respeto a su forma de organización política, a no ser discriminados y a preservar su lengua y sus usos y costumbres, para que no se contrapongan con las normas y leyes generales.
Adelantó que en la ALDF para el próximo septiembre se discutirá la iniciativa de Ley de Comunidades Indígenas Residentes en el Distrito Federal y de Pueblos y Barrios Originarios.
Apuntó que con esta aportación legislativa la Ciudad de México será la primera entidad del país que cuente con este marco jurídico elaborado, resuelto y que atienda la problemática de los pueblos indígenas.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno capitalino, Rosa Márquez Cabrera, dijo que de los 62 grupos lingüísticos reconocidos en el país, en el Distrito Federal se encuentran 57, por lo que el compromiso de recoger en la ley el derecho de los pueblos originarios y su diversidad debe ser el resultado de la consulta de todos ellos.
Añadió que existen alrededor de 350 mil personas que se reconocen como integrantes de los pueblos originarios, mientras que en los pueblos indígenas que pertenecen a distintas comunidades existen más de 500 mil individuos, en datos conservadores, que viven en el Distrito Federal.
Mencionó que se trabajará en tres mesas de consulta, donde los sujetos de derecho, así como los alcances, sean puntuales y definidos, con lo que se evitarán distintas interpretaciones. En otra mesa se analizarán los alcances e implicaciones de la ley y la tercera mesa tendrá que ver con el seguimiento del proceso de la consulta, para que la ley sea el resultado de la opinión libre e informada de los pueblos.
El reconocimiento a los derechos de los pueblos del Distrito Federal debe tomar en cuenta la visión de las comunidades en la construcción de la Ley de Participación Ciudadana y de la reforma política, sostuvo.
Para eso, dijo, se ha puesto como prioritario el compromiso y el interés de contar con la ley, más allá de las distintas visiones y posiciones de los grupos participantes.
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