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30 jun 2009

Etnias mexicanas denuncian violación de sus derechos ante la ONU

Mérida, Yuc., (Por Esto!).- La Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA) de los cinco Pueblos Originarios de Guerrero, compuesto por afromexicanos, nahuatls, na savis, me’phaas y ñomndaas, convocaron a una Conferencia de Prensa para dar a conocer las acciones en torno a la protesta contra la CDI y otros organismos como la ONU, por el incumplimiento del gobierno de México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Etnias y afro mexicanos del estado de Guerrero, denunciaron ante la ONU, en México, la grave y sistemática violación de sus derechos individuales y colectivos por parte de Felipe Calderón Hinojosa, Presidente del país, y Zeferino Torreblanca, Gobernado de Guerrero, ante lo cual piden la intermediación del máximo organismo internacional.

Agrupados en su mayoría en la Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA), los demandantes expusieron que el gobierno de México desconoce su derecho a ser consultados, de forma libre e informada.

Señalan lo anterior, debido a la imposición en Guerrero, del yucateco Gonzalo Ramón Solís Cervantes, como delegado de la oficial Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en sustitución del náhuatl Guillermo Álvarez Nicanor.

Los nativos guerrerenses enfatizan su derecho a la libre determinación, expresada en el ejercicio de la autonomía para participar plenamente en la construcción de su propio desarrollo, respetando y valorando “la enseñanza de nuestros ancestros para con el territorio y los recursos naturales, lo tangible e intangible de nuestra madre tierra”.

Sin otra opción, la CEIA, decide trasladarse este 22 de junio, de esa entidad al sur del país hacia la capital mexicana, a fin de hacer valer sus derechos.

Como parte de sus acciones, definen instalarse en la CDI nacional para ser escuchados y recibir respuesta a las demandas planteadas. Acuerdan acudir de manera paralela, a la representación de la ONU, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En ambas protestas, denuncian al presidente Felipe Calderón, por la violación de los instrumentos internacionales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la discriminación de que son objeto.

Pero, para los funcionarios de la CDI no hay marcha atrás, “y háganle como quieran”, afirma insolentemente Julio de la Mora, Coordinador de Delegaciones de la institución.

Ante ello, las etnias piden a las Naciones Unidas servir de intermediación ante el gobierno federal para garantizar el respeto irrestricto a la libre determinación y el ejercicio de la autonomía como pueblos indígenas, así como el respeto al derecho de consulta en todos los niveles de decisiones que les atañen.

La Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA), es un espacio organizativo de los cinco Pueblos Originarios de Guerrero, compuesto por afromexicanos, nauatls, na savi, me’phaa y ñomndaa.

El 21 de mayo de este año, la CDI decide destituir al delegado emanado de la CEIA. De manera inmediata la CEIA pidió explicaciones, pero la dependencia se abstuvo de responder. A partir de esa fecha, los inconformes se reagruparon y empezaron a exigir a la CDI, reconsiderar su decisión.

En una conferencia de prensa, citada por la CEIA, los guerrerenses revelaban el hostigamiento, la provocación y el connato de violencia que estuvo a punto de desatarse la mañana del 23 de mayo con la policía.

El día 28 de mayo, sostienen una reunión con representantes de las oficinas centrales de la CDI, pero los funcionarios rechazaron firmar una minuta de acuerdos. La queja obtuvo el 4 de junio un exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, quienes pidieron al presidente Felipe Calderón establecer una mesa de diálogo y negociación, a fin de iniciar un proceso de consulta para la elección del nuevo delegado estatal de la CDI.

A su salida del diálogo, con funcionarios medios de la dependencia, entre ellos Julio de la Mora, Coordinador de Delegaciones de la CDI, Martha Sánchez enfatizó que el gobierno de Felipe Calderón “quiere exterminar a los pueblos nativos de México”.
La actual administración, aplica una política partidista de ideología panista, la cual se niega a reconocer los derechos políticos, y libertades fundamentales de los pueblos originarios. Ante esta postura, decidieron instalar una huelga de hambre a fin de ser escuchados, para lograr que el director general de la CDI, Luis H. Alvarez, los reciba.

La huelga de hambre la instalarán en las oficinas centrales de la CDI en la ciudad de México, lo mismo que a las afueras de la representación de las Naciones Unidas. Martha Sánchez reiteró que lo único que piden al gobierno federal, es el derecho que tienen a la consulta, el cambio de la política dirigida hacia los pueblos étnicos mexicanos, y que las instituciones dejen de convertirse en empresas de libre mercado; además, del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Bruno Plácido, abundó sobre la discriminación de que son objeto, las injusticias y la imposición gubernamental en Guerrero, así como cuestionó al yucateco Xavier Abreu Sierra, segundo al mando en la CDI, quien se encuentra paseando de vacaciones en España, en lugar de atender las demandas de los pueblos originarios para lo cual le pagan muy bien.

Igualmente manifestó su indignación ante la intransigencia de la dependencia federal, quien amenaza con aplicar “la política del garrotazo” contra los nativos mexicanos en plantón.

A estas protestas se han sumado los representantes del Consejo Consultivo de la CDI de Guerrero, quienes expresan su alarma porque con su actitud la institución pone en riesgo el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de esa entidad sureña.

Seguramente quieren que pase lo mismo que en Bagua, la amazonía del Perú, donde el pasado 5 de junio el gobierno de Alán García masacró a los indígenas. “Que lo hagan”, sentenció la especialista nativa del pueblo amuzgo de Xochixtlahuaca, Guerrero, Martha Sánchez Néstor.

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