Madrid, España, (EFE).- Amnistía Internacional (AI) puso hoy en marcha una campaña en Internet para pedir al Gobierno mexicano que libere a cinco indígenas defensores de derechos humanos, detenidos hace más de 10 meses en el sur del país.
En un comunicado de prensa, la organización no gubernamental volvió a pedir a México que cumpla sus promesas ante Naciones Unidas y libere esos cinco indígenas, miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me' Phaa (OPIM) .
AI denuncia que esos cinco indígenas siguen en prisión, por lo que para pedir su liberación ha puesto en marcha una "ciberacción" a través de la página web www.actuaconamnistia.org.
"Al mantener en prisión a cinco indígenas defensores de los derechos humanos bajo cargos fabricados, las autoridades mexicanas no están cumpliendo los compromisos de derechos humanos que hicieron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace menos de un mes" , señala Amnistía Internacional.
Esta acción de la organización no gubernamental se produce precisamente cuando está a punto de adoptarse la decisión que definirá la situación de estos cinco miembros de OPIM, detenidos en una prisión en el estado de Guerrero, acusados de homicidio.
"Hace menos de un mes, México se comprometió a proteger la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas," recordó hoy Susan Lee, directora del Programa para las Américas de AI.
Los indígenas Raúl Hernández, Manuel Cruz, Orlando Manzanárez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago permanecen detenidos desde el pasado 17 de abril en el municipio de Ayutla.
El Gobierno acusa a estos hombres de la etnia tlapaneca de asesinar a Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad guerrerense de El Camalote.
Sin embargo, según recuerda Amnistía Internacional, el 20 de octubre de 2008 un juez federal ordenó la liberación de cuatro de los detenidos al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban.
Sin embargo, los cuatro presos no han sido puestos en libertad porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado la resolución a pesar de no haber presentado nuevas pruebas.
Al quinto detenido, Raúl Hernández, se le negó el amparo por parte del juez federal porque dos testigos dijeron que estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima.
Sin embargo, AI afirma que "no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato" .
"Amnistía Internacional ha establecido que los cargos contra los cinco presos de conciencia han sido presentados en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y por las autoridades" , añade.
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