México, DF., (Agencia EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) exigió hoy la liberación "inmediata e incondicional" de cinco indígenas mexicanos detenidos hace más de seis meses en el sur de México por un supuesto homicidio que, según un juez, no cometieron.
Los indígenas Raúl Hernández, Manuel Cruz, Orlando Manzanárez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, todos miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) , permanecen detenidos desde el pasado 17 de abril en el municipio de Ayutla, en el sureño estado de Guerrero.
El Gobierno acusa a estos hombres de la etnia tlapaneca de asesinar a Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad guerrerense de El Camalote.
Sin embargo, el pasado 20 de octubre un juez federal concedió un amparo a cuatro de ellos "al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban, por lo que ordenó su liberación" , aseguró AI en un comunicado emitido en México.
"AI ha llegado a la conclusión de que estos cinco hombres son inocentes de los cargos de asesinato que se les imputan, y que su detención y la persecución contra ellos tienen motivaciones políticas" , manifestó la organización, con sede en Londres.
Para la ONG el proceso contra los indígenas "se ha llevado a cabo en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades" .
Si bien el juez determinó la excarcelación, los indígenas no han recuperado su libertad porque la gubernamental Procuraduría General de la República "ha apelado la resolución, a pesar de no tener una función aparente en el caso ni haber presentado nuevas pruebas" , aseveró AI.
En cambio, al indígena Raúl Hernández el magistrado le negó el amparo porque dos testigos dijeron que estaba en el lugar de los hechos en el momento del asesinato.
No obstante, Amnistía Internacional considera que los testimonios en su contra fueron fabricados porque quienes denunciaron el crimen sólo lo hicieron cuando el cacique de la comunidad, a quien no identifica la nota, acusó unos días después a los miembros de OPIM, una organización que trabaja en favor de los derechos de los tlapanecas de Ayutla.
"Se sabe además que el cacique había amenazado y hecho falsas acusaciones contra la OPIM en ocasiones anteriores" y que el fiscal que investigó el caso "trabajó directamente con el cacique" , quien además actuó como traductor oficial durante el juicio, sostuvo Amnistía Internacional (AI) .
"Esta historia ilustra un patrón común de abusos contra los derechos humanos en Guerrero" , apuntó Rupert Knox, investigador sobre México de AI.
La asociación civil señaló, además, que existen órdenes de detención contra otros 10 miembros de la OPIM por el mismo crimen.
Lorenzo Fernández Ortega, uno de los líderes de OPIM, fue secuestrado el pasado 9 de febrero y su cadáver hallado al día siguiente con signos de tortura, un crimen que no ha sido esclarecido aún.
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