Desde que iniciaron los trabajos de esta carretera, vía de comunicación estratégica en el proyecto turístico de la ruta cinegética que promueve el gobierno del estado en aquella región, los pobladores de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en Mezquitic, tienen la percepción de que tanto la construcción de esta vialidad como los trabajos de electrificación que se realizan en la zona no tienen otra intención más que facilitar la entrada de las empresas que se harán cargo tanto del negocio turístico como de los recursos naturales.
La gente no entiende el problema que se está ocasionando en la comunidad, porque en la presidencia municipal nos dicen que no queremos nada y que estamos en contra de todos los proyectos para beneficiar a la comunidad, y no es eso, simplemente la comunidad sí acepta todos los proyectos, pero que para empezar los que la propia comunidad pide y que se hagan bien los proyectos. El reclamo es que se haga bien y de acuerdo a la normatividad. Pero este parece un proyecto de gobierno que está más a favor de las empresas porque así el gobierno va a recibir más dinero, señaló Florentino Robles Carrillo, de la comunidad de Pueblo Nuevo.
Auque la Profepa permitió que se reanudaran las obras de la carretera en el tramo que va del 70 al 89, la Sedeur asegura que no se está trabajando ahí y que lo único que está haciendo es levantar tres puentes entre Tenzompa y Huejuquilla.
Hay un documento de la comunidad, del 10 de noviembre de 2007, cuando estaban llegando la maquinaria para abrir el camino de la carretera, y en ese documento se señala que las condiciones de la infraestructura escolar está en ruinas; por ejemplo, hay una escuela que tiene un sellote de saludable pero no tiene sanitario. Todas las obras que se hacen, al mes ya se están cayendo porque se hacen con materiales de mala calidad. También está el caso de las clínicas, en que no hay medicamentos y muchas veces están sin médicos, refirió Xaureme Jesús, uno de los voceros de la comunidad Tuapurie.
En su opinión, el gobierno del estado, la CDI, la SEP y el DIF trabajan para dividir a las comunidades de la región al decir que la comunidad Tuapurie se opone que se hagan las obras que beneficiarán a todos.
Por su parte, Carlos Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) indicó que por ahora se revisará si la Sedeur cumplió con lo establecido por Profepa para levantar la clausura, pues tras darse a conocer que se derribaron ilegalmente más de 400 árboles, la dependencia estatal debía hacer labor de reforestación y garantizar el mínimo impacto ambiental de la obra.
Carlos Chávez dijo que la comunidad Tuapurie promovió un amparo contra la obra, que también interpuso una denuncia ante la PGR por el daño ambiental que se causó y está en vía de iniciar una querella civil por la reparación de los daños.
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