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27 oct. 2008

Cesan a tres funcionarios por el operativo sangriento en Miguel Hidalgo, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis., (La Jornada).- El coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, Jaime Ramírez Maza, fue cesado a causa de los hechos violentos ocurridos el 3 de octubre anterior en la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, que dejaron un saldo de seis campesinos muertos, informaron fuentes oficiales.

Agregaron que el funcionario fue cesado desde hace más de 10 días, junto con el subsecretario de Operación Regional, con sede en Comitán, Francisco Escobar, y el delegado de Gobierno en La Trinitaria, Roberto Pinto.

Hasta la fecha sólo se sabe del cese de estos tres funcionarios de la Secretaría de Gobierno, pero de ninguno de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ni del Ministerio de Justicia, quienes iban al frente del operativo que culminó con el asesinato de seis campesinos.

Al respecto, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel dijo que deben proseguir las investigaciones, para que se esclarezca quién dio la orden de realizar el operativo sin orden judicial. “Entiendo que siguen las averiguaciones para ver de quién dependió la orden de atacar, y eso tiene que esclarecerse para que se aplique la justicia”, agregó.

“El gobierno ha hecho lo posible por evitar las injusticias, poner en la cárcel a los ejecutores de los asesinatos, y ha ayudado enonómicamente con varios programas (a los pobladores de Miguel Hidalgo), pero el dolor (por la muerte de los seis labriegos) no se quita”, manifestó.

El prelado agregó que la comunidad “necesita también de la presencia de la Iglesia”, por lo que el próximo 1º de noviembre oficiará una misa en ese lugar, como lo hicieron hace dos semanas varios sacerdotes del equipo pastoral sureste.

En cuanto a la zona arqueológica de Chincultik, señaló que “se tiene que llegar a un acuerdo, para ver qué tanto puede participar el pueblo en la administración, en los trabajos y beneficios, como ocurre en las ruinas de Bonampak, donde los lacandones las administran, pero mediante un acuerdo bien establecido con las autoridades federales”.

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