Ciudad de México, DF., (El Universal).- Una red de corrupción en la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que operó en los dos últimos años del sexenio de Vicente Fox fue identificada y desarticulada por la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con información oficial, en este caso estarían implicados alrededor de 236 funcionarios, que habrían ocasionado un quebranto de por lo menos 7.2 millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 45 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra ex funcionarios, inhabilitó ya para el servicio público a Miguel de Santiago García, por 15 años; Salvador Hurtado, por 12 años, e Isaac Reyes, por 11 años, además de otro cuyo nombre no fue proporcionado, a quien multaron con 2.5 millones de pesos.
En 2005 los daños patrimoniales ascienden a 3.4 millones de pesos y en 2006 a 3.8 millones de pesos. En ese entonces despachaba como secretario de Educación Pública, Reyes Tamez, designado coordinador parlamentario de la fracción del Partido Nueva Alianza, en San Lázaro.
En el 2008 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 417.6 millones de pesos a la DGEI, que cayó a 100 millones 825 mil pesos para 2009. En 2005 fue de 159.7 millones de pesos y al año siguiente de 163.1 millones de pesos.
Como parte de la red se menciona a Patricia Salas Contreras y Guadalupe Antonio Martínez Muñoz, funcionarios de la institución, quienes realizaron, según la información, compras directas ficticias.
Además de presentar viáticos simulados y otorgamiento de prestaciones económicas con documentos falsos.
Todos los funcionarios, tanto los sancionados como los que aún son investigados, tienen posibilidad de impugnar ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
A esta red le han comprobado 869 facturas falsas y 615 certificados médicos apócrifos, así como compras simuladas, entre otras, de útiles de oficina, de procesamiento, refacciones, accesorios para bienes informáticos y productos alimenticios por 5.7 millones de pesos.
Informes a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL revelan que también hay entradas y salidas de almacén que eran virtuales y que eran reconocidas por los encargados y en este caso han hallado responsabilidad en 23 servidores públicos, tres proveedores y dos personas no identificadas.
La red también presentó viajes simulados por 157.6 mil pesos pues en 2006 sustentaron 68 comisiones con documentos apócrifos y en este caso son 36 personas las implicadas.
Sin embargo, según la documentación en poder de este diario los oficios de comisión eran firmados por el jefe inmediato y autorizado por el coordinador administrativo. En este caso son dos los inhabilitados por 10 y 15 años, mientras que otros 26 aún siguen bajo investigación de la Función Pública.
Con relación a las prestaciones falsas, al menos 184 servidores públicos accedieron a la prestación de anteojos y aparatos ortopédicos con 40 proveedores y presentaron 636 facturas; sin embargo, 534 facturas resultaron falsas y se hallaron 615 certificados médicos del ISSSTE igualmente falsos.
La Función Pública presume que al menos dos servidores públicos de la Dirección General de Educación Indígena comercializaban facturas y certificados médicos falsos con costos de 400 a 800 pesos.
El artículo 32 del Reglamento Interior de la SEP señala que las principales atribuciones de la DGEI están vinculadas a la búsqueda de auspiciar la educación de la población indígena. La población indígena alcanza los 10 millones de habitantes y representa el 9.8% de la población nacional y se localiza mayoritariamente en cinco entidades federativas del sur y sureste del país.
Según la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México hay 1.97 millones de niños y niñas indígenas entre 5 y 12 años, de los cuales 1.81 millones (91.7%.) asiste a la escuela. La DGEI sostiene que atiende a 1 millón 200 mil niñas y niños indígenas, de 24 entidades federativas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario