Ciudad de México, DF., (Notimex).- En las cárceles de la ciudad de México existen 23 indígenas sentenciados por delitos federales, entre ellos una mujer de 67 años, informó la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR.
Como resultado de visitas a los reclusorios capitalinos entre el 28 y el 30 de enero, el organismo confirmó que el número de indígenas presos en el Distrito Federal disminuyó 26 por ciento respecto al año anterior.
Los delitos más frecuentes de los que se les acusa son contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, detalló la unidad de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el informe, esas personas se encuentran en los reclusorios preventivos Varonil Norte, Varonil Oriente y Varonil Sur, así como en los centros Femenil y Varonil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.
Esas cifras colocan al Distrito Federal como la quinta entidad del país en cuanto a número de indígenas presos. El primero es Chiapas y le siguen Oaxaca, Chihuahua y Nayarit.
De acuerdo con el análisis de la PGR, los indígenas encarcelados en la ciudad de México provienen de Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca y pertenecen a las etnias náhuatl, otomí, purépecha y zapoteca.
A partir de las entrevistas, se conoció que los indígenas fueron detenidos por transportar drogas de sus regiones de origen a otras partes del país y por portar armas sin el permiso correspondiente, o bien se trataba de artefactos de uso exclusivo del Ejército.
La pobreza se identifica como común denominador entre esas personas, porque todas abandonaron sus lugares de origen por falta de oportunidades económicas.
La población indígena sentenciada en el Distrito Federal está conformada mayoritariamente por hombres, y aunque hay una mujer de 67 años sentenciada a 12 años de prisión por delitos contra la salud, la pena es incompatible con su edad, abundó la dependencia.
En ese caso, así como en el de otro indígena que ya purgó tres quintas partes de su sentencia carcelaria, la PGR gestionará la libertad anticipada.
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