Chilpancingo, Gro., (La Jornada Guerrero).- La liberación del miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio –quien aún permanece detenido en la cárcel de Ayutla, acusado de matar a un informante del Ejército–, figura en la agenda de trabajo de Amnistía Internacional (AI) como uno de los temas urgentes por resolver, al nivel de las violaciones a los derechos de las mujeres en Irak, presos de conciencia en Irán y los crímenes de guerra en la franja de Gaza.
De acuerdo con el reporte quincenal de AI, que difunde vía Internet a sus miembros y a organizaciones sociales en México, el tema de Raúl Hernández es la única alerta que existe en el país, porque se trata de una detención injusta en cuanto a la defensa de derechos económicos, sociales y culturales a nivel mundial.
El caso de Hernández Abundio se ubica en el segundo lugar de prioridad entre las acciones y la agenda de trabajo de AI. Antes están las mujeres atrapadas por la violencia en Irak, y después la necesidad urgente de retirar los cargos al integrante de la OPIM “por su detención injusta”.
En la tercera posición está la situación de los prisioneros en la cárcel de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, siguiéndole temas de desaparición forzada en Egipto, Sudán y Colombia.
En el caso concreto del me’phaa, desde el pasado 27 de marzo AI México pidió firmas, con nombre y apellido, incluidas las organizaciones sociales, para mostrar al gobierno federal y al de Guerrero el número de personas que exigen su liberación, porque es acusado, sin fundamentos, de matar al informante de los militares Alejandro Feliciano García, en El Camalote, el 1º de enero de 2008.
En la información se precisa que en el estado los me’phaa viven un “alto grado de marginación y con los indicadores de desarrollo humano más bajos de México”.
“Amnistía Internacional ha documentado el constante hostigamiento e intimidación contra miembros de organizaciones que defienden los derechos indígenas en Guerrero, como la OPIM, desde hace muchos años”.
Esa misma carta exige al gobierno estatal que acepte que la detención de los me’phaas tiene una motivación política, por la campaña que han encabezado en defensa de los derechos humanos en Ayutla, y que las pruebas en su contra están basadas en datos poco confiables, e incluso fabricados.
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