Recomiendan valorar y aplicar los modelos de producción indígenas

México, DF., (La Jornada).- En la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, todavía se requiere que gobiernos y autoridades dialoguen con las comunidades en igualdad de condiciones, para mejorar sus condiciones de vida, afirmó Ana María Barbosa, presidenta del Consejo Directivo del Fondo Indígena de América Latina y el Caribe. Resaltó que la emergencia social suscitada por la crisis financiera es una evidencia clara de que la política neoliberal, en la que prevalece el interés mezquino, ha sido equivocada.

En la inauguración de la octava asamblea del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la dirigente planteó la necesidad de entender que los pueblos originales tienen su propia propuesta y modelos de producción, los cuales han sido probados durante miles de años.

El acto efectuado la mañana de ayer en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis H. Álvarez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, destacó que las nuevas circunstancias por la crisis financiera internacional, obligan a revisar la línea de acción para fortalecer la cooperación comprometida por los integrantes del fondo indígena, a fin de mejorar las condiciones de vida de ese sector de la población.

Señaló que el próximo 10 de noviembre se cumplirán 60 años de la creación de la institución indigenista en México. En ese tiempo se han seguido distintos rumbos, pero ahora, en la actual coyuntura, se va a reorientar en beneficio de los indígenas.

Esta es una decisión del gobierno federal, pero también una exigencia de las comunidades que piden continuar con los programas y estrategias que han sido eficaces en el mejoramiento de sus condiciones de vida, aunque también es un aliciente para aplicar acciones de desarrollo con identidad, dijo.

Por eso, informó, la comisión a su cargo “ha redefinido su visión, el lugar hacia el cual avanza en un escenario en el que los pueblos y comunidades podrán decidir su desarrollo e incidir en políticas públicas, así como vivir en condiciones sociales y económicas similares al promedio nacional” y en pleno ejercicio de sus derechos.

Álvarez también se refirió a la obligación que tienen los gobiernos para impulsar los cambios legales que impulsen el desarrollo indígena, por medio del diálogo y el consenso.

Durante el foro que inició ayer, ante los participantes, representantes indígenas de la región latinoamericana y del Caribe, Barbosa advirtió que la imposición de modelos económicos o sociales no funciona, y así como hoy ha colapsado el modelo “también podrían colapsar nuestra riqueza cultural si no se le respeta”.