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19/04/2009

“No podemos trabajar ni salir de nuestra comunidad”: Manzanares

Chilpancingo, Gro., (La Jornada Guerrero).- Después de estar varios meses encerrado en la cárcel, no es fácil salir y hacer una vida normal, y para Orlando Manzanares Lorenzo, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), quien estuvo preso durante 11 meses por un delito que no cometió, es aún peor, porque “no podemos hacer nada, no podemos trabajar, no podemos salir de nuestra comunidad, es como si estuviéramos encerrados pero dentro de nuestra casa”.

De estatura media, complexión delgada y con la tristeza reflejada en su rostro, Manzanares Lorenzo recuerda cuando fueron acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García, un informante del Ejército, el 1º de enero de 2008. El delito lo fabricó la gente del cacique Romualdo Remigio Cantú, quien es gente del gobernador, asegura.

A un mes de que fueron puestos en libertad cuatro de los cinco me’phaa, sus sentimientos son encontrados, pues por un lado está la felicidad de estar fuera de la cárcel, pero al mismo tiempo triste porque su vida después del encierro cambió drásticamente, ya que al salir de sus viviendas corren el riesgo de ser asesinados en cualquier momento.

Su caso y el de sus compañeros causó movilizaciones y protestas e incluso hubo pronunciamientos de países de la Unión Europea y de Amnistía Internacional, hasta su liberación.

“No es fácil, no tengo trabajo, no puedo salir de mi comunidad, no puedo andar en la calle por el temor de que me vayan a matar, los cuatro que salimos no podemos andar saliendo o trabajar fuera, es una vida difícil y para mantener a la familia no se puede”, lamenta.

Deja escapar un suspiro y lamenta que la cárcel no sólo les robó la libertad, sino su vida completa, pues aunque están libres, siguen presos por el temor a que algo les suceda, “no andamos libres, no hay libertad de andar como antes y buscar estar bien; no estamos contentos ni felices, porque la verdad andamos en peligro; estamos libres, pero haz de cuenta presos, porque no podemos andar fuera de nuestra comunidad”.

Admite sentir mucha tristeza al recordar el día de su detención, y el que su compañero de lucha, Raúl Hernández Abundio, siga preso por un delito que inventó el gobierno para desbaratar la OPIM.

“Sabemos que el gobierno tiene personas en las comunidades para que lo apoyen y poder chingarnos a nosotros, el gobierno busca la manera de privar nuestra vida y desbaratar nuestra organización”.

Sostuvo que el encarcelamiento que sufrieron es por venganza del gobierno, en represalia por las exigencias que han hecho de apoyos para las comunidades indígenas, así como las denuncias hechas por las violaciones sexuales de Inés y Valentina, la esterilización de los indígenas de El Camalote, “y eso le molesta al gobierno y por eso no quiere que nos organicemos, porque no le conviene al gobierno, pero estamos dispuestos a luchar porque es nuestro derecho vivir en mejores condiciones”.

Durante la estancia de los representantes de Alemania y Francia, solicitaron que pidan al gobierno de México y de Guerrero medidas cautelares para los defensores de derechos, porque se las han negado, aunque de antemano sabe que “no nos las van a dar”.

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