Según el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo de coordinación permitirá atender a los desplazados, incluso a los que no puedan regresar a su lugar de origen, para que obtenga un espacio físico propio en donde asentarse de manera definitiva.
Para concretar el acuerdo, las partes convinieron aportar recursos para la ejecución de acciones en beneficio de indígenas desplazados incluso por la violación a sus derechos humanos, o intolerancia política, cultural y étnica.
El Estado aportará 872 mil pesos para la adquisición de los bienes, mientras que la Comisión inyectará 6 millones 376 mil 500 para financiar 109 proyectos, así como su seguimiento, supervisión y evaluación de los mismos, provenientes de los recursos aprobados en su presupuesto, correspondientes al Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados.
Las aportaciones, se aclara, serán obligatorias.
Los recursos se destinarán también para la asesoría a los grupos de desplazados en la adquisición de materiales para la construcción de vivienda, que se requieran en Chiapas.
El acuerdo subraya que en caso de que el Estado incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones generadas en los lineamientos, la Comisión, de manera unilateral, podrá suspender los apoyos sin previo aviso.
"Toda la publicidad y promoción que adquieran las partes para la ejecución del programa, tales como anuncios en medios electrónicos, escritos y gráficos y de cualquier otra índole, deberá incluir invariablemente la siguiente leyenda:
"Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios", se destaca en el acuerdo.
El convenio entra en vigor este viernes tendrá vigencia hasta la conclusión de las acciones que lo motivaron, sin que excedan del 31 de diciembre de 2008.
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