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10 sep. 2009

Llevan a la Coidh caso de indígena violada por soldados en Guerrero

Ciudad de México, DF., (Proceso).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), por negar el acceso a la justicia a la indígena tlapaneca, Valentina Rosendo Cantú, quien fue violada sexualmente y torturada por miembros del Ejército Mexicano en 2002.

En un comunicado, la CIDH informó que el pasado 2 de agosto interpuso formalmente la queja ante el máximo órgano jurisdiccional interamericano.

El caso de Valentina se suma a otro similar, en el mismo año y en la misma región del estado de Guerrero –Ayutla--: el de la indígena tlapaneca Inés Fernández Ortega, también violada sexualmente por militares, y que desde hace algunos meses litiga en la Coidh.

La denuncia, señaló la CIDH, está relacionada con "la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; con la falta de debida diligencia en la investigación y la falta de sanción a los responsables de los hechos; así como con las dificultades que enfrentan los miembros de los pueblos indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud".

El caso de Valentina Rosendo, quien era menor de edad cuando fue agredida sexualmente, fue admitido por la CIDH en 2006, luego de que la indígena y su representante, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan", intentaran que los hechos fueran esclarecidos desde las instancias del fuero civil y no el militar, donde la investigación fue cerrada sin el castigo a los responsables.

De acuerdo con la demanda, la CIDH acusa a México de violación a los derechos a garantías judiciales, a la protección judicial, a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, y los derechos del niño, en agravio de la indígena tlapaneca, así como por violar el derecho a la integridad personal en contra de la hija de Valentina.

Además, se responsabiliza a México de incumplir las convenciones interamericanas para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la de Prevenir y Sancionar la Tortura.

La CIDH solicitó la intervención del tribunal interamericano para que ordene al Estado mexicano que realice una investigación "oportuna, inmediata, seria e imparcial en la jurisdicción penal ordinaria mexicana", así como "identificar a los responsables, e imponerles las sanciones correspondientes (…) y remitir al fuero civil todos los antecedentes de la investigación realizado en el fuero militar".

También sugiere obligar al gobierno mexicano a reparar los daños causados a Rosendo Cantú y su hija, por las violaciones a sus derechos.

Entre las medidas jurisdiccionales, la CIDH pide al tribunal ordenar al gobierno de Felipe Calderón "adoptar las medidas necesarias para que la jurisdicción militar tenga un alcance restrictivo y excepcional, limitado exclusivamente a juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas, que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. En especial, adoptar las medidas legislativa, administrativa o de otra índole, necesarias para que el fuero militar esté excluido de conocer violaciones a los derechos humanos, particularmente casos de violencia sexual".

Otras medidas solicitadas se refieren a las garantías que deben tener la mujeres indígenas para acceder a la justicia, para contar con servicios de salud, para respetar su identidad cultural, así como para coadyuvar a la reinserción plena en la comunidad de la mujeres indígenas víctimas de violación sexual, entre otras.

El caso de Valentina Rosendo Cantú es la tercera demanda contra el Estado mexicano que se sigue en la Coidh por abusos cometidos por militares. Además de expediente de Inés Fernández, también se litiga otro relacionado con la "guerra sucia" de los años setenta en el estado de Guerrero; el de la desaparición forzada del líder campesino, Rosendo Radilla Pacheco.

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