San Juan Tecomatlán, Jal., (Milenio).- El gringo y su mujer, Linda, oriunda de Chapala, irrumpieron en el pequeño templo de Tlachichilco durante la misa, y se acercaron a una anciana, pobre, enferma y ciega. La esposa la abrazó cariñosamente en frente de todos mientras el cura miraba complacido. El güero Donald esbozó una sonrisa satisfecha. El hombre había llegado a comienzos de los años 80 del siglo pasado a este poblado coca —tal vez nahua—. De no tener nada, con el tiempo amasaría fortuna e influencias, a costa de la tierra barata de los comuneros.
“Yo no sé si es católico o si nomás venía a misa por conveniencia; porque esos gestos los hacía enfrente de la gente, pero no levantaba a nadie por la carretera. Quería que creyéramos que era una buena persona. Alguna vez escuché que iba a comprar un pedazo de terreno para ampliar el panteón del pueblo para todos, mexicanos y gringos, porque no iba a haber diferencias [...] la gente lo veía con muy buenos ojos, decían que había llegado papa Noel…”, recuerda don Cirilo Vázquez Ortega, de 77 años.
Los nativos le dicen Dan, pero se llama Donald Dwyer. Tiene 25 años de haber arribado a la comunidad indígena de San Juan Tecomatlán, a menos de 20 kilómetros al oriente de Chapala, en la misma ribera del lago, principal sitio de residencia de extranjeros que existe en México.
En Tlachichilco, poblado comunal, coinciden no sólo en que Dan fue el primer gringo en llegar, sino en que se trajo a casi todos los demás (indistintamente, estadunidenses, canadienses y europeos), que hoy inundan la zona, con cerca de 200 propiedades residenciales asentadas en terrenos comunales.
“Al principio, compraba toretes para la engorda; será que vendría escondiendo su dinero o se lo encontró aquí […] total, compró la casa de un licenciado y empezó a convivir con la comunidad, se nos metió, empezó a meter sus pesitos”, agrega don Alfredo Campanero López, de 78 años.
Compró decenas de hectáreas a precios de remate. “En ese tiempo tengo entendido que serían millones de viejos pesos, cuando cualquiera tenía sus millones, serían como unos doce o trece millones por un potrero de ocho hectáreas que la gente aquí veía como breña”. Hoy, en ese terreno montoso hay un fraccionamiento de jubilados estadunidenses y canadienses, que habitan casas valuadas entre 300 mil y 500 mil dólares. Pero Dan tiene muchos predios más.
El problema es que se trata de terrenos comunales, que según las leyes agrarias mexicanas, entrañan un derecho que jamás prescribe. San Juan Tecomatlán comenzó su proceso de reconocimiento y titulación en 1977, explica su abogada, Marielena Navarro. Eso descarta en automático las compraventas realizadas desde cinco años atrás. Las efectuadas antes de 1972, si fueron legales, llevarían un proceso de “exclusión” para ser respetadas como propiedad privada. Las que se hubieran llevado a cabo de 1972 en delante, hasta 2009, son nulas y requieren de la voluntad de la asamblea comunal para ser excluidas, o en su defecto, toleradas sin cambiar la tenencia de la tierra.
Fue el Tribunal Unitario Agrario número 15, por orden del juez cuarto de distrito de Guadalajara (amparo indirecto 424/99), el que reconoció y tituló al poblado, apenas el 4 de noviembre de 2002 (expediente TUA A/169/2001). El efecto legal es demoledor. La ejecución llegó tan tarde, que ya se habían hecho muchos negocios de compraventa. Los comuneros reconocen que fue hasta entonces que se dieron cuenta del valor de lo suyo: “Fuimos muy inocentes, ahora ya no nos dejaremos”, advierte Jesús Castellanos Sánchez, presidente del comisariado de bienes comunales.
Guerra silenciosa
La vida hoy se ha tornado difícil para los de Tlachichilco. Siempre les dijeron que la llegada de inversionistas era buena, pues habría empleos y mejoraría su calidad de vida. Lograron para sus esposas trabajos como empleadas domésticas, y para los jóvenes, de jardineros. Cuando tuvieron la ley en sus manos, y quisieron llegar a acuerdos con sus huéspedes, las cosas cambiaron. Si bien, este fin de semana pasado se formalizaron cinco convenios de exclusión pacífica, la tónica general ha sido de amenazas y despidos.
Juan Manuel Muñoz, quien tiene año y medio de haber regresado a su pueblo natal, dice que a su esposa la despidieron por su activismo en favor de la comunidad. “¿Acaso estoy haciendo mal mi trabajo?, le preguntó al patrón. No, nada, nomás dile a Juanito que cuando se salga de lo de la comunidad, te regresamos el empleo, le contestó”.
Hay extranjeros que no la toman personal. De hecho, una pareja de ancianos, John —fallecido el pasado mes de enero— y Janice Hunter, quienes regalaban despensas, paquetes escolares y utensilios para los niños, recibieron la exclusión de su propiedad sin el cobro de un peso, pues se consideró que eran personas valiosas para el pueblo. Otro foráneo, el alemán Mike Jones, pagó de su dinero hace unos meses la reparación de una tubería para el agua de la comunidad, transportando además al agente municipal a comprar los insumos a una ferretería de Chapala.
Pero hay muchos forasteros que están molestos por lo que piensan se trata de un robo legal.
Así, “tenemos jardineros que han venido a decirnos: ‘a mí ya bórrenme de la lista de comuneros, ya no quiero saber nada’; les preguntamos por qué, y nos dicen: ‘porque mi patrón ya me amenazó’ […] desgraciadamente para los que vemos más allá de nuestras narices, eso demuestra la nobleza de la gente, ‘a mí con que me den para mis tortillas y para mis frijoles, ya no necesito nada más’, o ‘con que me den trabajo, con eso tengo’, dicen”.
Así pasó con un comunero, Pedro Contreras; otro, de nombre Juan García, de todos modos dejó su trabajo ante el hostigamiento.
Se habla de una simbiosis ideal entre la comunidad extranjera y los nativos, pero hay demasiadas demostraciones de lo contrario, apunta Juan Manuel. “Ellos viven aislados, en una burbuja, que son sus casas, y jamás bajan al pueblo […] de hecho, se molestan cuando hay fiestas, por la música de banda que sube al cerro, o las campanadas del rosario de alba, que son después de la seis de la mañana… un hombre nos dijo en julio pasado que su perrito se hizo cardiaco de los sustos que les sacó la campana…”.
Otro capítulo de la discordia es el conflicto por el agua. La comunidad es dueña de todos los afloramientos en su territorio, pero los avecindados se quedaron con dos pozos; al inscribirlos como dotación de agua de un poblado (es decir, a nombre de los comuneros), lograron reducir el pago de energía y de derechos, con subsidios. Después, pretendieron acordar con los comuneros darles agua “que les sobraba”, que no llegaría a 10 por ciento, pero pedirles pagar 50 por ciento del recibo. Las diferencias de consumo son evidentes: las residencias tienen amplios jardines mientras las casas de Tlachichilco reciben el líquido apenas media hora al día.
Los comuneros están cobrando 30 pesos por metro cuadrado para otorgar la exclusión de propiedades. El terreno en breña se cotiza comercialmente arriba de 600 pesos por metro, y muchos extranjeros así los están traspasando. De este modo, ante la falta de voluntad en negociar, “los convenios van a ser muy difíciles de sacar adelante”, subraya Juan Manuel.
San Juan bien vale una misa
Las reiteradas idas a misa en Tlachichilco, las promesas de dinero para el sostenimiento de la comunidad (35 mil pesos anuales para Tlachichilco y 35 mil para San Juan Tecomatlán), el otorgamiento de una remesa para restaurar la capilla, la presentación de proyectos delirantes, como el de un hospital con helipuerto “a donde nos atenderían a todos nosotros”; la promesa de reparar calles y pavimentarlas, fueron el pasaporte para el gran negocio inmobiliario de Dan en el decenio de los años 90.
Donald Dwyer participó activamente en la gestión de la carretera pavimentada que se abrió en 1999 con recursos del gobierno de Jalisco. La idea era crear oportunidades de desarrollo para las comunidades indígenas de Poncitlán, con un acceso terrestre fácil, pero en la realidad, los intereses especuladores que buscaban aprovechar el mercado de altos recursos de los jubilados de Europa y Norteamérica, sacaron “la mejor raja”. San Juan alcanzó a reaccionar ya con poco más de 100 hectáreas de invasiones. Sus vecinos de Mezcala se cerraron completamente, y hasta ahora, simbolizan la resistencia más firme al mercado.
Siguió la vida de Dan. “Comenzó a quemarse con las autoridades, y a hacer uso de prestanombres, de preferencia mexicanos, para hacer sus negocios”, aseguran los comuneros.
El gringo tiene su casa al pie de la carretera Chapala-Mezcala. Uno de sus hijos, de nombre Jean Paul, también se dedica a los negocios con la tierra, y posee maquinaria de construcción. En el teléfono de su domicilio, Dan contesta a una solicitud de Público para ser entrevistado acerca del tema, el pasado 19 de marzo.
“Estoy por salir del país, por estudiantes de Canadá…”, dice en un español típico de forastero. Regresaría hasta después de la semana de Pascua. No obstante, promete visitar las instalaciones del diario, al día siguiente. Nunca llega.
En el pueblo, una pregunta obligada: ¿Míster Dan ya no viene a misa?
“No, nunca”, contestan sin titubear don Cirilo y don Alfredo, testigos de cómo estas viejas aldeas fueron devoradas por el dios Progreso.
La comunidad
San Juan Tecomatlán posee títulos virreinales que datan del siglo XVI, lo cual dio pie al reconocimiento de la comunidad, en 1997, con 1,694.2 hectáreas, sentencia que fue recurrida con un amparo, para quedar finalmente reconocida con 1,946 hectáreas en noviembre de 2003
El derecho agrario mexicano otorga a las comunidades indígenas la atribución de ser “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, lo que significa que sus bienes no pueden ser vendidos y que su ocupación no crea derechos por vía de la prescripción
Quienes poseen terrenos dentro de la comunidad deben negociar con ella, pues su derecho posesorio no es mejor que el comunal. Ese es el espíritu bajo el cual se pueden dar exclusiones de predios, siempre que la asamblea general de comuneros lo avale.
23 mar 2009
Letal discriminación racial
Chetumal, Q.Roo., (Por Esto).- Del 39 por ciento de población indígena, sólo el 23 por ciento habla su lengua autóctona, debido a la discriminación laboral, académica y social que hay en el Estado, según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el cual da a conocer cifra importantes en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.
A pesar de que la fuerza de trabajo utilizada para el desarrollo de Quintana Roo en una alta proporción ha sido y es indígena, en Quintana Roo como en la mayoría de los estados de la República Mexicana existe racismo y discriminación en las diferentes clases sociales, culturas, ideas, forma de vestir, color de piel, altura, todo lo que es el físico, y la distinción de la familia donde uno proviene. De hecho, según la CDI, en Quintana Roo, el 39 por ciento de la población es indígena lo que representa alrededor de 45 mil habitantes, de los cuales debido a la discriminación laboral, académica, social y racista, tan sólo el 23 por ciento habla alguna lengua indígena.
El fenómeno de la discriminación en México en general, y en Quintana Roo en particular, es complejo y múltiple, pues implica formas de pensar y comportamientos sociales arraigados, mitos y prejuicios, trato injusto, persecución y exclusión, vacíos jurídicos y abuso de autoridad.
Sin embargo, lo más grave ha sido su precario reconocimiento, en efecto, la primera fase de la necesaria lucha contra la discriminación consiste en el reconocimiento de su extensión social y del daño, a veces irreparable, que lo causa.
Las prácticas discriminatorias son formas de trato diferenciado que vulneran y restringen los derechos fundamentales de las personas, al tiempo que reducen de manera dramática sus oportunidades de desarrollo, de participación social, de acceso a la salud, de educación y empleo y, en consecuencia, degradan su dignidad como seres humanos.
En la vida cotidiana se presentan tanto en el espacio público como en el privado, por lo que la acción legal para reducirlas ha de ejercerse también en ambos espacios.
Cabe mencionar que la discriminación puede clasificarse en dos formas según la condición de los grupos que la sufren: la visible y la no visible.
La primera se refiere a las conductas discriminatorias por razón de género, de edad, de pertenencia étnica, de lengua, religión, oficio o profesión, orientación o preferencia sexual, identidad o expresión de género, condiciones de salud o de discapacidad, es decir, de conductas que llevan a la estigmatización de manera inmediata, pues los rasgos que la generan son físicamente visibles en el cuerpo mismo de las personas.
La segunda forma, la no visible, se presenta como consecuencia de un tipo de pertenencia menos evidente ante la percepción inmediata, pero capaz de dar lugar a violaciones de derechos tan graves como en el primer caso.
Entre las formas de discriminación no visible se registran los tratos de desprecio por motivos religiosos, por xenofobia, o por antisemitismo.
Finalmente, es importante decir que existen formas de discriminación, como la que se da por motivos de salud o por preferencia sexual no convencional, que en ocasiones se registra como visible y en ocasiones como no visible.
A pesar de que la fuerza de trabajo utilizada para el desarrollo de Quintana Roo en una alta proporción ha sido y es indígena, en Quintana Roo como en la mayoría de los estados de la República Mexicana existe racismo y discriminación en las diferentes clases sociales, culturas, ideas, forma de vestir, color de piel, altura, todo lo que es el físico, y la distinción de la familia donde uno proviene. De hecho, según la CDI, en Quintana Roo, el 39 por ciento de la población es indígena lo que representa alrededor de 45 mil habitantes, de los cuales debido a la discriminación laboral, académica, social y racista, tan sólo el 23 por ciento habla alguna lengua indígena.
El fenómeno de la discriminación en México en general, y en Quintana Roo en particular, es complejo y múltiple, pues implica formas de pensar y comportamientos sociales arraigados, mitos y prejuicios, trato injusto, persecución y exclusión, vacíos jurídicos y abuso de autoridad.
Sin embargo, lo más grave ha sido su precario reconocimiento, en efecto, la primera fase de la necesaria lucha contra la discriminación consiste en el reconocimiento de su extensión social y del daño, a veces irreparable, que lo causa.
Las prácticas discriminatorias son formas de trato diferenciado que vulneran y restringen los derechos fundamentales de las personas, al tiempo que reducen de manera dramática sus oportunidades de desarrollo, de participación social, de acceso a la salud, de educación y empleo y, en consecuencia, degradan su dignidad como seres humanos.
En la vida cotidiana se presentan tanto en el espacio público como en el privado, por lo que la acción legal para reducirlas ha de ejercerse también en ambos espacios.
Cabe mencionar que la discriminación puede clasificarse en dos formas según la condición de los grupos que la sufren: la visible y la no visible.
La primera se refiere a las conductas discriminatorias por razón de género, de edad, de pertenencia étnica, de lengua, religión, oficio o profesión, orientación o preferencia sexual, identidad o expresión de género, condiciones de salud o de discapacidad, es decir, de conductas que llevan a la estigmatización de manera inmediata, pues los rasgos que la generan son físicamente visibles en el cuerpo mismo de las personas.
La segunda forma, la no visible, se presenta como consecuencia de un tipo de pertenencia menos evidente ante la percepción inmediata, pero capaz de dar lugar a violaciones de derechos tan graves como en el primer caso.
Entre las formas de discriminación no visible se registran los tratos de desprecio por motivos religiosos, por xenofobia, o por antisemitismo.
Finalmente, es importante decir que existen formas de discriminación, como la que se da por motivos de salud o por preferencia sexual no convencional, que en ocasiones se registra como visible y en ocasiones como no visible.
Realizarán en Veracruz 8º Encuentro de Mujeres Indígenas
Veracruz, Ver., (Marcha).- Para promover las creaciones de las mujeres indígenas de México, se llevará a cabo el “Octavo Encuentro de Mujeres Indígenas en el Arte”, en el que se reunirán 150 féminas de 25 pueblos indígenas y 10 estados del país.
La directora de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Adriana Ocampo Hernández, señaló que el apoyo que otorga el gobierno federal a las comunidades indígenas es insuficiente.
“Es un apoyo importante, pero no será suficiente nunca porque ya es mucha la demanda, pero el apoyo es de impulso a sus publicaciones, en producciones de discos. Este tipo de festivales no sólo no se han interrumpido, estamos con un 30 por ciento más de las mujeres que nos han acompañado".
Para la promoción de los pueblos indígenas, la Conaculta, en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Cultura, trabajan en programas para el desarrollo integral de este sector.
El director del IVEC, Sergio Villasana Delfín, indicó que es en la zona de Zongolica en donde se concentra el mayor número de grupos indígenas de la entidad.
“A partir del, 10 estados del país, entre ellos Veracruz, operan en coordinación con la dirección de Culturas Populares de la Conaculta, el Programa para de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, a través del cual se han implementado acciones para apoyar a este sector”.
El “Octavo Encuentro de Mujeres Indígenas en el Arte” se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo, con sedes en Veracruz y Zongolica.
La directora de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Adriana Ocampo Hernández, señaló que el apoyo que otorga el gobierno federal a las comunidades indígenas es insuficiente.
“Es un apoyo importante, pero no será suficiente nunca porque ya es mucha la demanda, pero el apoyo es de impulso a sus publicaciones, en producciones de discos. Este tipo de festivales no sólo no se han interrumpido, estamos con un 30 por ciento más de las mujeres que nos han acompañado".
Para la promoción de los pueblos indígenas, la Conaculta, en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Cultura, trabajan en programas para el desarrollo integral de este sector.
El director del IVEC, Sergio Villasana Delfín, indicó que es en la zona de Zongolica en donde se concentra el mayor número de grupos indígenas de la entidad.
“A partir del, 10 estados del país, entre ellos Veracruz, operan en coordinación con la dirección de Culturas Populares de la Conaculta, el Programa para de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, a través del cual se han implementado acciones para apoyar a este sector”.
El “Octavo Encuentro de Mujeres Indígenas en el Arte” se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo, con sedes en Veracruz y Zongolica.
La tierra en México es trabajada por mayores de 50 años: INEGI
Ciudad de México, DF., (OEM).- La tierra en México es trabajada por personas mayores de 50 años de edad, debido a que los jóvenes o los hombres en edad madura emigran hacia las grandes ciudades o el extranjero, señaló esta mañana Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Geografía (INEGI).
Durante la presentación de los resultados del Censo Agropecuario 2007, el funcionario indicó que el 85 por ciento de las personas que trabajan en la tierra son hombres, mientras que el resto son mujeres (15%), y que incluso el 2 por ciento habla una lengua indígena.
Dijo que esta información permite conocer detalladamente la situación que prevalece en el ámbito agropecuario y forestal, aseveró que esto contribuirá a apoyar la toma de decisiones de los funcionarios, instituciones públicas y privadas, así como lideres de asociaciones de productores e individuos comprometidos con este ámbito.
Sojo destacó que la información fue recolectada en dos etapas; la primera del 11 de junio al 6 de julio del 2007, y la segunda del 1 de octubre al 30 de noviembre de mismo año.
Según los resultados, el sector agrícola captó la información de 6.4 millones de unidades de producción, de las cuales 5.5 millones, el 85.6%, corresponden a unidades con y uno o más terrenos y sólo el 14.4 corresponde a viviendas donde se practica la cría de animales, la recolección de productos silvestres o la agricultura protegida tipo vivero o invernadero.
El censo realizado a 9 mil personas, mostró que los principales estados productores son Guanajuato, Durango, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, y que el grano que más se produce en México es el maíz, seguido por el frijol y el sorgo
En los cultivos perennes el primer lugar lo ocupa el café, luego la caña de azúcar así como la naranja.
Durante la presentación de los resultados del Censo Agropecuario 2007, el funcionario indicó que el 85 por ciento de las personas que trabajan en la tierra son hombres, mientras que el resto son mujeres (15%), y que incluso el 2 por ciento habla una lengua indígena.
Dijo que esta información permite conocer detalladamente la situación que prevalece en el ámbito agropecuario y forestal, aseveró que esto contribuirá a apoyar la toma de decisiones de los funcionarios, instituciones públicas y privadas, así como lideres de asociaciones de productores e individuos comprometidos con este ámbito.
Sojo destacó que la información fue recolectada en dos etapas; la primera del 11 de junio al 6 de julio del 2007, y la segunda del 1 de octubre al 30 de noviembre de mismo año.
Según los resultados, el sector agrícola captó la información de 6.4 millones de unidades de producción, de las cuales 5.5 millones, el 85.6%, corresponden a unidades con y uno o más terrenos y sólo el 14.4 corresponde a viviendas donde se practica la cría de animales, la recolección de productos silvestres o la agricultura protegida tipo vivero o invernadero.
El censo realizado a 9 mil personas, mostró que los principales estados productores son Guanajuato, Durango, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, y que el grano que más se produce en México es el maíz, seguido por el frijol y el sorgo
En los cultivos perennes el primer lugar lo ocupa el café, luego la caña de azúcar así como la naranja.
Obras pedagógicas para impulso de la educación en la Meseta Purépecha
Cherán, Mich., (Cambio).- Nuevas obras relacionadas con la educación indígena en Michoacán fueron presentadas por sus autores en la comunidad indígena de Cherán, durante un evento llevado a cabo en la Secundaria Técnica Federal ante autoridades de la cabecera municipal a través de un acto cultural.
Los escritores son el Alejo Maldonado Gallardo, el Casimiro Leco Tomás y J. Guadalupe Tehandón Chapina, originario el primero de Huetamo y los siguientes de Cherán, y sus obras son: “Una educación para el cambio social 1928-1940” y “La Normal Indígena de Michoacán: historia, pedagogía e identidad étnica”.
En la presentación de las obras relacionadas con la educación rural e indígena estuvo presente el presidente municipal de Nahuatzén, Javier García Molina, Gerardo Alonso Méndez, director de Educación Indígena en Michoacán, Teresa Ulloa, defensora de los Derechos Humanos, José Ramírez Guzmán, Jefe del Departamento de ediciones del IMCED, Jesús Martínez Sánchez coordinador del CEDEPROM, Paracho-Cherán, así como profesionistas e investigadores de esta región indígena. Así mismo presentes los cheranenses Casimiro Leco y J. Guadalupe Tehandon.
Cabe mencionar que Casimiro Leco Tomás es licenciado en Historia, se graduó en el departamento de idiomas en Inglés y Purépecha, también obtuvo grado de maestría y doctorado en el Colegio de Michoacán. Leco es especialista en temas sobre la región purépecha, donde ha estudiado las disputas por el bosque, la tenencia comunal de la tierra, organización social, política, religión, educación, cultura, historia y sociedad, estudios de la migración indígena en México y el mundo. Leco Tomás ha escrito tres obras en español las cuales tienen que ver con la educación y migración, así mismo una obra en inglés.
Por otra parte, J. Guadalupe Tehandón Chapina es ex presidente municipal de Cherán, académico de educación secundaria y actual comisionado en educación y cultura de la Sección XVIII de la CNTE, quien por cierto se tituló en el grado de maestría en Pedagogía con una investigación histórica relacionada con origen, proceso de lucha y consolidación de la Normal Indígena de Michoacán. Tehandon Chapina también ya presentó otra obra relacionada con la gastronomía indígena titulada “Cherán y su alimentación tradicional indígena”.
Leco-Tehandon, realizaron una mancuerna para presentar “La Escuela Normal Indígena de Michoacán: Historia, pedagogía e identidad étnica”, misma que tiene que ver con el proceso histórico de la primera escuela formadora de docentes indígenas en Michoacán, para las cuatro etnias más representativas en el estado las cuales son: la otomí, mazahua, purépecha y náhuatl.
Para los autores, exponer la historia de la Normal Indígena tiene gran importancia porque por primera vez se atiende a un sector desprotegido durante más de 400 años a quienes se les había negado el derecho de preparar a generaciones jóvenes en el ámbito de la docencia, para ahora rescatar la idiosincrasia de los pueblos indígenas en Michoacán y México.
También Casimiro Leco es coautor de la obra “Una educación para el cambio social 1928-1940” compartida con el Dr. Alejo Maldonado Gallardo, donde en entrevista con Cambio de Michoacán, Leco Tomás, opinó: “esta obra es el resultado del trabajo de dos autores que plantean la perspectiva de la educación en el medio rural en Michoacán durante el cardenismo, es un trabajo netamente histórico fundado en ese periodo”, informó.
Los escritores son el Alejo Maldonado Gallardo, el Casimiro Leco Tomás y J. Guadalupe Tehandón Chapina, originario el primero de Huetamo y los siguientes de Cherán, y sus obras son: “Una educación para el cambio social 1928-1940” y “La Normal Indígena de Michoacán: historia, pedagogía e identidad étnica”.
En la presentación de las obras relacionadas con la educación rural e indígena estuvo presente el presidente municipal de Nahuatzén, Javier García Molina, Gerardo Alonso Méndez, director de Educación Indígena en Michoacán, Teresa Ulloa, defensora de los Derechos Humanos, José Ramírez Guzmán, Jefe del Departamento de ediciones del IMCED, Jesús Martínez Sánchez coordinador del CEDEPROM, Paracho-Cherán, así como profesionistas e investigadores de esta región indígena. Así mismo presentes los cheranenses Casimiro Leco y J. Guadalupe Tehandon.
Cabe mencionar que Casimiro Leco Tomás es licenciado en Historia, se graduó en el departamento de idiomas en Inglés y Purépecha, también obtuvo grado de maestría y doctorado en el Colegio de Michoacán. Leco es especialista en temas sobre la región purépecha, donde ha estudiado las disputas por el bosque, la tenencia comunal de la tierra, organización social, política, religión, educación, cultura, historia y sociedad, estudios de la migración indígena en México y el mundo. Leco Tomás ha escrito tres obras en español las cuales tienen que ver con la educación y migración, así mismo una obra en inglés.
Por otra parte, J. Guadalupe Tehandón Chapina es ex presidente municipal de Cherán, académico de educación secundaria y actual comisionado en educación y cultura de la Sección XVIII de la CNTE, quien por cierto se tituló en el grado de maestría en Pedagogía con una investigación histórica relacionada con origen, proceso de lucha y consolidación de la Normal Indígena de Michoacán. Tehandon Chapina también ya presentó otra obra relacionada con la gastronomía indígena titulada “Cherán y su alimentación tradicional indígena”.
Leco-Tehandon, realizaron una mancuerna para presentar “La Escuela Normal Indígena de Michoacán: Historia, pedagogía e identidad étnica”, misma que tiene que ver con el proceso histórico de la primera escuela formadora de docentes indígenas en Michoacán, para las cuatro etnias más representativas en el estado las cuales son: la otomí, mazahua, purépecha y náhuatl.
Para los autores, exponer la historia de la Normal Indígena tiene gran importancia porque por primera vez se atiende a un sector desprotegido durante más de 400 años a quienes se les había negado el derecho de preparar a generaciones jóvenes en el ámbito de la docencia, para ahora rescatar la idiosincrasia de los pueblos indígenas en Michoacán y México.
También Casimiro Leco es coautor de la obra “Una educación para el cambio social 1928-1940” compartida con el Dr. Alejo Maldonado Gallardo, donde en entrevista con Cambio de Michoacán, Leco Tomás, opinó: “esta obra es el resultado del trabajo de dos autores que plantean la perspectiva de la educación en el medio rural en Michoacán durante el cardenismo, es un trabajo netamente histórico fundado en ese periodo”, informó.
Municipios indígenas, próxima meta
Ciudad de México, DF., (La Jornada).- Como parte de una nueva etapa del movimiento en defensa de la economía popular, Andrés Manuel López Obrador comenzó otro recorrido por todo el país, que empezará con una visita a las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, continuará en las primeras dos semanas de junio próximo con la evaluación de los comités municipales del "gobierno legítimo", y ayer confirmó que desde septiembre y hasta finales de año recorrerá los 418 municipios indígenas de Oaxaca regidos por usos y costumbres.
Durante la asamblea informativa del movimiento en defensa de la economía popular, Bertha Luján, integrante del "gobierno legítimo", presentó las fechas y ciudades que visitará López Obrador para reunirse con los comités, instancias que constituyen la "célula básica" del movimiento.
El primero de junio estará en Cancún, Mérida y Campeche; al día siguiente viajará a Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez. El día 3 estará en Chihuahua y Durango, mientras el 4 visitará La Paz y Hermosillo. El 5 de junio acudirá a Culiacán y Tepic; el 6, Jalapa y Tlaxcala; el domingo 7, Oaxaca y Puebla; el 8, Guadalajara y Colima, mientras que el día 9 se trasladará a Saltillo y Monterrey; el 10 estará en Ciudad Victoria y en San Luis Potosí.
Un día después viajará a las capitales de Guanajuato y Querétaro; el viernes 12 estará en Chilpancingo y Oaxaca, mientras que el sábado 13 acudirá a las capitales de Michoacán y el estado de México; el domingo 14, en Tijuana; el 15, en Zacatecas y Aguascalientes, y terminará el 16 de junio en Pachuca y el Distrito Federal.
Finalmente, el último cuatrimestre del año tiene previsto visitar los 418 municipios indígenas que se rigen por usos y costumbres en Oaxaca, y afirmó que prácticamente se irá a residir a esa entidad, con lo cual concluiría los casi 2 mil 500 municipios de todo el país.
Anunció que a finales de abril estarán en operación casas del movimiento en toda la República, porque la intención es contar en tres años con 15 millones de adherentes al "gobierno legítimo", y dijo que ya funcionan y dan servicio popular 16 casas en cada una de las delegaciones del Distrito Federal y 34 en los estados.
Durante la asamblea informativa del movimiento en defensa de la economía popular, Bertha Luján, integrante del "gobierno legítimo", presentó las fechas y ciudades que visitará López Obrador para reunirse con los comités, instancias que constituyen la "célula básica" del movimiento.
El primero de junio estará en Cancún, Mérida y Campeche; al día siguiente viajará a Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez. El día 3 estará en Chihuahua y Durango, mientras el 4 visitará La Paz y Hermosillo. El 5 de junio acudirá a Culiacán y Tepic; el 6, Jalapa y Tlaxcala; el domingo 7, Oaxaca y Puebla; el 8, Guadalajara y Colima, mientras que el día 9 se trasladará a Saltillo y Monterrey; el 10 estará en Ciudad Victoria y en San Luis Potosí.
Un día después viajará a las capitales de Guanajuato y Querétaro; el viernes 12 estará en Chilpancingo y Oaxaca, mientras que el sábado 13 acudirá a las capitales de Michoacán y el estado de México; el domingo 14, en Tijuana; el 15, en Zacatecas y Aguascalientes, y terminará el 16 de junio en Pachuca y el Distrito Federal.
Finalmente, el último cuatrimestre del año tiene previsto visitar los 418 municipios indígenas que se rigen por usos y costumbres en Oaxaca, y afirmó que prácticamente se irá a residir a esa entidad, con lo cual concluiría los casi 2 mil 500 municipios de todo el país.
Anunció que a finales de abril estarán en operación casas del movimiento en toda la República, porque la intención es contar en tres años con 15 millones de adherentes al "gobierno legítimo", y dijo que ya funcionan y dan servicio popular 16 casas en cada una de las delegaciones del Distrito Federal y 34 en los estados.
Mamá Lucha también habla la lengua indígena
Ocosingo, Chis., (Milenio)./ Tas pigil te cristianosetic ya yabal spastil ja wotanic te muc’ol Tienda Aurrera, dice la grabación en tzeltal, dando la bienvenida a los nuevos compradores de Wal-Mart en Ocosingo, ofreciendo descuentos, productos nuevos, un nuevo estilo de vida, todo nuevo.
En 1994, las imágenes del conflicto en el Ocosingo brevemente ocupado por el EZLN, de su presidencia municipal en llamas y posteriormente de decenas de guerrilleros abatidos dieron la vuelta al mundo.
Hoy, quince años después, la historia es de otra batalla, es comercial: bajo la bandera de Bodega Aurrera, Wal-Mart Corporation de Arkansas celebró a finales del año pasado la apertura de una más de sus 3 mil 500 tiendas, un hecho inédito en una de las zonas de mayor resistencia a la globalización en México.
Con una estrategia diseñada para hacerse líder en la zona, la empresa inició desde finales de 2008 la lucha por el control del mercado de consumo de los cerca de 75 mil personas asentadas en la región inmediata, un mosaico típicamente chiapaneco compuesto en su mayor parte por militares, indígenas tzeltales, la clase media mestiza, terratenientes blancos y maestros rurales.
El ejemplo de cómo se penetra a ese mercado se repite, una y otra vez, en un altavoz: “Ya yalbat y u un yaca wilic te pigil departamento setic liíc maro pekel stosol jai temachatic”, insiste la voz femenina, que pone a disposición de la clientela productos novedosos a precios bajos. La ofensiva se apoya además en la figura de un personaje ficticio conocido como Mamá Lucha, un dibujo animado que representa a la típica ama de casa clasemediera mexicana.
Sólo que aquí, esa típica ama de casa habla en lengua indígena. Business is business: el dinero no tiene color de piel.
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La corporación más grande del planeta ha decidido hacer uso de lo local para penetrar en el mercado de Ocosingo. Para ello, ha dispuesto de una decena de empleados fluidos en tzeltal para asistir a compradores que, en muchos casos, no hablan español.
La vida del pueblo ha cambiado, con efectos aún difíciles de medir. La apertura de la primera Bodega Aurrera en Ocosingo, en noviembre de 2008, fue un verdadero fenómeno. Noche tras noche, la tienda atrae a centenares de personas en busca de compras baratas.
La novedad fue instantánea. De la noche a la mañana, esta comunidad chiapaneca que por años sólo había sido atendida por un pequeño SuperIssste se encontró con que tenía en una de sus zonas más céntricas a su disposición un supermercado global.
“Lo que hicimos fue determinar cuáles eran los productos más vendidos y buscamos tener los precios más bajos”, aseguró Jorge Carreón, administrador de la tienda.
“No nos damos abasto, sobre todo con los indígenas”, añade Gehú Corzo, subgerente de operaciones de la tienda, que a las siete de la noche en jueves se convierte en un hormiguero de tzeltales y maestros a la busca de pan fresco.
Para todo fin práctico, el pan se convirtió en el producto más requerido. Sobre todo el bolillo, inexistente en las panaderías tradicionales del pueblo.
Otros productos de gran demanda han sido los vegetales —en especial el jitomate traído directamente desde la Ciudad de México en contenedores refrigerados—, el pollo congelado y las tostadas.
Los cálculos de Carreón ubican a la clientela de la tienda en 60 por ciento de maestros rurales, 30 por ciento de indígenas tzeltales y 10 por ciento de militares apostados en algunas de las guarniciones distribuidas por la región, construidas tras el levantamiento zapatista.
“Para penetrar en el mercado decidimos que era necesario tener una agresiva campaña de comercialización en tzeltal”, indicó el gerente.
Y sin embargo, pese a la nueva competencia, el mercado rural ubicado a dos cuadras de distancia se mantiene vibrante.
•••
“Exclusivo tianguis de productores para mujeres indígenas. Sólo productores de la región. Hombres… ¡No! Reventa… ¡No!”, dice el cartelón, ubicado a la entrada de la explanada que marca el inicio del mítico mercado de Belisario Domínguez.
Son las cinco de la mañana y el mercado tradicional de Ocosingo, en el que todas las vendedoras son mujeres indígenas, ya reúne a decenas de compradores en busca de alimentos frescos.
Pasarán cinco, siete, ocho horas más y la clientela seguirá llegando.
Carentes de una estructura corporativa como la de Wal-Mart, los precios de las productoras indígenas son un poco más elevados. El jitomate se vende a 10 pesos el bonche —la medida local—, contra los 9.20 del kilo en la Bodega Aurrera; el pepino a 8 pesos versus 7.50 de la competencia; y la pieza de huevo a 2.50 contra 2 pesos.
Sin embargo, para muchos compradores el atractivo de productos frescos, sin conservadores, cultivados de forma orgánica.
“El supermercado vende más barato que los productores pequeños, pero las clientelas son diferentes”, asegura José Luna, cobrador del mercado rural.
Elizabeth, tzeltal que cultiva lo que vende, asegura que las ventas de productos orgánicos y recién cultivados se han mantenido pese a la llegada de la competencia a sólo dos cuadras de distancia. “Me preocupa más crisis”, dice en español acentuado.
La oferta de perecederos también es más variada. Café, chile, pepita, pepinos, huevo, leña, hojas de maíz para tamal, la tradición sobre la estructura.
A final de cuentas, pareciera una cuestión de gustos: lo global y lo local conviven, cada uno en su nicho. Si mantendrán la tregua en el futuro, si cada quién mantendrá sus respectivos clientes, se verá con el paso del tiempo. Mientras tanto, la voz de la grabación sigue. Con un fondo de cumbia, la voz femenina incita a pasar, de las calles de Ocosingo a los pasillos del hipermundo globalizado: “¡Te pigil departamento setic liíc!”.
En 1994, las imágenes del conflicto en el Ocosingo brevemente ocupado por el EZLN, de su presidencia municipal en llamas y posteriormente de decenas de guerrilleros abatidos dieron la vuelta al mundo.
Hoy, quince años después, la historia es de otra batalla, es comercial: bajo la bandera de Bodega Aurrera, Wal-Mart Corporation de Arkansas celebró a finales del año pasado la apertura de una más de sus 3 mil 500 tiendas, un hecho inédito en una de las zonas de mayor resistencia a la globalización en México.
Con una estrategia diseñada para hacerse líder en la zona, la empresa inició desde finales de 2008 la lucha por el control del mercado de consumo de los cerca de 75 mil personas asentadas en la región inmediata, un mosaico típicamente chiapaneco compuesto en su mayor parte por militares, indígenas tzeltales, la clase media mestiza, terratenientes blancos y maestros rurales.
El ejemplo de cómo se penetra a ese mercado se repite, una y otra vez, en un altavoz: “Ya yalbat y u un yaca wilic te pigil departamento setic liíc maro pekel stosol jai temachatic”, insiste la voz femenina, que pone a disposición de la clientela productos novedosos a precios bajos. La ofensiva se apoya además en la figura de un personaje ficticio conocido como Mamá Lucha, un dibujo animado que representa a la típica ama de casa clasemediera mexicana.
Sólo que aquí, esa típica ama de casa habla en lengua indígena. Business is business: el dinero no tiene color de piel.
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La corporación más grande del planeta ha decidido hacer uso de lo local para penetrar en el mercado de Ocosingo. Para ello, ha dispuesto de una decena de empleados fluidos en tzeltal para asistir a compradores que, en muchos casos, no hablan español.
La vida del pueblo ha cambiado, con efectos aún difíciles de medir. La apertura de la primera Bodega Aurrera en Ocosingo, en noviembre de 2008, fue un verdadero fenómeno. Noche tras noche, la tienda atrae a centenares de personas en busca de compras baratas.
La novedad fue instantánea. De la noche a la mañana, esta comunidad chiapaneca que por años sólo había sido atendida por un pequeño SuperIssste se encontró con que tenía en una de sus zonas más céntricas a su disposición un supermercado global.
“Lo que hicimos fue determinar cuáles eran los productos más vendidos y buscamos tener los precios más bajos”, aseguró Jorge Carreón, administrador de la tienda.
“No nos damos abasto, sobre todo con los indígenas”, añade Gehú Corzo, subgerente de operaciones de la tienda, que a las siete de la noche en jueves se convierte en un hormiguero de tzeltales y maestros a la busca de pan fresco.
Para todo fin práctico, el pan se convirtió en el producto más requerido. Sobre todo el bolillo, inexistente en las panaderías tradicionales del pueblo.
Otros productos de gran demanda han sido los vegetales —en especial el jitomate traído directamente desde la Ciudad de México en contenedores refrigerados—, el pollo congelado y las tostadas.
Los cálculos de Carreón ubican a la clientela de la tienda en 60 por ciento de maestros rurales, 30 por ciento de indígenas tzeltales y 10 por ciento de militares apostados en algunas de las guarniciones distribuidas por la región, construidas tras el levantamiento zapatista.
“Para penetrar en el mercado decidimos que era necesario tener una agresiva campaña de comercialización en tzeltal”, indicó el gerente.
Y sin embargo, pese a la nueva competencia, el mercado rural ubicado a dos cuadras de distancia se mantiene vibrante.
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“Exclusivo tianguis de productores para mujeres indígenas. Sólo productores de la región. Hombres… ¡No! Reventa… ¡No!”, dice el cartelón, ubicado a la entrada de la explanada que marca el inicio del mítico mercado de Belisario Domínguez.
Son las cinco de la mañana y el mercado tradicional de Ocosingo, en el que todas las vendedoras son mujeres indígenas, ya reúne a decenas de compradores en busca de alimentos frescos.
Pasarán cinco, siete, ocho horas más y la clientela seguirá llegando.
Carentes de una estructura corporativa como la de Wal-Mart, los precios de las productoras indígenas son un poco más elevados. El jitomate se vende a 10 pesos el bonche —la medida local—, contra los 9.20 del kilo en la Bodega Aurrera; el pepino a 8 pesos versus 7.50 de la competencia; y la pieza de huevo a 2.50 contra 2 pesos.
Sin embargo, para muchos compradores el atractivo de productos frescos, sin conservadores, cultivados de forma orgánica.
“El supermercado vende más barato que los productores pequeños, pero las clientelas son diferentes”, asegura José Luna, cobrador del mercado rural.
Elizabeth, tzeltal que cultiva lo que vende, asegura que las ventas de productos orgánicos y recién cultivados se han mantenido pese a la llegada de la competencia a sólo dos cuadras de distancia. “Me preocupa más crisis”, dice en español acentuado.
La oferta de perecederos también es más variada. Café, chile, pepita, pepinos, huevo, leña, hojas de maíz para tamal, la tradición sobre la estructura.
A final de cuentas, pareciera una cuestión de gustos: lo global y lo local conviven, cada uno en su nicho. Si mantendrán la tregua en el futuro, si cada quién mantendrá sus respectivos clientes, se verá con el paso del tiempo. Mientras tanto, la voz de la grabación sigue. Con un fondo de cumbia, la voz femenina incita a pasar, de las calles de Ocosingo a los pasillos del hipermundo globalizado: “¡Te pigil departamento setic liíc!”.
Acróbatas indígenas presumen su agilidad
Papantla, Ver., (La Crónica de Hoy).- Maromeros, zanqueros y voladores, en su mayoría de la región Totonacapan, crearon la primera escuela de acrobacia en el estado de Veracruz con la finalidad rescatar esta disciplina que más que divertir y entretener es utilizada por los indígenas como un acto ceremonial: “es una forma de agradecerle a su Dios, el sustento y la salud que albergan en su familia”, dijo en entrevista con Crónica, Federico Serrano, director de la escuela y representante del Circo Atayde Hermanos.
El espectáculo del circo indígena, que se exhibe en el marco de la celebración del décimo aniversario de Cumbre Tajín sorprendió a los espectadores, ya que los 26 integrantes de la primera escuela de acrobacia en México demostraron su elasticidad, talento y sobre todo destreza para desenvolverse en el escenario a pesar de que significa para ellos todo un rito ceremonial.
“Varias comunidades indígenas realizan este tipo de actividades para comunicarse con sus dioses, ya sea para pedirles o agradecerles algo, así que a través de un esfuerzo físico, ellos hacen un sacrificio, el cual no es necesariamente el de lastimarse, sino más bien de expresar con sus movimientos corporales su agradecimiento”, mencionó Serrano.
Y agregó: “Cada paso, cada brinco, cada vuelta tiene un significado muy especial para ellos, ha sido difícil para que acepten que su rito también es una fuente de entretenimiento, porque en una maroma se realizan diversas figuras como la de un chango o una ave que es muy artístico”.
El también maestro manifestó que afortunadamente aún esta disciplina sigue vigente en diferentes estados del país como en Guerrero, Oaxaca, en zapotecos de Veracruz y en totonacas.
Respecto a la escuela de acrobacia dijo Serrano que se siente afortunado de ser parte de este proyecto que apenas va evolucionar. “México es un país que tiene una tradición y un patrimonio ritual que pocos pueblos tienen en el mundo, me atrevo a decir que quizá somos pioneros de un nivel que ahora tiene el pueblo chino”.
Detalló que el objetivo de la escuela es rescatar, valorar y reafirmar la identidad y las prácticas rituales, que actualmente hacen los pueblos indígenas, pues el objetivo es que esta actividad permanezca en un futuro y no quede en el olvido como otras muchas tradiciones.
Desde luego resaltó, que también se les enseña técnicas y otras disciplinas circenses como son juegos malabares, de equilibrio, estrategias físicas y de esta manera darles mayores herramientas para que sean unos excelentes intérpretes de malabares indígenas y también puedan ser parte de una compañía circense, ya que la mayoría de ellos han aprendido la acrobacia porque sus amigos tíos o abuelitos se dedicaron a este arte. Actualmente la escuela tiene alumnos de siete a 20 años.
El espectáculo del circo indígena, que se exhibe en el marco de la celebración del décimo aniversario de Cumbre Tajín sorprendió a los espectadores, ya que los 26 integrantes de la primera escuela de acrobacia en México demostraron su elasticidad, talento y sobre todo destreza para desenvolverse en el escenario a pesar de que significa para ellos todo un rito ceremonial.
“Varias comunidades indígenas realizan este tipo de actividades para comunicarse con sus dioses, ya sea para pedirles o agradecerles algo, así que a través de un esfuerzo físico, ellos hacen un sacrificio, el cual no es necesariamente el de lastimarse, sino más bien de expresar con sus movimientos corporales su agradecimiento”, mencionó Serrano.
Y agregó: “Cada paso, cada brinco, cada vuelta tiene un significado muy especial para ellos, ha sido difícil para que acepten que su rito también es una fuente de entretenimiento, porque en una maroma se realizan diversas figuras como la de un chango o una ave que es muy artístico”.
El también maestro manifestó que afortunadamente aún esta disciplina sigue vigente en diferentes estados del país como en Guerrero, Oaxaca, en zapotecos de Veracruz y en totonacas.
Respecto a la escuela de acrobacia dijo Serrano que se siente afortunado de ser parte de este proyecto que apenas va evolucionar. “México es un país que tiene una tradición y un patrimonio ritual que pocos pueblos tienen en el mundo, me atrevo a decir que quizá somos pioneros de un nivel que ahora tiene el pueblo chino”.
Detalló que el objetivo de la escuela es rescatar, valorar y reafirmar la identidad y las prácticas rituales, que actualmente hacen los pueblos indígenas, pues el objetivo es que esta actividad permanezca en un futuro y no quede en el olvido como otras muchas tradiciones.
Desde luego resaltó, que también se les enseña técnicas y otras disciplinas circenses como son juegos malabares, de equilibrio, estrategias físicas y de esta manera darles mayores herramientas para que sean unos excelentes intérpretes de malabares indígenas y también puedan ser parte de una compañía circense, ya que la mayoría de ellos han aprendido la acrobacia porque sus amigos tíos o abuelitos se dedicaron a este arte. Actualmente la escuela tiene alumnos de siete a 20 años.
22 mar 2009
Prevén reconocer a Policía Comunitaria
Chilpancingo, Gro., (Reforma).- El Gobierno de Guerrero alista un proyecto de reconocimiento legal de la Policía Comunitaria que opera en 72 poblados que pertenecen a 10 municipios, declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Heriberto Salinas Altés.
"Lo primero que se tiene que hacer es que todas las armas que utilizan los elementos de esta corporación tienen que incluirlas en el permiso colectivo que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional", refirió el General.
Salinas Altés comentó que esa Secretaría está dispuesta a asesorar a esta policía comunitaria para que obtenga el permiso de portación de armas ante la Defensa Nacional.
Son más de 400 armas, entre rifles de calibre .16 y .22, las que poseen los elementos de esta corporación que recorren las comunidades de municipios de la región de la Montaña para brindar seguridad a la ciudadanía.
El titular de la SSPPC, admitió que el índice de violencia delincuencial ha disminuido en forma notable en la zona donde opera la Policía Comunitaria.
En mayo próximo se realizará un foro estatal en algunas de las comunidades donde opera esta Policía y el propósito de este evento es para que especialistas en la materia aporten opiniones respecto a la corporación.
"Lo primero que se tiene que hacer es que todas las armas que utilizan los elementos de esta corporación tienen que incluirlas en el permiso colectivo que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional", refirió el General.
Salinas Altés comentó que esa Secretaría está dispuesta a asesorar a esta policía comunitaria para que obtenga el permiso de portación de armas ante la Defensa Nacional.
Son más de 400 armas, entre rifles de calibre .16 y .22, las que poseen los elementos de esta corporación que recorren las comunidades de municipios de la región de la Montaña para brindar seguridad a la ciudadanía.
El titular de la SSPPC, admitió que el índice de violencia delincuencial ha disminuido en forma notable en la zona donde opera la Policía Comunitaria.
En mayo próximo se realizará un foro estatal en algunas de las comunidades donde opera esta Policía y el propósito de este evento es para que especialistas en la materia aporten opiniones respecto a la corporación.
Eligen a reo como representante comunal
Oaxaca, Oax., (Reforma).- Habitantes de Santo Domingo Ixcatlán eligieron este domingo como su nuevo presidente del Comisariado de Bienes Comunales a Fredy Eucario Morales Arias, quien actualmente se encuentra preso, acusado de asesinar y desollar a tres personas.
Pedro Castro Hernández, presidente de la mesa de debates de la asamblea comunitaria, informó que Morales Arias obtuvo el voto de los 223 comuneros que participaron en la elección.
Asimismo, indicó que el también ex Edil de Ixcatlán fue el único candidato propuesto por el Consejo de Ancianos.
La asamblea se celebró en la plaza principal de esta comunidad ubicada en la región de la Sierra Sur, en los límites con la Mixteca.
La elección se realizó a través de voto secreto depositado en urnas elaboradas con cajas de cartón.
Castro Hernández aseguró que la elección fue avalada por funcionarios de la Procuraduría Agraria y de la Junta de Conciliación Agraria.
Fredy Eucario Morales Arias se encuentra recluido en el Penal Central del Estado, ubicado en el Municipio de Santa Lucía del Camino.
Está acusado de haber asesinado a tres pobladores de Ixcatlán, quienes se oponían a que grupos armados vigilaran las más de mil hectáreas que están en conflicto con el Municipio vecino de Chalcatongo de Hidalgo.
A finales del año pasado, un grupo de habitantes de Ixcatlán denunció que este grupo armado corrió a los policías estatales que resguardaban la comunidad y asumieron el control de ésta.
La elección de este domingo fue resguardada por 65 elementos de la Policía Estatal, quienes llegaron a bordo de 12 patrullas, aseguró Castro Hernández.
Pedro Castro Hernández, presidente de la mesa de debates de la asamblea comunitaria, informó que Morales Arias obtuvo el voto de los 223 comuneros que participaron en la elección.
Asimismo, indicó que el también ex Edil de Ixcatlán fue el único candidato propuesto por el Consejo de Ancianos.
La asamblea se celebró en la plaza principal de esta comunidad ubicada en la región de la Sierra Sur, en los límites con la Mixteca.
La elección se realizó a través de voto secreto depositado en urnas elaboradas con cajas de cartón.
Castro Hernández aseguró que la elección fue avalada por funcionarios de la Procuraduría Agraria y de la Junta de Conciliación Agraria.
Fredy Eucario Morales Arias se encuentra recluido en el Penal Central del Estado, ubicado en el Municipio de Santa Lucía del Camino.
Está acusado de haber asesinado a tres pobladores de Ixcatlán, quienes se oponían a que grupos armados vigilaran las más de mil hectáreas que están en conflicto con el Municipio vecino de Chalcatongo de Hidalgo.
A finales del año pasado, un grupo de habitantes de Ixcatlán denunció que este grupo armado corrió a los policías estatales que resguardaban la comunidad y asumieron el control de ésta.
La elección de este domingo fue resguardada por 65 elementos de la Policía Estatal, quienes llegaron a bordo de 12 patrullas, aseguró Castro Hernández.
Se festejará por todo lo alto designación de Voladores de Papantla
Papantla, Ver., (Notimex).- De ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el tradicional rito totonaca de los Voladores de Papantla, los organizadores de la Cumbre Tajín festejarán con un vuelo simultáneo en todos los palos voladores de Mesoamérica.
Así lo dio a conocer Salomón Bazbaz Lapidus, productor ejecutivo del Festival de la Identidad, quien aseguró que de conseguir el nombramiento en octubre próximo, se tiene previsto una gran celebración.
Asimismo dijo que en caso de que autoridades del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitan un fallo en contra, "el plan de salvaguarda del ritual de la danza de los hombres pájaro, continuará".
Estoy convencido de que si no se da esta ocasión, en el futuro se volverá a presentar la propuesta, pues estamos hablando de una de las expresiones más importantes de la humanidad, indicó el también promotor cultural, al tiempo que reveló que de darse el nombramiento a favor, se promoverá una legislación para proteger este ritual.
Al hacer un balance del evento que hoy llegó a su fin, precisó que durante cinco días se tuvo una afluencia de poco más de 50 mil visitantes siendo el pasado viernes durante el concierto del grupo de Los Tigres del Norte, el día que se congregaron 25 mil personas rompiendo el record del propio Parque Temático en 2008, con 22 mil. Reportó un festival de manera armónica, pues las más de cinco mil actividades programadas, se realizaron en absoluta paz.
"Estamos contentos y esto nos representa la satisfacción más grande que puede tener un equipo como el nuestro y lograr que la gente se lleve algo", expresó.
Comentó que cerca de más de cuatro mil artistas participaron en ceremonias, talleres, rituales, terapias alternativas, juegos autóctonos, conciertos, danzas, actos circenses, conferencias, exposiciones y proyecciones.
"Fueron cuatro mil y dos mil 500 de ellos, han sido totonaco, lo cual nos da un doble gusto; además de que en la parte de organización participaron cinco mil personas", agregó. Por otra parte, se mostró dispuesto a apoyar en la próxima edición de Cumbre Tajín, con los festejos del 2010, siempre y cuando se solicite.
"La idea es que en el Plan General de actividades encaminadas al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, se le dé una mayor importancia a las culturas indígenas, porque no podemos pensar en el México actual, sin estas culturas".
"La celebración, me gustaría que se cargará a este sentido, porque son ellas las que nos han dado una identidad y las que nos han hecho un país diverso", expresó. Recordó que el festejo tuvo momentos mágicos, como la realización del Encuentro Internacional de Voladores, en donde se logró reunir a voladores desde San Luis Potosí, hasta Guatemala.
En el IV Encuentro de Artesanos participaron más de 300 creadores de 140 municipios del estado de Veracruz; y se reconoció al líder moral y espiritual del Consejo Supremo Totonaco, Juan Simbrón Méndez.
De igual manera se admiró el espectáculo de luz y sonido, denominado "Tajín vive", en la zona arqueológica. En general, todas las actividades realizadas, han sido de una excelente calidad, indicó Bazbaz Lapidus, quien sostuvo que el Tajín cumple con los objetivos de "traer al mundo el totonacapan y el totonacapan al mundo.
De igual manera sostuvo que el 30 por ciento de lo recaudado en taquilla, será destinado para las becas de los estudiantes totonacos que se han visto beneficiados, gracias a la realización del festival.
Cabe destacar que la jornada concluirá por la noche en el nicho de la música, con la presentación por segunda vez en este festejo, del acordionista regiomontano Celso Piña, cerrando de este modo la décima edición de la Cumbre Ají Ne 2009.
Así lo dio a conocer Salomón Bazbaz Lapidus, productor ejecutivo del Festival de la Identidad, quien aseguró que de conseguir el nombramiento en octubre próximo, se tiene previsto una gran celebración.
Asimismo dijo que en caso de que autoridades del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitan un fallo en contra, "el plan de salvaguarda del ritual de la danza de los hombres pájaro, continuará".
Estoy convencido de que si no se da esta ocasión, en el futuro se volverá a presentar la propuesta, pues estamos hablando de una de las expresiones más importantes de la humanidad, indicó el también promotor cultural, al tiempo que reveló que de darse el nombramiento a favor, se promoverá una legislación para proteger este ritual.
Al hacer un balance del evento que hoy llegó a su fin, precisó que durante cinco días se tuvo una afluencia de poco más de 50 mil visitantes siendo el pasado viernes durante el concierto del grupo de Los Tigres del Norte, el día que se congregaron 25 mil personas rompiendo el record del propio Parque Temático en 2008, con 22 mil. Reportó un festival de manera armónica, pues las más de cinco mil actividades programadas, se realizaron en absoluta paz.
"Estamos contentos y esto nos representa la satisfacción más grande que puede tener un equipo como el nuestro y lograr que la gente se lleve algo", expresó.
Comentó que cerca de más de cuatro mil artistas participaron en ceremonias, talleres, rituales, terapias alternativas, juegos autóctonos, conciertos, danzas, actos circenses, conferencias, exposiciones y proyecciones.
"Fueron cuatro mil y dos mil 500 de ellos, han sido totonaco, lo cual nos da un doble gusto; además de que en la parte de organización participaron cinco mil personas", agregó. Por otra parte, se mostró dispuesto a apoyar en la próxima edición de Cumbre Tajín, con los festejos del 2010, siempre y cuando se solicite.
"La idea es que en el Plan General de actividades encaminadas al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, se le dé una mayor importancia a las culturas indígenas, porque no podemos pensar en el México actual, sin estas culturas".
"La celebración, me gustaría que se cargará a este sentido, porque son ellas las que nos han dado una identidad y las que nos han hecho un país diverso", expresó. Recordó que el festejo tuvo momentos mágicos, como la realización del Encuentro Internacional de Voladores, en donde se logró reunir a voladores desde San Luis Potosí, hasta Guatemala.
En el IV Encuentro de Artesanos participaron más de 300 creadores de 140 municipios del estado de Veracruz; y se reconoció al líder moral y espiritual del Consejo Supremo Totonaco, Juan Simbrón Méndez.
De igual manera se admiró el espectáculo de luz y sonido, denominado "Tajín vive", en la zona arqueológica. En general, todas las actividades realizadas, han sido de una excelente calidad, indicó Bazbaz Lapidus, quien sostuvo que el Tajín cumple con los objetivos de "traer al mundo el totonacapan y el totonacapan al mundo.
De igual manera sostuvo que el 30 por ciento de lo recaudado en taquilla, será destinado para las becas de los estudiantes totonacos que se han visto beneficiados, gracias a la realización del festival.
Cabe destacar que la jornada concluirá por la noche en el nicho de la música, con la presentación por segunda vez en este festejo, del acordionista regiomontano Celso Piña, cerrando de este modo la décima edición de la Cumbre Ají Ne 2009.
Impulsa UAM proyecto de desarrollo sustentable para la región Triqui
Oaxaca, Oax.- Un grupo de académicos de las cuatro unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) iniciarán el diagnóstico de un proyecto interdisciplinario de desarrollo sustentable para la Mixteca Alta y la Región Triqui de Oaxaca, territorio que padece un deterioro ambiental histórico y donde habitan comunidades indígenas laceradas por la marginalidad, los cacicazgos, la desigualdad y la pobreza.
Así lo señaló la doctora Yolanda Massieu Trigo, profesora-investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco, quien agregó que la grave situación económica, social y ambiental que viven estas comunidades de Oaxaca –la mitad de su población se encuentra en pobreza extrema, la entidad ocupa el tercer lugar en rezago social y la Mixteca es considerada una de las zonas más erosionadas del mundo– ha dado origen a una migración elevada.
Alrededor de 150 mil oaxaqueños, prosiguió la investigadora, emigran al año a Estados Unidos y desde 1940 la migración autóctona, en particular de la Mixteca, mantiene un crecimiento ininterrumpido.
La integrante del equipo de trabajo del proyecto de investigación “Territorialidades y desarrollo sustentable en la Mixteca Alta y la región Triqui, Oaxaca” sostuvo que la explotación ancestral de la población de esta región, por el cacicazgo regional y las disputas agrarias y territoriales, ha derivado en conflictos sociales y políticos violentos.
Frente a un contexto tan complejo, añadió, 13 investigadores de esta casa de estudios, junto con cinco tesistas de posgrado y uno de servicio social de licenciatura, realizan un esfuerzo para reunir los saberes de sus diferentes disciplinas.
El objetivo, apuntó la especialista, es llevar a cabo una investigación interdisciplinaria que permita comprender el entrelazamiento de causalidades y problemas de este espacio territorial, para contribuir en la construcción conceptual, el diseño de formas de acompañamiento y la acción social de los actores locales, en procesos de cambio que se dirijan al desarrollo territorial sustentable.
De acuerdo con Massieu Trigo el estudio será abordado desde un enfoque territorial y de sustentabilidad e incorporará el análisis interdisciplinario de las complejas relaciones que se establecen en la conformación de un territorio.
De esta manera se considerarán aspectos físico-geográficos, socioeconómicos, políticos, culturales, biológicos, ambientales, antropológicos, tecnológicos y productivos, que se tocarán desde las experiencias y prácticas sociales de los actores de la región.
Una vez concluida la etapa diagnóstica serán definidas las propuestas de desarrollo local que se consideren viables, de manera particular para las comunidades de los municipios de Juxtlahuaca, Huajuapan de León, Tlaxiaco y San Juan Copala.
En la UAM se han generado valiosos trabajos de investigación sociológica y antropológica sobre la región de la Mixteca elaborados por profesores y alumnos de posgrado, los cuales constituyen importantes antecedentes para este nuevo proyecto, que también tiene entre sus objetivos la generación de artículos, libros, videos y un seminario.
Al reciente proyecto le preceden diferentes labores de colaboración con las comunidades indígenas de la región, realizadas mediante servicio social, como la impartición del Diplomado Educación para la Autonomía, dirigido a profesores de la región con la idea de construir una preparatoria triqui en la región, el cual derivó de un convenio entre el municipio autónomo triqui de San Juan Copala y la UAM y en el que participaron varios de los investigadores que inician este proyecto.
Por medio de la Especialización, Maestría y Doctorado en Desarrollo Rural de la Unidad Xochimilco –que este año cumplirá 25 años– también se han establecido relaciones con Organizaciones No Gubernamentales que participan en la región, como Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC), a la que pertenecen varios egresados del citado posgrado y con la que la UAM estableció otro convenio recientemente.
Así lo señaló la doctora Yolanda Massieu Trigo, profesora-investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco, quien agregó que la grave situación económica, social y ambiental que viven estas comunidades de Oaxaca –la mitad de su población se encuentra en pobreza extrema, la entidad ocupa el tercer lugar en rezago social y la Mixteca es considerada una de las zonas más erosionadas del mundo– ha dado origen a una migración elevada.
Alrededor de 150 mil oaxaqueños, prosiguió la investigadora, emigran al año a Estados Unidos y desde 1940 la migración autóctona, en particular de la Mixteca, mantiene un crecimiento ininterrumpido.
La integrante del equipo de trabajo del proyecto de investigación “Territorialidades y desarrollo sustentable en la Mixteca Alta y la región Triqui, Oaxaca” sostuvo que la explotación ancestral de la población de esta región, por el cacicazgo regional y las disputas agrarias y territoriales, ha derivado en conflictos sociales y políticos violentos.
Frente a un contexto tan complejo, añadió, 13 investigadores de esta casa de estudios, junto con cinco tesistas de posgrado y uno de servicio social de licenciatura, realizan un esfuerzo para reunir los saberes de sus diferentes disciplinas.
El objetivo, apuntó la especialista, es llevar a cabo una investigación interdisciplinaria que permita comprender el entrelazamiento de causalidades y problemas de este espacio territorial, para contribuir en la construcción conceptual, el diseño de formas de acompañamiento y la acción social de los actores locales, en procesos de cambio que se dirijan al desarrollo territorial sustentable.
De acuerdo con Massieu Trigo el estudio será abordado desde un enfoque territorial y de sustentabilidad e incorporará el análisis interdisciplinario de las complejas relaciones que se establecen en la conformación de un territorio.
De esta manera se considerarán aspectos físico-geográficos, socioeconómicos, políticos, culturales, biológicos, ambientales, antropológicos, tecnológicos y productivos, que se tocarán desde las experiencias y prácticas sociales de los actores de la región.
Una vez concluida la etapa diagnóstica serán definidas las propuestas de desarrollo local que se consideren viables, de manera particular para las comunidades de los municipios de Juxtlahuaca, Huajuapan de León, Tlaxiaco y San Juan Copala.
En la UAM se han generado valiosos trabajos de investigación sociológica y antropológica sobre la región de la Mixteca elaborados por profesores y alumnos de posgrado, los cuales constituyen importantes antecedentes para este nuevo proyecto, que también tiene entre sus objetivos la generación de artículos, libros, videos y un seminario.
Al reciente proyecto le preceden diferentes labores de colaboración con las comunidades indígenas de la región, realizadas mediante servicio social, como la impartición del Diplomado Educación para la Autonomía, dirigido a profesores de la región con la idea de construir una preparatoria triqui en la región, el cual derivó de un convenio entre el municipio autónomo triqui de San Juan Copala y la UAM y en el que participaron varios de los investigadores que inician este proyecto.
Por medio de la Especialización, Maestría y Doctorado en Desarrollo Rural de la Unidad Xochimilco –que este año cumplirá 25 años– también se han establecido relaciones con Organizaciones No Gubernamentales que participan en la región, como Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC), a la que pertenecen varios egresados del citado posgrado y con la que la UAM estableció otro convenio recientemente.
Desviados, los recursos para los pueblos indios
Ciudad de México, DF., (Proceso).- ientras los pueblos indígenas están abandonados, inmersos en la pobreza y el analfabetismo, el gobierno federal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) se convirtieron en un refugio para panistas desempleados y en un instrumento electoral, sostiene Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados.
Expone: En el reporte entregado el jueves 12 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta comisión, dirigida por Luis H. Álvarez, registró un desvío hacia otras secretarías de al menos mil 687 millones de pesos del presupuesto que se le asignó en 2007.
Y enumera algunos casos: a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se le transfirieron 300 millones de pesos; a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 200 millones; a la Secretaría de Educación Pública, 296 millones, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 606 millones de pesos para la construcción de tres carreteras que no se hicieron.
De acuerdo con la ley, la CNDPI tiene 45 días para responder a las observaciones de la ASF. De no hacerlo, sostiene el legislador, deberá regresar ese dinero.
Entrevistado por Proceso, el exdirector del Instituto Nacional Indigenista (INI), organismo que desapareció en el gobierno foxista para dar paso a la CNDPI–, advierte que el desinterés gubernamental hacia las comunidades indígenas puede llevar a sus habitantes a emplearse en el narcotráfico, pues el gobierno sólo les otorgó 38 mil millones este año, equivalente al 0.4% del presupuesto federal.
Dice: “Luis H. Álvarez se montó en la misma institución que dejó Xóchitl Gálvez pero no hubo ninguna reorientación, ninguna evaluación. Está trabajando sobre una institución vieja con el nombre de una nueva; siguen con los albergues populares, con los fondos regionales, no hay un programa nuevo con el que se pueda presumir como un proyecto exitoso del gobierno para combatir la pobreza de los pueblos indígenas”.
Según el diputado por Guerrero, Calderón prefirió “empanizar” esa comisión desplazando a los cuadros indígenas en las delegaciones estatales. “En su lugar –arguye– puso a militantes del PAN sin experiencia ni conocimiento de la situación de los pueblos indígenas”.
Como ejemplo destaca el caso de Xavier Abreu Sierra, quien después de su derrota en 2007 como candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, fue colocado en la CNDPI como responsable de la Unidad de Coordinación y Enlace.
Ahora, dice, es Abreu quien manda en la comisión. Es él quien toma las decisiones y maneja los programas con fines electorales, pues sigue las instrucciones del presidente Calderón de instalar a militantes del PAN en la estructura nacional de esa dependencia.
E insiste: “Yo tengo la hipótesis de que la comisión va a tratar de expandirse buscando el mercado de votos indígenas a través de la colocación de hombres y mujeres del PAN en los estados, sobre todo en el sur y sureste donde la izquierda domina las plazas.
“El propósito es comprar el voto a través de los programas sociales, lo mismo que pretenden hacer con la Secretaría de Desarrollo Social.” Para Matías Alonso, integrante del Consejo Nacional Indígena e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el manejo del presupuesto federal dedicado a los pueblos indígenas es un asunto delicado: “Si los proyectos no están orientados a los verdaderos destinatarios, la burocracia se come los recursos.”
Su compañera de bancada, Holly Matus Toledo, plantea: en materia de salud, “registramos índices en algunos municipios y regiones indígenas con una diferencia de 13% con respecto al nivel nacional; y en el rubro educación la diferencia es del 17%, nivel muy parecido al de los de países africanos”.
Marcos Matías recuerda que en junio de 2008, cuando se revisó el ejercicio presupuestal de 2007, los legisladores detectaron que hasta esa fecha la CNDPI no había ejercido 2 mil millones de pesos, por lo que se citó al comisionado Luis H. Álvarez para que explicara sobre esa irregularidad.
En aquella ocasión, el funcionario dijo que el gasto “se había ajustado”, y expuso que todos los recursos de 2007 se utilizaron en programas carreteros, de infraestructura comunitaria y de desarrollo social y humano, entre otros. Pero la explicación de Álvarez no satisfizo, señala Marcos Matías, lo que impidió que para 2009 se solicitaran más recursos.
“El escenario es preocupante. El presupuesto para los pueblos indígenas sólo representa el 0.4% del global. Esto refleja la discriminación económica porque a los pueblos indígenas sólo se darán 38 mil millones de pesos cuando la población es de 15 millones y representa el 12% de la población nacional.”
En contraste, para los gastos personales de la CNDPI se destinaron 118 millones de pesos en 2007. “El gobierno partió de la idea de que los altos directivos deberían tener una alta remuneración y las tropas salarios miserables”, dice el legislador. Y asevera: “Si de veras quiere atender a la población indígena, el gobierno tendría que destinar el 10% del presupuesto nacional.”
Matías Alonso afirma que el gobierno de Felipe Calderón no tiene un sólo programa emblemático con base en el cual pudiera medirse el impacto de los recursos para los pueblos indígenas.
–¿Qué evaluación hace de la CNDPI?
–Que ha sido abandonada. No hay experiencia en el tema por parte de los nuevos funcionarios.
–¿Qué opina de Luis H. Álvarez?
–No hay mucho que esperar. Tiene 87 años. La comisión necesita a gente con mucha energía, que pueda recorrer el país por tierra, que tenga presencia internacional. A don Luis no se le niega el papel que tuvo en la Cocopa, junto con Heberto Castillo, en las negociaciones con el EZLN…
Sin programas
En su estudio Mi voz en el cabildo: transparencia y monitoreo ciudadano en regiones indígenas de México, realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alianza Cívica sostiene que son cerca de 15 millones los indígenas que sobreviven en situaciones de extrema pobreza. Además, indica, carecen de representación política, pues se les impide participar en los espacios de gobierno.
La investigación apunta que en varios de los 28 distritos electorales con mayoría de población indígena, ésta se identifica más con las autoridades locales que con las federales. Eso “revela la lejanía que existe entre los legisladores y las autoridades con los pueblos indígenas”.
Xóchitl Gálvez, quien antecedió a Luis H. Álvarez en la CNDPI, admite que para el gobierno de Calderón el tema indígena no es prioritario. Los funcionarios que ahora están al frente de la dependencia, asegura, “son de un bajo perfil. Lo que hace falta es una nueva reforma a la Constitución para que se reconozcan los derechos políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas”.
Según ella, si bien el subcomandante Marcos ya no es un problema visible para el gobierno, “las causas que dieron origen al conflicto zapatista aún no se resuelven”.
–Cuando habla de los derechos, ¿a qué se refiere?
–A la autonomía y a la libre determinación reconocidas en la Constitución. Se tiene que clarificar esto porque nadie pretende estados independientes dentro del territorio, ni siquiera los pueblos indígenas ni los luchadores sociales. Pero es muy importante el pleno reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y no como meros sujetos de interés público.
Gálvez explica que existe también “la posibilidad de crear un cuarto nivel de gobierno en todos los municipios y no sólo en los indígenas”. La Constitución, arguye, no puede establecer excepciones, “pero yo he visto que en muchos municipios a las comunidades indígenas no les dan recursos”.
Dice que es válido que las comunidades indígenas reciban de manera directa fondos de la federación, no como una célula completa administrativa autónoma, pero sí para que atiendan sus necesidades específicas de agua potable y de electrificación, ya que actualmente las cabeceras municipales no les hacen caso.
Sobre este aspecto, Marcos Matías dice que desde 2005 se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reformas constitucionales a los artículos 2, 26 y 115 para dar pleno reconocimiento a los pueblos indígenas, pero el PAN la bloqueó.
“Lo que queremos hacer es reencauzar el debate institucional sobre los pueblos indígenas”, reitera el diputado. Y concluye: “Este tema lo tienen olvidado, arrinconado. Da la impresión de que el gobierno de Felipe Calderón quiere borrar de un plumazo la situación y la existencia de 15 millones de indígenas.”
Expone: En el reporte entregado el jueves 12 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta comisión, dirigida por Luis H. Álvarez, registró un desvío hacia otras secretarías de al menos mil 687 millones de pesos del presupuesto que se le asignó en 2007.
Y enumera algunos casos: a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se le transfirieron 300 millones de pesos; a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 200 millones; a la Secretaría de Educación Pública, 296 millones, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 606 millones de pesos para la construcción de tres carreteras que no se hicieron.
De acuerdo con la ley, la CNDPI tiene 45 días para responder a las observaciones de la ASF. De no hacerlo, sostiene el legislador, deberá regresar ese dinero.
Entrevistado por Proceso, el exdirector del Instituto Nacional Indigenista (INI), organismo que desapareció en el gobierno foxista para dar paso a la CNDPI–, advierte que el desinterés gubernamental hacia las comunidades indígenas puede llevar a sus habitantes a emplearse en el narcotráfico, pues el gobierno sólo les otorgó 38 mil millones este año, equivalente al 0.4% del presupuesto federal.
Dice: “Luis H. Álvarez se montó en la misma institución que dejó Xóchitl Gálvez pero no hubo ninguna reorientación, ninguna evaluación. Está trabajando sobre una institución vieja con el nombre de una nueva; siguen con los albergues populares, con los fondos regionales, no hay un programa nuevo con el que se pueda presumir como un proyecto exitoso del gobierno para combatir la pobreza de los pueblos indígenas”.
Según el diputado por Guerrero, Calderón prefirió “empanizar” esa comisión desplazando a los cuadros indígenas en las delegaciones estatales. “En su lugar –arguye– puso a militantes del PAN sin experiencia ni conocimiento de la situación de los pueblos indígenas”.
Como ejemplo destaca el caso de Xavier Abreu Sierra, quien después de su derrota en 2007 como candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, fue colocado en la CNDPI como responsable de la Unidad de Coordinación y Enlace.
Ahora, dice, es Abreu quien manda en la comisión. Es él quien toma las decisiones y maneja los programas con fines electorales, pues sigue las instrucciones del presidente Calderón de instalar a militantes del PAN en la estructura nacional de esa dependencia.
E insiste: “Yo tengo la hipótesis de que la comisión va a tratar de expandirse buscando el mercado de votos indígenas a través de la colocación de hombres y mujeres del PAN en los estados, sobre todo en el sur y sureste donde la izquierda domina las plazas.
“El propósito es comprar el voto a través de los programas sociales, lo mismo que pretenden hacer con la Secretaría de Desarrollo Social.” Para Matías Alonso, integrante del Consejo Nacional Indígena e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el manejo del presupuesto federal dedicado a los pueblos indígenas es un asunto delicado: “Si los proyectos no están orientados a los verdaderos destinatarios, la burocracia se come los recursos.”
Su compañera de bancada, Holly Matus Toledo, plantea: en materia de salud, “registramos índices en algunos municipios y regiones indígenas con una diferencia de 13% con respecto al nivel nacional; y en el rubro educación la diferencia es del 17%, nivel muy parecido al de los de países africanos”.
Marcos Matías recuerda que en junio de 2008, cuando se revisó el ejercicio presupuestal de 2007, los legisladores detectaron que hasta esa fecha la CNDPI no había ejercido 2 mil millones de pesos, por lo que se citó al comisionado Luis H. Álvarez para que explicara sobre esa irregularidad.
En aquella ocasión, el funcionario dijo que el gasto “se había ajustado”, y expuso que todos los recursos de 2007 se utilizaron en programas carreteros, de infraestructura comunitaria y de desarrollo social y humano, entre otros. Pero la explicación de Álvarez no satisfizo, señala Marcos Matías, lo que impidió que para 2009 se solicitaran más recursos.
“El escenario es preocupante. El presupuesto para los pueblos indígenas sólo representa el 0.4% del global. Esto refleja la discriminación económica porque a los pueblos indígenas sólo se darán 38 mil millones de pesos cuando la población es de 15 millones y representa el 12% de la población nacional.”
En contraste, para los gastos personales de la CNDPI se destinaron 118 millones de pesos en 2007. “El gobierno partió de la idea de que los altos directivos deberían tener una alta remuneración y las tropas salarios miserables”, dice el legislador. Y asevera: “Si de veras quiere atender a la población indígena, el gobierno tendría que destinar el 10% del presupuesto nacional.”
Matías Alonso afirma que el gobierno de Felipe Calderón no tiene un sólo programa emblemático con base en el cual pudiera medirse el impacto de los recursos para los pueblos indígenas.
–¿Qué evaluación hace de la CNDPI?
–Que ha sido abandonada. No hay experiencia en el tema por parte de los nuevos funcionarios.
–¿Qué opina de Luis H. Álvarez?
–No hay mucho que esperar. Tiene 87 años. La comisión necesita a gente con mucha energía, que pueda recorrer el país por tierra, que tenga presencia internacional. A don Luis no se le niega el papel que tuvo en la Cocopa, junto con Heberto Castillo, en las negociaciones con el EZLN…
Sin programas
En su estudio Mi voz en el cabildo: transparencia y monitoreo ciudadano en regiones indígenas de México, realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alianza Cívica sostiene que son cerca de 15 millones los indígenas que sobreviven en situaciones de extrema pobreza. Además, indica, carecen de representación política, pues se les impide participar en los espacios de gobierno.
La investigación apunta que en varios de los 28 distritos electorales con mayoría de población indígena, ésta se identifica más con las autoridades locales que con las federales. Eso “revela la lejanía que existe entre los legisladores y las autoridades con los pueblos indígenas”.
Xóchitl Gálvez, quien antecedió a Luis H. Álvarez en la CNDPI, admite que para el gobierno de Calderón el tema indígena no es prioritario. Los funcionarios que ahora están al frente de la dependencia, asegura, “son de un bajo perfil. Lo que hace falta es una nueva reforma a la Constitución para que se reconozcan los derechos políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas”.
Según ella, si bien el subcomandante Marcos ya no es un problema visible para el gobierno, “las causas que dieron origen al conflicto zapatista aún no se resuelven”.
–Cuando habla de los derechos, ¿a qué se refiere?
–A la autonomía y a la libre determinación reconocidas en la Constitución. Se tiene que clarificar esto porque nadie pretende estados independientes dentro del territorio, ni siquiera los pueblos indígenas ni los luchadores sociales. Pero es muy importante el pleno reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y no como meros sujetos de interés público.
Gálvez explica que existe también “la posibilidad de crear un cuarto nivel de gobierno en todos los municipios y no sólo en los indígenas”. La Constitución, arguye, no puede establecer excepciones, “pero yo he visto que en muchos municipios a las comunidades indígenas no les dan recursos”.
Dice que es válido que las comunidades indígenas reciban de manera directa fondos de la federación, no como una célula completa administrativa autónoma, pero sí para que atiendan sus necesidades específicas de agua potable y de electrificación, ya que actualmente las cabeceras municipales no les hacen caso.
Sobre este aspecto, Marcos Matías dice que desde 2005 se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reformas constitucionales a los artículos 2, 26 y 115 para dar pleno reconocimiento a los pueblos indígenas, pero el PAN la bloqueó.
“Lo que queremos hacer es reencauzar el debate institucional sobre los pueblos indígenas”, reitera el diputado. Y concluye: “Este tema lo tienen olvidado, arrinconado. Da la impresión de que el gobierno de Felipe Calderón quiere borrar de un plumazo la situación y la existencia de 15 millones de indígenas.”
En el sexenio calderonista, "desprecio al tema de los indígenas", acusa senador
Ciudad de México, DF., (La Jornada).- El Programa Nacional de Población 2007-2012 (PNP) no incluye ningún capítulo para la atención a los problemas que afectan a los indígenas, uno de los grupos más afectados ante el deterioro de las políticas públicas relativas a la salud reproductiva.
Ante las denuncias de diversas asociaciones de ese sector, Elena Zúñiga, ex titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), admitió que en el PNP, en efecto, no fue incluido un apartado especial para los indígenas porque se consideró que el análisis y las propuestas de solución deberían ser desarrollados en todo el texto.
Es decir, tampoco hay, por ejemplo, un capítulo dedicado a las mujeres, aunque sí se previno un enfoque de género en todo el análisis en referencia.
En julio pasado este diario difundió el contenido del PNP 2007-2012, el cual admite que los adolescentes y jóvenes mexicanos continúan como el sector con menor información y acceso a métodos anticonceptivos.
Esta situación empeoró en la última década y coloca a México con niveles por debajo de los de naciones de menor desarrollo económico, como Honduras, Nicaragua y Perú.
Los sectores con mayor rezago –las "menos atendidas"– son las mujeres e indígenas jóvenes.
El gobierno federal admitió que el uso de medios de regulación de la fecundidad en el inicio de la vida sexual "parece ser una práctica inexistente: siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual (a la edad de 15.9 años, en promedio) sin protección, a pesar de que la mayoría de ellas no tenían la intención de embarazarse".
Zúñiga, quien dejó la secretaría general del Conapo en julio de 2008 y actualmente continúa como presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, comentó que durante la elaboración del PNP se invitó al Consejo Nacional Indígena a sumarse a estos trabajos, pero éste prefirió no suscribirlos.
Se buscó entonces, agregó, detallar de manera transversal la problemática de la población específica, para abordar la situación de los jóvenes, indígenas y migrantes, entre otros.
No obstante, el senador priísta por Oaxaca Adolfo Toledo advirtió que durante el gobierno calderonista "ha habido un desprecio al tema de los indígenas; prueba de ello es que la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, encabezada por Luis H. Álvarez, ni siquiera asistió a una comparecencia a la que fue citado por legisladores".
En el sexenio pasado se intentó cubrir las políticas públicas para este sector con el protagonismo de Xóchitl Gálvez, pero ahora se ha tirado a la basura el trabajo que por muchos años había impulsado el Instituto Nacional Indigenista (INI) para atender a las 56 etnias del país.
El senador, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, precisó que los rezagos históricos de este sector se han agudizado especialmente en lo que se refiere al tema de la salud y los proyectos productivos.
"No hay un tratamiento específico; ser indígena en México es equivalente, en la mayoría de los casos, a ser pobres y estar a la zaga de la distribución de bienes y servicios como pueden ser los métodos anticonceptivos", añadió el legislador.
Señaló además que todas las comisiones vinculadas a los indígenas han estado desde la legislatura pasada en manos de panistas que sólo buscan aprovecharse de esos grupos para afianzar sus objetivos electorales.
Ante las denuncias de diversas asociaciones de ese sector, Elena Zúñiga, ex titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), admitió que en el PNP, en efecto, no fue incluido un apartado especial para los indígenas porque se consideró que el análisis y las propuestas de solución deberían ser desarrollados en todo el texto.
Es decir, tampoco hay, por ejemplo, un capítulo dedicado a las mujeres, aunque sí se previno un enfoque de género en todo el análisis en referencia.
En julio pasado este diario difundió el contenido del PNP 2007-2012, el cual admite que los adolescentes y jóvenes mexicanos continúan como el sector con menor información y acceso a métodos anticonceptivos.
Esta situación empeoró en la última década y coloca a México con niveles por debajo de los de naciones de menor desarrollo económico, como Honduras, Nicaragua y Perú.
Los sectores con mayor rezago –las "menos atendidas"– son las mujeres e indígenas jóvenes.
El gobierno federal admitió que el uso de medios de regulación de la fecundidad en el inicio de la vida sexual "parece ser una práctica inexistente: siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual (a la edad de 15.9 años, en promedio) sin protección, a pesar de que la mayoría de ellas no tenían la intención de embarazarse".
Zúñiga, quien dejó la secretaría general del Conapo en julio de 2008 y actualmente continúa como presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, comentó que durante la elaboración del PNP se invitó al Consejo Nacional Indígena a sumarse a estos trabajos, pero éste prefirió no suscribirlos.
Se buscó entonces, agregó, detallar de manera transversal la problemática de la población específica, para abordar la situación de los jóvenes, indígenas y migrantes, entre otros.
No obstante, el senador priísta por Oaxaca Adolfo Toledo advirtió que durante el gobierno calderonista "ha habido un desprecio al tema de los indígenas; prueba de ello es que la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, encabezada por Luis H. Álvarez, ni siquiera asistió a una comparecencia a la que fue citado por legisladores".
En el sexenio pasado se intentó cubrir las políticas públicas para este sector con el protagonismo de Xóchitl Gálvez, pero ahora se ha tirado a la basura el trabajo que por muchos años había impulsado el Instituto Nacional Indigenista (INI) para atender a las 56 etnias del país.
El senador, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, precisó que los rezagos históricos de este sector se han agudizado especialmente en lo que se refiere al tema de la salud y los proyectos productivos.
"No hay un tratamiento específico; ser indígena en México es equivalente, en la mayoría de los casos, a ser pobres y estar a la zaga de la distribución de bienes y servicios como pueden ser los métodos anticonceptivos", añadió el legislador.
Señaló además que todas las comisiones vinculadas a los indígenas han estado desde la legislatura pasada en manos de panistas que sólo buscan aprovecharse de esos grupos para afianzar sus objetivos electorales.
Carece el estado de información precisa sobre necesidad de viviendas rurales
Morelia, Mich., (La Jornada Michoacán).- Sin un diagnóstico del número de la población indígena en Michoacán, y mucho menos de sus necesidades en torno a la vivienda, el titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas (SPI), Alfonso Vargas Romero, solicitó al director del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Salvador López Orduña, la realización de 2 mil acciones de vivienda en las zonas rurales del estado.
“La Secretaría de Pueblos Indígenas apenas tiene un año y días de su creación, estamos sin duda en un proceso de llevar a cabo un convenio también con la Universidad Michoacana a través del programa México Intercultural para poder llevar investigación en todos los aspectos en los pueblos indígenas”, comentó el funcionario.
En tanto, en entrevista por separado, el titular del Instituto de la Vivienda de Michoacán, Socorro Juárez Fuentes, informó que los pueblos indígenas de Michoacán tienen un déficit de 20 mil unidades básicas de vivienda.
En la firma de un convenio que involucra al Fonhapo, al Ivem y a la SPI, mediante el que se pretende concretar 910 acciones de vivienda en las comunidades de 12 municipios en el estado, Vargas Romero manifestó: “el asunto de la vivienda es un tanto incierto, tenemos en este año que hacer un proceso de investigación muy fuerte en varios aspectos, y tener un banco de datos exacto en varios renglones. Ese será un proceso en la secretaría de pueblos indígenas”.
No obstante dijo que existe ya un diagnóstico –del que no ofreció datos concretos- que se realizó a través de las 14 oficinas regionales de esa Secretaría: “(ese estudio muestra que) sin duda que los pueblos indígenas tienen una gran demanda de vivienda, y es a través de ese diagnóstico como nos estamos guiando en este momento. Tampoco tenemos una cifra exacta del total de vivienda que pudiéramos requerir, estamos procesando estos diagnósticos y estamos haciendo los proyectos conforme a prioridades por regiones, pero no tenemos cifras exactas, aunque sin duda es muy amplia la demanda”.
Por su parte, el titular del Fonhapo, Salvador López Orduña, explicó que este año se buscará que el presupuesto para Michoacán en materia de vivienda sea de al menos 220 millones de pesos, con lo que se realizarían alrededor de 5 mil acciones.
En lo que resta del sexenio, el funcionario federal explicó que se podrían ejecutar en el estado de 20 a 25 mil acciones, que no necesariamente implica la construcción de nuevas casas habitación, sino la remodelación y reparación de las ya existentes.
“La Secretaría de Pueblos Indígenas apenas tiene un año y días de su creación, estamos sin duda en un proceso de llevar a cabo un convenio también con la Universidad Michoacana a través del programa México Intercultural para poder llevar investigación en todos los aspectos en los pueblos indígenas”, comentó el funcionario.
En tanto, en entrevista por separado, el titular del Instituto de la Vivienda de Michoacán, Socorro Juárez Fuentes, informó que los pueblos indígenas de Michoacán tienen un déficit de 20 mil unidades básicas de vivienda.
En la firma de un convenio que involucra al Fonhapo, al Ivem y a la SPI, mediante el que se pretende concretar 910 acciones de vivienda en las comunidades de 12 municipios en el estado, Vargas Romero manifestó: “el asunto de la vivienda es un tanto incierto, tenemos en este año que hacer un proceso de investigación muy fuerte en varios aspectos, y tener un banco de datos exacto en varios renglones. Ese será un proceso en la secretaría de pueblos indígenas”.
No obstante dijo que existe ya un diagnóstico –del que no ofreció datos concretos- que se realizó a través de las 14 oficinas regionales de esa Secretaría: “(ese estudio muestra que) sin duda que los pueblos indígenas tienen una gran demanda de vivienda, y es a través de ese diagnóstico como nos estamos guiando en este momento. Tampoco tenemos una cifra exacta del total de vivienda que pudiéramos requerir, estamos procesando estos diagnósticos y estamos haciendo los proyectos conforme a prioridades por regiones, pero no tenemos cifras exactas, aunque sin duda es muy amplia la demanda”.
Por su parte, el titular del Fonhapo, Salvador López Orduña, explicó que este año se buscará que el presupuesto para Michoacán en materia de vivienda sea de al menos 220 millones de pesos, con lo que se realizarían alrededor de 5 mil acciones.
En lo que resta del sexenio, el funcionario federal explicó que se podrían ejecutar en el estado de 20 a 25 mil acciones, que no necesariamente implica la construcción de nuevas casas habitación, sino la remodelación y reparación de las ya existentes.
Lleva Tlachinollan a CIDH saldos de la militarización en el estado
Chilpancingo, Gro., (La Jornada Guerrero).- El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, las violaciones a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas a raíz de la militarización. Además, denunciará las amenazas y hostigamientos que han sufrido organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellos, dos activistas de Tlachinollan, por lo que solicitaron a la CIDH medidas cautelares.
En el 134 periodo de sesiones de la CIDH, celebrado en Washington, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juarez, Cejil, Fundar, así como Tlachinollan presentaron en audiencia ante la presidenta de la CIDH, Luz María Patricio Guerrero, el tema Justicia Militar y Derechos humanos en México, donde se expuso que el numero de quejas que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena) ha aumentado en más de 600 por ciento en los dos primeros años del sexenio de Felipe Calderón, ya que de 182 quejas presentadas en 2006 aumentó a mil 230 en 2008, entre las que destacan ataques con armas de fuego, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y agresiones contra personas en situación de vulnerabilidad.
En Guerrero –se destacó– la agresión militar se caracteriza por la invasión de tierras, la violencia y acoso sexual a mujeres indígenas bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha dejado graves secuelas en el tejido social comunitario de los pueblos indígenas, reveló la abogada del Cejil, Vanessa Coria.
Agregó que de 174 averiguaciones previas contra los militares llevadas a la Procuraduría General de Justicia Militar, sólo 11 fueron llevadas a juicio, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de que alguno haya terminado con una condena contra un militar.
Por su parte, la representante de Tlachinollan, Laura Aragón, criticó que a pesar de que tienen conocimiento de que al interior de la Sedena se discute una posible reforma judicial con relación a derechos humanos, el estado mexicano no haya creado un espacio de diálogo donde organizaciones y sociedad civil puedan contribuir para hacer dicha reforma.
Laura Aragón aprovechó para denunciar que las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y que han señalado las constantes violaciones que hacen los militares contra los indígenas, han recibido hostigamiento y amenazas, incluso comentó que Tlachinollan ha sufrido un cambio de vida a raíz de la militarización en las comunidades y citó la ejecución “extrajudicial” de los dirigentes na savi, Raúl Lucas y Manuel Ponce ocurrida el 20 de febrero de este año.
Pidió ante la CIDH –donde también estuvo una delegación de autoridades del gobierno mexicano– que el estado permita a los activistas hacer las acciones en libertad además de hacer de manera urgente una reforma a la jurisdicción militar que incorpore las preocupaciones de la sociedad civil.
Laura Aragón presentó cinco peticiones en las que destaca que la CIDH impulse el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al estado mexicano; que en los casos litigados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH busque obtener una sentencia que ordene al estado implementar una reforma legislativa para excluir del fuero militar las violaciones de derechos humanos.
La delegación de las autoridades mexicanas estuvo integrada por el coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Alejandro Cuaré; el representante de la Procuraduría General de la Justicia Militar de la Sedena, Anibal Trujillo Sánchez; el representante del Estado Mayor de la Sedena, Sebastián Loreno Rodríguez, así como el titular de la Unidad de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Segob, Carlos Aguilar.
En el 134 periodo de sesiones de la CIDH, celebrado en Washington, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juarez, Cejil, Fundar, así como Tlachinollan presentaron en audiencia ante la presidenta de la CIDH, Luz María Patricio Guerrero, el tema Justicia Militar y Derechos humanos en México, donde se expuso que el numero de quejas que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena) ha aumentado en más de 600 por ciento en los dos primeros años del sexenio de Felipe Calderón, ya que de 182 quejas presentadas en 2006 aumentó a mil 230 en 2008, entre las que destacan ataques con armas de fuego, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y agresiones contra personas en situación de vulnerabilidad.
En Guerrero –se destacó– la agresión militar se caracteriza por la invasión de tierras, la violencia y acoso sexual a mujeres indígenas bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha dejado graves secuelas en el tejido social comunitario de los pueblos indígenas, reveló la abogada del Cejil, Vanessa Coria.
Agregó que de 174 averiguaciones previas contra los militares llevadas a la Procuraduría General de Justicia Militar, sólo 11 fueron llevadas a juicio, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de que alguno haya terminado con una condena contra un militar.
Por su parte, la representante de Tlachinollan, Laura Aragón, criticó que a pesar de que tienen conocimiento de que al interior de la Sedena se discute una posible reforma judicial con relación a derechos humanos, el estado mexicano no haya creado un espacio de diálogo donde organizaciones y sociedad civil puedan contribuir para hacer dicha reforma.
Laura Aragón aprovechó para denunciar que las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y que han señalado las constantes violaciones que hacen los militares contra los indígenas, han recibido hostigamiento y amenazas, incluso comentó que Tlachinollan ha sufrido un cambio de vida a raíz de la militarización en las comunidades y citó la ejecución “extrajudicial” de los dirigentes na savi, Raúl Lucas y Manuel Ponce ocurrida el 20 de febrero de este año.
Pidió ante la CIDH –donde también estuvo una delegación de autoridades del gobierno mexicano– que el estado permita a los activistas hacer las acciones en libertad además de hacer de manera urgente una reforma a la jurisdicción militar que incorpore las preocupaciones de la sociedad civil.
Laura Aragón presentó cinco peticiones en las que destaca que la CIDH impulse el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al estado mexicano; que en los casos litigados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH busque obtener una sentencia que ordene al estado implementar una reforma legislativa para excluir del fuero militar las violaciones de derechos humanos.
La delegación de las autoridades mexicanas estuvo integrada por el coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Alejandro Cuaré; el representante de la Procuraduría General de la Justicia Militar de la Sedena, Anibal Trujillo Sánchez; el representante del Estado Mayor de la Sedena, Sebastián Loreno Rodríguez, así como el titular de la Unidad de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Segob, Carlos Aguilar.
21 mar 2009
Cumbre Tajín, crisol de la creación del Circo Indígena
Tajín, Papantla, Ver., (El Golfo.Info).- Con el fin de rescatar y revalorar la acrobacia indígena, desde el pasado mes de noviembre se lleva a cabo en el Parque Temático Takilhsukut un laboratorio de prácticas con la participación de jóvenes de diferentes localidades papantecas.
Como parte de las actividades de la Cumbre Tajín 2009, alrededor de 30 jóvenes han demostrado sus diferentes habilidades en monociclo, trapecio y malabares, entre otras disciplinas, que han sido parte por cientos de años de las ceremonias indígenas de esta región del Totonacapan.
En conferencia de prensa, el asesor del Laboratorio de Acrobacia Indígena, Fernando Serrano, señaló que de lo que se trata es de proporcionarles a los jóvenes las herramientas necesarias para mejorar su expresión corporal, acondicionamiento físico y formarlos artísticamente sin perder su lenguaje sagrado.
Fernando Serrano quien también es director de difusión del Circo Atayde Hermanos manifestó que todo este trabajo de rescate de las diferentes tradiciones artísticas es con la finalidad de conformar una Compañía de Circo Indígena.
Añadió que México es de los pocos países junto con China que tienen este tipo de artes por lo que es importante su rescate ya que existen antecedentes de que Hernán Cortés a su regreso a Europa llevó consigo a acróbatas mexicanos considerados parte de los tesoros encontrados en nuestro país.
Subrayó la importancia que se le ha dado a esta Cumbre Tajín por sus autoridades estatales lo que ha permitido conocer más sobre las raíces de la cultura totonaca.
Como parte de las actividades de la Cumbre Tajín 2009, alrededor de 30 jóvenes han demostrado sus diferentes habilidades en monociclo, trapecio y malabares, entre otras disciplinas, que han sido parte por cientos de años de las ceremonias indígenas de esta región del Totonacapan.
En conferencia de prensa, el asesor del Laboratorio de Acrobacia Indígena, Fernando Serrano, señaló que de lo que se trata es de proporcionarles a los jóvenes las herramientas necesarias para mejorar su expresión corporal, acondicionamiento físico y formarlos artísticamente sin perder su lenguaje sagrado.
Fernando Serrano quien también es director de difusión del Circo Atayde Hermanos manifestó que todo este trabajo de rescate de las diferentes tradiciones artísticas es con la finalidad de conformar una Compañía de Circo Indígena.
Añadió que México es de los pocos países junto con China que tienen este tipo de artes por lo que es importante su rescate ya que existen antecedentes de que Hernán Cortés a su regreso a Europa llevó consigo a acróbatas mexicanos considerados parte de los tesoros encontrados en nuestro país.
Subrayó la importancia que se le ha dado a esta Cumbre Tajín por sus autoridades estatales lo que ha permitido conocer más sobre las raíces de la cultura totonaca.
20 mar 2009
Logra mujer ser agenta municipal en Oaxaca
Por René López, corresponsal
Tlaxiaco, Oax.- Entre las más de 900 localidades que tiene el distrito de Tlaxiaco en la región de la Mixteca de Oaxaca, este año por primera vez en la historia, la población de Yucunino de Guerrero, nombró en asamblea general a una mujer como agenta municipal.
La mujer, autoridad tradicional, de nombre, Teresa Sarabia López, en entrevista, dio a conocer que al asumir este cargo, es de mucha sorpresa para su persona, porque no consideraba que su desempeño en las tareas comunitarias fuera a ser tomadas en cuenta, y ahora que asume este cargo que le encomienda su pueblo, son los valores morales, las costumbres y tradiciones los que hará prevalecer para el desarrollo comunitario.
No ha recibido ningún tipo de discriminación al asumir este cargo y los trabajos que están realizando es con la participación de los propios hombres y las mujeres, con lo que se ha logrado armonía y los resultados han sido favorables.
Los hombres de la comunidad han entendido que las mujeres también pueden desempeñarse en cargos comunitarios y las mujeres amplían su cosmovisión, dejan sus temores y se atreven a manifestar sus opiniones en las políticas de la comunidad.
El que las mujeres sean tomadas en cuenta para que representen un cargo, es una labor de conciencia que los hombres han hecho y de las mismas mujeres, ya que en muchas ocasiones son ellas mismas las que se ponen barreras o por cultura temen a participar, más sin embargo el trabajo que realizan siempre es de fortalecimiento a la educación; porque en los hogares ellas enseñan los valores morales a sus hijos, el idioma y las tradiciones.
Hoy la sociedad masculina reconoce la loable labor y el trabajo desempeñado por las mujeres que tiene importancia vital y se realiza en conjunto para la educación de sus hijos y del hogar, es mutuo porque las esposas en las diversas comunidades también ayudan a arar la tierra, recoger las cosechas y atender a los animales
La agenta municipal adelantó que dentro de las obras prioritarias para la comunidad, para este año, esta una de las necesidades más apremiantes que es la falta de agua potable, por lo que en asamblea general ya se tomó el acuerdo para realizar este proyecto e iniciaran con inversión aproximada a los 400 mil pesos la construcción de tres tanques para el almacenamiento del vital liquido.
Agregó, que los trabajos se están realizando a través proyectos, la asamblea como siempre está siendo tomada en cuenta para la ejecución de obras, los hombres y la población en general han estado trabajando en coordinación con mi persona sin ninguna discriminación.
Mujeres indígenas y rurales ejercen feminismo radical, de izquierda
Ciudad de México, DF., (CIMAC).- “Las mujeres indígenas y rurales ejercemos un feminismo radical y de izquierda”, cuando luchamos por no vivir más desigualdades no sólo de género, sino de clase y etnia, cuando decidimos no vivir más violencia y cuando vemos nuestra realidad impuesta por el gobierno que busca controlar nuestras vidas a través de programas que no resuelven nuestros problemas sino los agravan, coincidieron en señalar mujeres de Guatemala, El Salvador, Bolivia y México.
Durante la conferencia titulada: ¿Por qué un feminismo indígena y rural?, que se llevó a cabo en el marco del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, con la participación de mil 600 mujeres de la región, las ponentes coincidieron en que las indígenas y rurales tienen claro que están luchando contra el sistema capitalista neoliberal, el mismo que violenta sus intereses como seres humanos.
Flor de Jesús Pérez Ramírez, joven indígena integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, afirmó que el problema de las indígenas y rurales, radica en la opresión, exclusión subordinación y violencia, esquema que se reproduce en todos los ámbitos de la vida, por ello, agregó, las mujeres indígenas creemos firmemente desde la bases, donde en carne propia hemos vivido la pobreza y además violencia, de donde deben partir los cambios.
“Somos nosotras las que debemos unir nuestras fuerzas, crear colectivos de mujeres, para destruir y hacer un cambio en este sistema que oprime y lastima nuestro corazón. Estar organizadas, no podemos quedarnos calladas ante las injusticias y atrocidades que hieren nuestras vidas y la de nuestras hijas e hijos”, puntualizó
Pérez Ramírez añadió que a las mujeres nos toca una ardua labor de lucha, tenemos que incidir desde todos los ámbitos donde se ha implementado la ideología del capitalismo patriarcal, desde nuestros propios espacios, la relación con nuestra pareja, familia y comunidad. “Este es un elemento diferenciador de los otros feminismos la lucha de las mujeres indígenas, en estrategias de cambio que involucren en el ámbito colectivo, no sólo de los cambios individuales que por sí solos no resultan en nada”.
MÁS QUE VIOLENCIA FÍSICA
Las mujeres indígenas y rurales reunidas en una de las más concurridas sesiones de las realizadas en el exconvento de Regina Coelli, coincidieron en que existen términos académicos usados por las feministas citadinas, que a ellas se les dificulta entender, sin embargo los han analizado y se han dado cuenta de que existen otros tipos de violencia contra las mujeres, además de la física.
Cuando nos gritan, nos impiden participar en los espacios de decisión en las comunidades y la violencia estructural que ejerce el gobierno a través de “programas de desarrollo”, que lleva a sus comunidades agravando los problemas.
Citaron como ejemplo los programas mexicanos Oportunidades y el de apoyo a las personas de la tercera edad en Chiapas, los cuales fomentan el alcoholismo entre los hombres, y la violencia contra las mujeres, porque al ser ellas las beneficiarias directas, son violentadas por sus parejas quienes les quitan el poco dinero que les llega.
De igual manera, denunciaron que las mujeres indígenas y rurales han sido violentadas históricamente de su derecho a la tierra, en los ejidos y comunidades por usos y costumbres, así como por la migración, ya que las pocas mujeres que poseen tierras son despojadas por las mismas autoridades al verlas solas.
DENUNCIAN EXCLUSIÓN DEL FEMINISMO
En representación de Casimira Rodríguez, ex Ministra de Justicia de Bolivia, Daysi Peñalosa, señaló que su presencia en el XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe responde al interés de la lucha de las mujeres indígenas en busca de igualdad y respeto, son ellas quienes han vivido una serie de problemas para reivindicar sus derechos como mujeres y ciudadanas.
“Consideramos que es necesaria la mirada indígena dentro del feminismo, nosotras hemos vivido discriminación, social y étnica, nos califican como inferiores por nuestro origen rural o indígena, hemos vivido un sinnúmero de abusos y violencias de los derechos humanos”.
Denunció que en el caso de las indígenas trabajadoras del hogar de Bolivia, las mujeres son discriminadas hasta por el movimiento feminista, pues en su esfuerzo para tener una mejor situación laboral y social ellas no contaron con el apoyo de dicho movimiento, de igual manera, las mujeres de clase media se conciben como merecedoras de derechos e igualdad de género, sin embargo cuando se refieren las trabajadoras del hogar estos criterios se olvidan.
Pese a ello, las indígenas trabajadoras del hogar consiguieron, precisó Daysi Peñalosa, el impulso de una Ley que las protege, a pesar de que algunas senadoras y diputadas que se dicen feministas bloquearon la aprobación de la misma, incluso una de ellas argumentó que con dicha Ley se le privaba a las mujeres de clase media de tener una trabajadora del hogar.
De igual manera, agregó que con la lucha, que no ha sido corta ni sencilla, también consiguieron que se instaurara el 30 de marzo como Día de las Trabajadoras del Hogar.
Precisó que el esfuerzo de estas mujeres por defender sus derechos es doble ya que trabajan de lunes a sábado y sólo descansan los domingos, día que utilizan para trabajar en su organización y capacitarse para continuar en la lucha.
Por su parte, Clara Silvestre Camposeco de Guatemala, precisó que las indígenas han estado trabajando en crear sus propias definiciones del feminismo, ya que ellas no han participado en los procesos para conocer todas las terminologías que se utiliza, sin embargo estamos seguras que toda nuestra lucha por la defensa de nuestros derechos se encuentra vinculada con el feminismo.
Consideró que “el feminismo no es más que nuestra incorporación en los diferentes espacios que redundan en beneficio de nostras mismas. La lucha de las guatemaltecas inició desde los 70, con nuestra participación en movimientos reivindicativos jugando papeles protagónicos, logrando que en algunos departamentos que las mujeres sean las salvaguardas del maíz, logrando derecho a la salud, y defendiéndonos a nosotras y nuestras hijas de la violencia”.
Durante la conferencia titulada: ¿Por qué un feminismo indígena y rural?, que se llevó a cabo en el marco del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, con la participación de mil 600 mujeres de la región, las ponentes coincidieron en que las indígenas y rurales tienen claro que están luchando contra el sistema capitalista neoliberal, el mismo que violenta sus intereses como seres humanos.
Flor de Jesús Pérez Ramírez, joven indígena integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, afirmó que el problema de las indígenas y rurales, radica en la opresión, exclusión subordinación y violencia, esquema que se reproduce en todos los ámbitos de la vida, por ello, agregó, las mujeres indígenas creemos firmemente desde la bases, donde en carne propia hemos vivido la pobreza y además violencia, de donde deben partir los cambios.
“Somos nosotras las que debemos unir nuestras fuerzas, crear colectivos de mujeres, para destruir y hacer un cambio en este sistema que oprime y lastima nuestro corazón. Estar organizadas, no podemos quedarnos calladas ante las injusticias y atrocidades que hieren nuestras vidas y la de nuestras hijas e hijos”, puntualizó
Pérez Ramírez añadió que a las mujeres nos toca una ardua labor de lucha, tenemos que incidir desde todos los ámbitos donde se ha implementado la ideología del capitalismo patriarcal, desde nuestros propios espacios, la relación con nuestra pareja, familia y comunidad. “Este es un elemento diferenciador de los otros feminismos la lucha de las mujeres indígenas, en estrategias de cambio que involucren en el ámbito colectivo, no sólo de los cambios individuales que por sí solos no resultan en nada”.
MÁS QUE VIOLENCIA FÍSICA
Las mujeres indígenas y rurales reunidas en una de las más concurridas sesiones de las realizadas en el exconvento de Regina Coelli, coincidieron en que existen términos académicos usados por las feministas citadinas, que a ellas se les dificulta entender, sin embargo los han analizado y se han dado cuenta de que existen otros tipos de violencia contra las mujeres, además de la física.
Cuando nos gritan, nos impiden participar en los espacios de decisión en las comunidades y la violencia estructural que ejerce el gobierno a través de “programas de desarrollo”, que lleva a sus comunidades agravando los problemas.
Citaron como ejemplo los programas mexicanos Oportunidades y el de apoyo a las personas de la tercera edad en Chiapas, los cuales fomentan el alcoholismo entre los hombres, y la violencia contra las mujeres, porque al ser ellas las beneficiarias directas, son violentadas por sus parejas quienes les quitan el poco dinero que les llega.
De igual manera, denunciaron que las mujeres indígenas y rurales han sido violentadas históricamente de su derecho a la tierra, en los ejidos y comunidades por usos y costumbres, así como por la migración, ya que las pocas mujeres que poseen tierras son despojadas por las mismas autoridades al verlas solas.
DENUNCIAN EXCLUSIÓN DEL FEMINISMO
En representación de Casimira Rodríguez, ex Ministra de Justicia de Bolivia, Daysi Peñalosa, señaló que su presencia en el XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe responde al interés de la lucha de las mujeres indígenas en busca de igualdad y respeto, son ellas quienes han vivido una serie de problemas para reivindicar sus derechos como mujeres y ciudadanas.
“Consideramos que es necesaria la mirada indígena dentro del feminismo, nosotras hemos vivido discriminación, social y étnica, nos califican como inferiores por nuestro origen rural o indígena, hemos vivido un sinnúmero de abusos y violencias de los derechos humanos”.
Denunció que en el caso de las indígenas trabajadoras del hogar de Bolivia, las mujeres son discriminadas hasta por el movimiento feminista, pues en su esfuerzo para tener una mejor situación laboral y social ellas no contaron con el apoyo de dicho movimiento, de igual manera, las mujeres de clase media se conciben como merecedoras de derechos e igualdad de género, sin embargo cuando se refieren las trabajadoras del hogar estos criterios se olvidan.
Pese a ello, las indígenas trabajadoras del hogar consiguieron, precisó Daysi Peñalosa, el impulso de una Ley que las protege, a pesar de que algunas senadoras y diputadas que se dicen feministas bloquearon la aprobación de la misma, incluso una de ellas argumentó que con dicha Ley se le privaba a las mujeres de clase media de tener una trabajadora del hogar.
De igual manera, agregó que con la lucha, que no ha sido corta ni sencilla, también consiguieron que se instaurara el 30 de marzo como Día de las Trabajadoras del Hogar.
Precisó que el esfuerzo de estas mujeres por defender sus derechos es doble ya que trabajan de lunes a sábado y sólo descansan los domingos, día que utilizan para trabajar en su organización y capacitarse para continuar en la lucha.
Por su parte, Clara Silvestre Camposeco de Guatemala, precisó que las indígenas han estado trabajando en crear sus propias definiciones del feminismo, ya que ellas no han participado en los procesos para conocer todas las terminologías que se utiliza, sin embargo estamos seguras que toda nuestra lucha por la defensa de nuestros derechos se encuentra vinculada con el feminismo.
Consideró que “el feminismo no es más que nuestra incorporación en los diferentes espacios que redundan en beneficio de nostras mismas. La lucha de las guatemaltecas inició desde los 70, con nuestra participación en movimientos reivindicativos jugando papeles protagónicos, logrando que en algunos departamentos que las mujeres sean las salvaguardas del maíz, logrando derecho a la salud, y defendiéndonos a nosotras y nuestras hijas de la violencia”.
Trabajan 3.3 millones de niños en México
Ciudad de México, DF., (Finsat).- En México laboran alrededor de 3.3 millones de niños de entre seis y 14 años, lo que representa que uno de cada seis menores están obligados a laborar, dijo el diputado federal priista por el estado de Chiapas Arnulfo Elías Cordero Alfonzo.
Al presentar su iniciativa para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de los Niñas, Niños, y Adolecentes, el legislador dijo que la situación se complica en comunidades indígenas, donde el número supera los seis millones.
La iniciativa propone sancionar penalmente a quienes contraten laboralmente a niños de menos de 14 años de edad. Expuso que las entidades federativas donde más se emplea a los menores son Chiapas, Campeche, Puebla y Veracruz, cuya tasa de trabajo infantil es entre 22 y 29 por ciento de la población de seis a 14 años.
Cada año aproximadamente 300 mil niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en busca de trabajo o ingresos.
De acuerdo con el también secretario de Economía, no existe la voluntad de los tres niveles de gobierno para detener esta lamentable situación, que impide un mejor desarrollo social y económico del país.
Por ello pidió a las autoridades federales contar con más políticas públicas que ayuden a erradicar el trabajo infantil en el país, e incorporar el tema en programas a la pobreza, ya que este problema debe convertirse en prioridad para evitar que los menos se dediquen a estudiar y no a laborar.
La propuesta del diputado chiapaneco es modificar el artículo 35 de la citada legislación para quedar de la siguiente manera. "A los que infrinjan tal prohibición y que además ponga en peligro su integridad física, emocional, psicológica y desarrollo, se les impondrán las sanciones que establece el código civil", de acuerdo con la iniciativa.
Al presentar su iniciativa para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de los Niñas, Niños, y Adolecentes, el legislador dijo que la situación se complica en comunidades indígenas, donde el número supera los seis millones.
La iniciativa propone sancionar penalmente a quienes contraten laboralmente a niños de menos de 14 años de edad. Expuso que las entidades federativas donde más se emplea a los menores son Chiapas, Campeche, Puebla y Veracruz, cuya tasa de trabajo infantil es entre 22 y 29 por ciento de la población de seis a 14 años.
Cada año aproximadamente 300 mil niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en busca de trabajo o ingresos.
De acuerdo con el también secretario de Economía, no existe la voluntad de los tres niveles de gobierno para detener esta lamentable situación, que impide un mejor desarrollo social y económico del país.
Por ello pidió a las autoridades federales contar con más políticas públicas que ayuden a erradicar el trabajo infantil en el país, e incorporar el tema en programas a la pobreza, ya que este problema debe convertirse en prioridad para evitar que los menos se dediquen a estudiar y no a laborar.
La propuesta del diputado chiapaneco es modificar el artículo 35 de la citada legislación para quedar de la siguiente manera. "A los que infrinjan tal prohibición y que además ponga en peligro su integridad física, emocional, psicológica y desarrollo, se les impondrán las sanciones que establece el código civil", de acuerdo con la iniciativa.
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