Ciudad de México, DF., (Finsat/El Financiero).- Ante la insuficiencia de pruebas y las "contradicciones sustanciales" que muestran las acusaciones de los seis agentes federales supuestamente secuestrados por la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, el magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo circuito en Querétaro, Hanz Eduardo Muñoz López, resolvió regresar el caso a su homologo Rodolfo Pedraza Longhi para que se presenten nuevas pruebas y careos que sustenten la condena de la acusada.
Debido a ello, Pedraza Longhi, juez Cuarto de Distrito en Querétaro, tendrá de nuevo en sus manos el decidir la inocencia o culpabilidad de la indígena ya sentenciada el 19 de diciembre pasado a cumplir una pena de 21 años de prisión y a pagar una multa de 91 mil 620 pesos junto con las también otomíes Alberta Alcántara y Teresa González por el delito de secuestro y privación ilegal de la libertad de Jorge Cervantes Peñuelas y otros cinco judiciales de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La reposición del procedimiento, es decir el retorno del expediente a Pedraza Longhi, sólo abre la puerta para que las deficiencias del ministerio público sean corregidas en vez de absolver definitivamente a Jacinta Francisco Marcial, dado que en su resolución del 7 de abril pasado, Muñoz López reconoció abiertamente que existen inconsistencias en los testimonios de los acusadores, señaló en conferencia el abogado de la acusada, Santiago Aguirre.
Además, "omitió presumir la inocencia de Jacinta al no absolverla y ordenó el desahogo de nuevas pruebas. Así optó por perpetuar su encarcelamiento", aseveró Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez, organismo que defiende judicialmente a la acusada desde enero de este año.
"Con la sentencia del Tribunal Unitario se refrenda la negativa a reconocer la inocencia de Jacinta y se pospone el esclarecimiento del caso", agregó el director de ese centro de derechos humanos.
Lo anterior, lo comentó en referencia a que los acusadores no se han presentado a comparecer y a sostener sus declaraciones en más de una docena de ocasiones en que las autoridades han solicitado su presencia.
"Esto muestra un claro desinterés por colaborar y aclarar los hechos, ya que de no presentarse, serían las primeras declaraciones de los afectados las que se tomarían en cuenta para la revisión del caso en contra de Jacinta Francisco, explicó el abogado Aguirre.
Agotarán todas las instancias
Dijo que aún quedan cuatro instancias por agotar, entre ellas la apelación, amparo directo y revisión para tratar de poner en libertad a la indígena católica y vendedora de aguas frescas como oficio tiene.
Aguirre comentó que en caso de que se falle en contra de su cliente, el Centro Miguel Agustín Prodh llevará el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues de ser condenada, Jacinta Francisco Marcial deberá cumplir aún otros 19 años en prisión como pena.
Presente en la conferencia, el esposo de la acusada, Guillermo Francisco, sostuvo que su mujer se dedicaba a vender aguas frescas desde hace 30 años cuando ambos contrajeron matrimonio, del cual resultaron seis hijos.
Asimismo, afirmó que es ilógico que un grupo de agentes de la AFI sostenga que haya sido secuestrado por una mujer, y con lagrimas en los ojos, dijo: "lo que hacen con ella sí es secuestro".
Afirmó no sentir miedo de sufrir agresión alguna, pero sí de que los diputados aprueben una legislación más estricta contra los secuestradores, pues su esposa se vería seriamente afectada.
La historia de Jacinta Francisco como prisionera, mujer nacida hace 46 años en Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, se remonta al 3 de agosto de 2006, cuando un grupo de personas vestidas de civil llegó a su hogar para llevarla al Juzgado Cuarto de Distrito del Querétaro para informarle que era acusada junto con Teresa González y Alberta Alcántara de haber "secuestrado" a seis agentes de la AFI durante un conflicto de decomiso de discos "pirata" de música el 26 de marzo de ese mismo año.
Para acusarla, sus detractores presentaron una fotografía tomada por un reportero gráfico del diario local "Noticias de Querétaro" y en la que la imagen de Jacinta Francisco Marcial aparece en una esquina a la expectación de lo que ocurría en el momento en la imagen fue tomada.
Todo comenzó en especifico al mediodía del 26 de marzo de 2006 en un operativo contra la piratería de la AFI. En esa ocasión, seis elementos de ese organismo, sin identificarse, arribaron al tianguis de Santiago Mexquititlán y despojaron a algunos comerciantes de sus mercancías, afirmando que sus productos eran apócrifos, por lo que los comerciantes exigieron a los agentes identificarse, sin embargo, éstos se negaron y fue que de esta manera que comenzó una protesta masiva.
Tras el aumento de la tensión, el agente del Ministerio Público Federal (MPF), Gerardo Cruz Bedolla, y el jefe de la AFI en Querétaro, Omar Evaristo Vega Leyva, acudieron al lugar para dialogar con la gente afectada.
Ya allí, los funcionarios señalaron que los agentes cometieron errores, por lo que se respondería por los daños causados.
Primero ofrecieron que se regresaría la mercancía despojada, sin embrago, lo regresado fue mercancía distinta a la decomisada. Debido a este motivo, las protestas aumentaron.
Después, los altos agentes ofrecieron pagar el monto económico de los daños en efectivo. No obstante, debían "ir" por el dinero, por lo que ofrecieron en "garantía" al agente de la AFI, Jorge E. Cervantes Peñuelas, para que se quedara en lugar.
Tres horas más tarde, los funcionarios llegaron con un grupo de policías y reporteros, y procedieron a resarcir los daños. Por todo el escándalo que se producía, algunas personas se acercaron para ver lo que sucedía, y entre ellas Jacinta Francisco, quien en ese momento dejó de atender su puesto de aguas frescas. Justo cuando se acercó al sitio de "los resarcimientos", fue cuando se tomó la imagen que sirvió como prueba para su condena.
Por este motivo fue apresada y el 19 de diciembre de 2008 se le condenó a purgar una sentencia de 21 años en el Centro de Readaptación Social femenil, ubicado en San José el Alto, Querétaro.
Es de esta manera que "queda patente la discriminación de las instituciones en contra de las mujeres y los indígenas en México", concluyó su conferencia Luis Arriaga.
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