Metlaonoc, Gro., (Reforma).- En el segundo municipio más pobre de México, Metlatónoc, Guerrero, el índice de delincuencia se redujo gracias a una Policía comunitaria de indígenas que opera desde hace 13 años, explicó Sergio Sarmiento, sociólogo e investigador de la UNAM.
"Es una propuesta que nos puede dar luz para encontrar fórmulas novedosas para prevenir el delito", indicó Sarmiento durante su participación en el foro "¿A quién le toca prevenir el delito?", organizado por México Unido Contra la Delincuencia.
Sarmiento reclamó que pese a la contribución de esa Policía para que ya no haya robo de ganado, secuestros, asaltos, tráfico de armas y de amapola, hoy existen 38 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.
"Lo que deberían darles es un diploma de reconocimiento por bajar los índices de delincuencia", reclamó.
Según Sarmiento, la Policía de este municipio de la Montaña guerrense no tiene sueldo porque sigue las tradiciones de los pueblos indígenas de no cobrar por el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad.
Expuso que la Policía está conformada por nahuas, tlapanecos, amuzgos y mixtecos, y que se organizó en 1998 cuando los delincuentes comenzaron a violar a las mujeres indígenas.
"La gente decidió armarse y salir a los caminos a perseguir a los delincuentes", aseguró, "pero más tardaban en llevar a los delincuentes al Ministerio Público que el Ministerio Público en soltarlos".
Por ello, explicó, la policía comunitaria decidió juzgarlos con su propio sistema normativo, sin embargo, se le comenzó a acusar de secuestro y de pertenecer a la guerrilla, aunque durante el sexenio del Gobernador Ángel Aguirre Rivero (1996-1999), los apoyaron con uniformes y vehículos.
Hoy en día Metlatónoc tiene dos sistemas de justicia, el sistema de derecho del Derecho positivo y el sistema normativo de los derechos de los pueblos indígenas, aseguró.
"Un delincuente tiene el derecho de decidir el sistema por el que quiere ser juzgado", afirmó.
Pero advirtió que mientras este sistema de Policía no esté reconocido en la ley corre el riesgo de que las autoridades busquen cooptarla.
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