Así se expresa Valentina, indígena Me´phaa (tlapaneca) de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, Guerrero, quien fue violada y torturada por militares el 16 de febrero de 2002, cuando tenía 17 años de edad.
Entrevistada por Cimacnoticias en Chilpancingo, en un lugar que prefiere no revelar a nadie, dice que su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre del 2003, y el 12 de octubre de 2007 acudió a una audiencia pública en Washington, sede del organismo, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual llegan los casos que han agotado las instancias nacionales de justicia.
Para Valentina, la audiencia fue una experiencia buena pero triste “porque una mujer como yo, indígena mexicana, tuve que ir hasta Washington para que se me haga justicia, porque el Gobierno de México no escucha y porque hay muchas mujeres que no denuncian por vergüenza o por miedo a sus maridos o su familia”.
Inés, otra mujer Me´phaa, fue también atacada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres. Su denuncia en México corrió la misma suerte que la de Valentina, por lo que su caso fue presentado también ante la CIDH en junio del 2004.
Inés, acompañada de los abogados Mario Patrón y Alejandro Ramos y de Obtilia Eugenio Manuel, su traductora, asistieron el mismo día que Valentina a la audiencia de la CIDH, donde se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por violaciones a sus derechos.
NO CALLAR, SINO LUCHAR
A partir de la audiencia, asegura Valentina, sentí que las cosas podían cambiar y puede haber justicia para las mujeres, solo que tienen que entender que no deben callarse, sino luchar para que las cosas no se queden sin resolver.
El caso de Valentina, afirma Teresa de la Cruz, coordinadora del área de difusión del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, está en espera del Informe de Fondo que emita la CIDH, cuyo retraso ha obedecido a que el Estado mexicano envió en noviembre un informe a la Comisión pidiendo que no emita su Informe, porque asegura que está practicando algunas diligencias.
Sin embargo, explica, en diciembre pasado Tlachinollan, peticionario ante la CIDH afirmó que toda investigación que realiza el Estado mexicano es ineficaz, porque no se aclara la competencia, es decir, qué institución es responsable de hacer la presunta investigación.
El Estado mexicano dijo que la Procuraduría General de la República estaba practicando las diligencias, cuando en realidad era la Procuraduría estatal la encargada. “Y esto para nosotros no tiene validez, dice De la Cruz, porque la Procuraduría estatal sólo está investigando civiles, cuando fueron militares los que violaron a Valentina. Por eso en nuestro escrito de diciembre solicitamos que la CIDH ya emita el Informe de fondo.
MÁS TORTURA
Para Inés, además de las secuelas de la violación, continúa siendo víctima de otro tipo de tortura: su hermano Lorenzo, quien inició los trámites para denunciar la violación y era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) fue secuestrado, torturado y asesinado el 9 de febrero de 2008, presumiblemente por denunciar en foros internacionales el caso de Inés.
Fue también pieza clave en la organización de los 14 indígenas esterilizados por autoridades de la Secretaría de Salud, bajo la promesa de que les construirían una clínica. Más aún, dos de sus sobrinos, uno de ellos víctima de esterilización, se encuentran encarcelados con otros tres integrantes de la OPIM, bajo la acusación de haber asesinado a un informante del Ejército.
La Montaña de Guerrero es una de las zonas con mayor presencia militar y la violación sexual a mujeres se ha mantenido en la impunidad debido al fuero militar que permite a los soldados no sean juzgados, dice Tlachinollan en su texto Injusticia Legalizada.
La justificación oficial para que La Montaña se encuentre militarizada, dice, es la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el combate al narcotráfico. Sin embargo, explica Tlachinollan, la intervención de las fuerzas armadas se ha mantenido durante mucho tiempo como parte de la lucha contrainsurgente.
Afirma Tlachinollan que los casos de violaciones atraídos por la Procuraduría General de Justicia Militar o enviados por las autoridades civiles a las castrenses, implica que las víctimas no puedan acceder a la justicia, debido a que el fuero militar perpetra la impunidad en beneficio de sus agentes.
EL INFORME QUE VIENE
La CIDH emitió el pasado 7 de noviembre un informe al Gobierno de México por el caso de Inés, pero aunque confidencial, este tipo de documentos casi siempre se orientan a la recomendación de la reparación del daño de las víctimas, la investigación del hecho y la sanción a los responsables, dice De la Cruz.
Ahora, informa, están en espera de que el Estado Mexicano responda a las recomendaciones. Y si el Estado no las acepta, la CIDH emitirá un Informe final o el caso se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como lo pidió en diciembre pasado Tlachinollan.
“Seguiré luchando para que los militares paguen, estoy triste porque 7 años después aún no hay justicia y estoy sola y lejos de mi familia. Voy a luchar hasta que encuentre la justicia y cuando ésta llegue voy a regresar a mi pueblo a sembrar jamaica junto a mi familia”, concluye Valentina.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario