Ginebra, Suiza, (AFP).- Los países de América Latina y el Caribe, apoyados por los Estados Unidos, lograron este jueves en Ginebra que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara una resolución para coordinar esfuerzos en favor de los derechos de los pueblos indígenas.
El texto, adoptado por consenso, organiza y compagina procedimientos en el seno de la ONU para atacar dos problemas que sufren los pueblos indígenas y que son "la plena aplicación del derecho (...) a la educación", y "el derecho a participar en la adopción de decisiones".
Compuesto por 47 Estados designados por la Asamblea General de la ONU, según una distribución por regiones y de acuerdo a una rotación anual, este Consejo acoge en la presente sesión a los Estados Unidos, que se habían abstenido de participar desde su creación en el 2006.
La resolución sobre poblaciones indígenas fue patrocinada por los ocho paises latinoamericanos que integran este Consejo, a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Mexico, Nicaragua y Uruguay.
tros países de la región, que actúan en el Consejo como observadores se sumaron en tanto copatrocinadores de la resolución, siendo los casos de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama, Perú y Venezuela.
La resolución fue también auspiciada por varios países europeos, como España, Estonia, Finlandia, Hungría, Noruega, Dinamarca, Chipre, Croacia y Bosnia Herzegovina, además de Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
El contenido de la resolución continúa preconizando que los países que no lo hayan hecho suscriban la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, proclamada en 2007.
Asimismo promueve la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que estipula la consulta previa de los Estados a los pueblos indígenas sobre las cuestiones de propiedad, usufructo y explotación de las riquezas descubiertas en sus tierras ancestrales.
La resolución diseña una metodología de trabajo para que el Relator Especial de este Consejo para las poblaciones indígenas, James Anaya, y otros cinco expertos designados en un mecanismo independiente, constituyan un dispositivo encargado de debatir propuestas con los pueblos indígenas a fin de solucionar carencias de los mismos.
El documento agradece a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay por su contribución a la lucha por los intereses legítimos de los pueblos indigenas, y la invita a proseguir en ese sentido.
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