Tuxtla Gutiérrez, Chis., (La Jornada).- La incursión policiaca en el poblado Miguel Hidalgo y el desalojo de la zona arqueológica de Chinkultic, el pasado 3 de octubre, se efectuaron sin que mediara una orden judicial. Las propias autoridades admitieron, según una tarjeta informativa de la Secretaría de Gobierno (de la cual La Jornada tiene copia), que el ingreso a Miguel Hidalgo se efectuó “indebidamente”.
A mediados de septiembre, la dirección general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una demanda penal por despojo contra los ejidatarios de Miguel Hidalgo que el 7 de septiembre tomaron la zona arqueológica de Chinkultic. Al momento del desalojo, la delegación estatal de la PGR no había recibido oficio ni instruccción alguna.
Según fuentes oficiales que solicitaron el anonimato, en su premura por “recuperar” Chinkultik, el delgado del INAH, Emiliano Gallaga Murrieta, solicitó la acción mediante oficio a la Secretaría de Gobierno. Esto se confirma en la mencionada tarjeta informativa.
“Aprovechando que la PGR iba a entrar al parque nacional Lagos de Montebello –donde sí había una orden judicial–, el secretario de Gobierno, José Antonio Morales Messner, solicitó al Ministerio de Justicia del Estado (MJE) y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP) que desocuparan Chinkultic, ubicada a seis kilómetros del acceso a Montebello”, señaló la fuente.
La PGR desistió de entrar a Chinkultic sin una orden del juez. El MJE justificó su intervención debido a que Roberto Pinto, delegado de Gobierno de La Trinitaria, envió la solicitud a Marcos Esteban Juárez Escalera, director de la policía ministerial, diciendo que “por instrucciones de Morales Messner” se solicitaba el operativo, “porque se había agotado el diálogo con los campesinos”.
Con sólo un oficio administrativo de por medio, el MJE y la SSP acordaron el segundo desalojo, asevera un mando de la SSP actualmente en arraigo, entrevistado y grabado vía telefónica. El oficial, quien pidió también el anonimato, explicó que el 3 de octubre fueron traslados al municipio La Trinitaria 300 policías estatales.
“En el entronque que divide las entradas a Chinkultic y Lagos de Montebello, el destacamento se dividió en dos. Uno se fue con los policías federales a Montebello, donde se llevó a cabo un desalojo sin incidentes. Otros se desviaron a Chinkultic. No se nos avisó que íbamos a entrar a Miguel Hidalgo.”
La tarjeta informativa asienta que “indebidamente, este grupo decide dividirse. Uno ingresa a las instalaciones de Chinkultic y el otro incursiona en la localidad de Miguel Hidalgo, con el objeto de localizar al presidente del comisariado ejidal para que les diera información de dónde podían localizar a los invasores de la zona arqueológica, llevando el mando de este grupo el capitán Víctor Librado Pola Figueroa”. Se dirige al domicilio del representante ejidal “y al no localizarlo decide retener al hijo de éste, lo que motivó el descontento de la población, quienes comenzaron a reunirse”.
Por su parte, el oficial entrevistado detalla: “Según el Procedimiento Sistemático de Operaciones, cuando hay desalojo sólo tres de cada 30 policías van armados, el resto sólo porta toletes y escudos. El día del operativo a todos nos dieron armas largas”. Los policías no conocieron en un mapa los tiempos ni los límites. “Quien hizo la estrategia fue el MJE. A los integrantes de la SSP no nos dijeron nada.”
Ahora, todo indica que se ha dado por concluida la investigación sobre las responsabilidades oficiales en la muerte de seis campesinos, cuatro de ellos ejecutados. El gobierno estatal deslindó a la PGR y sometió a arraigo al director de la policía estatal preventiva responsable del operativo, al subdirector de la policía ministerial y a cerca de 30 agentes. Doce más ya están presos en El Amate (sólo uno de ellos comandante), luego de que esta semana fueron detenidos otros seis policías rasos, acusados de dar muerte a dos campesinos y herir a media decena más.
Este miércoles fueron retirados de sus cargos Francisco Escobar y Roberto Pinto, funcionarios de la Secretaría de Gobierno que declararon agotadas las negociaciones con los ejidatarios antes del operativo.
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