San Cristóbal de las Casas, Chis., (Cuarto Poder).- Los habitantes de la comunidad de San Felipe Ecatepec que la semana pasada retuvieron durante más de seis horas a un hombre, no se hicieron justicia por su propia sino que aplicaron un sistema de justicia basado en instancias menores a las reconocidas por la norma mexicana, afirmó José Rubén Orantes García, investigador del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Especialista en el tema de usos y costumbres, el investigador advirtió que debido a la inseguridad que prevalece en el país, casos como el ocurrido en San Felipe "van a suceder más seguido" en otras partes, sobre todo en comunidades y municipios indígenas.
El martes de la semana pasada pobladores de San Felipe Ecatepec, ubicada en las inmediaciones de San Cristóbal de Las Casas, retuvieron, amarraron a un poste y vendaron de los ojos durante más de seis horas a Antonio de Jesús Martínez Ruiz, a quien acusaban de pretender secuestrar a dos menores de edad.
El hombre de 35 años, originario de Simojovel y trabajador de la Secretaría de Salud, no fue golpeado y después de seis horas fue puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público, quien dos días después lo dejó en libertad bajo las reservas de ley.
Entrevistado sobre el tema, Orantes García opinó: "Lo que pasó en San Felipe Ecatepec fue que se reunieron las personas para tratar de dirimir un conflicto".
-¿Y eso está bien o está mal?- se le preguntó.
-Si las autoridades que dirimen un conflicto con base en la oralidad pasan por encima de los derechos humanos y no respetan la vida está mal, pero si ese sistema está ejerciendo una justicia para dirimir un conflicto con base en la oralidad es correcto. Lo que hay que hacer es asesorarlos, y se debe de aceptar que hay instancias menores a los juzgados de paz y justicia indígena o los juzgados de primera instancia, las cuales no son reconocidas por las autoridades judiciales del país.
Precisó: "Los usos y costumbres son parte de un sistema jurídico como instancia. Son una instancia menor. Lo que le compete al Estado es reconocerla y ya no llamarle usos y costumbres porque ello genera graves trastornos en el ejercicio de esa justicia en estos niveles".
Sostuvo que "lo fundamental aquí sería una asesoría a esa instancia, pues los gobiernos municipales se han olvidado que en las comunidades existen instancias jurídicas no reconocidas por el Estado y que pueden ser usos y costumbres porque lo que va a prevalecer es justamente la oralidad, eso es el arreglo oral y es lo mismo que se ha rescatado en muchas partes de la República".
El especialista reiteró que "todos los municipios tienen diferentes instancias, una de las cuales es inferior y puede estar en los parajes, en las colonias, donde pueden ejercer la justicia de acuerdo con la oralidad, a lo que el sistema jurídico mexicano le ha llamado usos y costumbres, pero viene de la época en que llegaron los españoles; yo le llamaría parte de un sistema jurídico".
Manifestó que acciones como la ocurrida en San Felipe suceden "por la inseguridad" que prevalece pero también "por la falta de aceptación de esas instancias legales porque el sistema jurídico mexicano, sobre todo en zonas mestizas considera que no hay otras formas jurídicas que puedan estar a la par de ese sistema hegemónico, y sin embargo, existen".
Los usos y costumbres, insistió, son formas jurídicas en el sentido de que están tratando de dirimir un conflicto. "Lo que pasó en San Felipe es lo que ha pasado en muchos pueblos que un rumor puede llegar a ocasionar un problema jurídico de esa envergadura".
Remarcó que lo que pasó en San Felipe Ecatepec "no es hacerse justicia por propia mano", pero también dijo "que el problema de los linchamientos en los pueblos y comunidades va contra los derechos humanos", aunque destacó en el caso que nos ocupa ni siquiera fue golpeado el retenido.
Aseveró que "la falta de conocimiento da como resultado que mucha gente diga que son los usos y costumbres, que están ejerciendo la justicia por su propia mano, que son unos salvajes y les ponen calificativos peyorativos a esa gente, pero lo que sí puedo decir es que las diferencias culturales jurídicamente hablando existen y ahí están, aunque de repente nuestros magistrados no las reconocen".
Concluyó: "Habría que respetar esas diferencias, es decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería de implementar en su agenda el reconocimiento de esas instancias inferiores, pues están sirviendo, ayudan a que este tipo de sectores que están por debajo de las cabeceras municipales vivan en armonía".
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