Pachuca, Hgo., (El Sol de Hidalgo).- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) se pronunció por que se examinen en las comunidades los llamados usos y costumbres, pues éstos son abiertamente ilegales en algunos casos y se contraponen a las disposiciones constitucionales.
El titular del organismo, Alejandro Straffon, expuso que la propia Constitución de México establece que deben respetarse las tradiciones y hábitos de las comunidades indígenas, pero este mismo ordenamiento precisa que bajo ningún argumento puede atentarse contra las garantías individuales ni sociales.
Se refirió al caso de la comunidad San Juanico, municipio de Ixmiquilpan, donde funciona una cárcel clandestina, cuyo hallazgo ha sido difundido en los ámbitos nacional e internacional.
La detención de dos personas por parte del delegado municipal, quien ha diseñado sus propias y particulares leyes para los encierros, es un asunto que llama la atención y que debe motivar una sacudida en el renglón de los usos y costumbres cuando implican prácticas bárbaras y discrecionales.
El ombudsman de Hidalgo indicó que en ningún caso puede permitirse que funcionen prisiones clandestinas, en las cuales grupos comunitarios decidan quiénes entran y salen al margen de las normas legales y de los tribunales establecidos.
Straffon Ortiz indicó que ahora mismo se investiga el caso de San Juanico, donde, posiblemente, se pedirá la destitución y sanción penal contra el delegado de la comunidad, pues no puede permitirse que "exista un Estado dentro de otro Estado".
Insistió que ninguna autoridad menor puede imponer penas privativas de la libertad ni multas, pues esto corresponde exclusivamente a las autoridades legalmente reconocidas del Estado.
Por eso es importante, añadió, que se proceda penalmente contra quienes, escudándose en sus supuestos usos y costumbres, imponen medidas coercitivas que vulneran el Estado de Derecho, mencionó el informante.
Precisó que corresponde a la Policía y a la Procuraduría General de Justicia del Estado ejercer la acción penal correspondiente contra los infractores y que en su momento se exhortó a las autoridades policiales a que fueran en auxilio de quienes fueron arrestados ilegalmente, pues esa labor no le corresponde a la Comisión de los Derechos Humanos.
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