Ciudad de México, DF., (Milenio).- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará trámite hoy a los 26 juicios de amparo que le faltó por resolver en agosto pasado y que están relacionados con igual número de personas que fueron acusadas de la matanza de 45 indígenas en el paraje de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
Funcionarios del alto tribunal informaron que los ministros que integran la mencionada sala ordenarán la inmediata libertad de 20 de los acusados, ya que se acreditó que se violaron sus garantías individuales y se fabricaron pruebas para acusarlos.
El expediente de los seis implicados restantes será regresado a un tribunal colegiado en materia penal para que se reponga el procedimiento instruido en su contra y se tomen en cuenta pruebas que no se valoraron en su momento.
El motivo por el cual los ministros decidieron abordar el tema de nueva cuenta, fue porque en agosto pasado fue desechado el proyecto del ministro Sergio A Valls Hernández, quien se pronunció por negarles la protección de la justicia.
Cabe mencionar que el pasado 12 de agosto, con cuatro votos en favor y uno contra, los ministros de la primera sala ordenaron la libertad inmediata de 20 de 26 personas.
En esa ocasión el ministro Juan Silva Meza señaló que esta resolución representaba un claro mensaje del alto tribunal a las autoridades encargadas de perseguir y castigar los delitos, de que sus acciones deben respetar escrupulosamente el régimen constitucional y por consiguiente los derechos humanos.
Claves
Discusión
• El ministro José Ramón Cossío Díaz dejó claro que no correspondía a la Corte determinar si entre los amparados hay inocentes o culpables de la matanza, pero sí advertir que se violaron sus derechos del juzgarlos con pruebas falsas.
• En julio de 2008, la primera sala decidió atraer el caso de las personas sentenciadas por el crimen y que reclamaban —a través de amparos— diversas irregularidades durante su proceso penal, desde la integración de la averiguación previa por parte de la PGR.
• Los ministros coincidieron en que el asunto revestía un “interés superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia o bienestar”, por ello la necesidad de la atracción.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario