Ciudad de México, DF., (La Jornada).- En promedio, cada día mueren en México dos menores de 14 años a causa de la violencia, 3 millones 300 mil niñas y niños de entre seis y 14 años trabajan, en más de la mitad de las familias los hijos crecen en un entorno de gritos y violencia, y 16 por ciento de los niños de seis a nueve años dicen haber sido maltratados en sus escuelas.
Asimismo, muchos menores jornaleros pierden la vida en los campos agrícolas, mientras los migrantes e indígenas son discriminados y se calcula que más de 20 mil son explotados sexualmente.
En tanto, en Guatemala, 23.4 por ciento de niñas y niños de entre cinco y 17 años trabajan, 80 por ciento de las víctimas fallecidas por arma de fuego tienen entre 15 y 17 años, y fue en los hogares donde en 2007 ocurrió la mayoría de las 5 mil 243 agresiones a dicho sector.
Estos son algunos de los ejemplos que dejan en claro que en materia de respeto a los derechos humanos de la población infantil, en ambos países aún existen "grandes retos", señalaron expertos durante la presentación de la campaña binacional de sensibilización Escúchame, que fue lanzada ayer en el contexto de la conmemoración –este año– del 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En conferencia de prensa, en la que estuvieron Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Nashieli Ramírez, del Programa Infancia en Movimiento, y Benito Terrazo, de la Asociación para el Desarrollo Integral y Multidisciplinario de Guatemala, se precisó que hay que crear espacios seguros para la infancia, a fin de garantizarle el derecho a la salud, a la vida, a la familia, a la participación y a la no discriminación.
Brunori comentó que en 1990 México ratificó dicha convención, y que aunque en los últimos seis años ha habido logros, sobre todo en materia de legislación en favor de la infancia, "no son suficientes estos cambios, porque la realidad no cambia sólo con legislar", por lo que advirtió sobre la urgencia de "salvar la distancia entre la norma jurídica y la cruda realidad que se ve en el terreno".
Discriminación
Apuntó que los retos siguen existiendo, y se pronunció por acabar con la discriminación de los niños indígenas, discapacitados, del campo y de los estratos económicos menos favorecidos, así como terminar con el maltrato a menores migrantes, la explotación sexual infantil y bajar la tasa de mortalidad del sector de cinco años o menos.
Ramírez manifestó que "se debe volver a poner a la niñez en la agenda y escuchar lo que dicen los niños", así como entender que la satisfacción de sus principales demandas en materia de derechos humanos debe ser obedecida por los tomadores de decisiones.
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