Ciudad de México, DF., (La Jornada).- Arturo Chávez Chávez, propuesto por el presidente Felipe Calderón como nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en sustitución de Eduardo Medina Mora –falta su ratificación por el Senado–, como miembro del bufete jurídico de Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, estuvo involucrado en el litigio por el cual el gobierno federal está obligado a pagar más de mil millones de pesos a ejidatarios de Altamira, Tamaulipas.
Durante ese litigio, Arturo Chávez fue designado por los ejidatarios de Altamira como uno de sus apoderados legales para reclamar el cumplimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asunto que sigue en curso ante la justicia administrativa y civil de Tamaulipas.
Por otra parte, un día después de la salida de Eduardo Medina Mora de la PGR, fuentes militares y civiles (que pidieron el anonimato), señalaron que existe el temor de que con su renuncia se rompa el puente de confianza que existía entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Ministerio Público Federal en materia de combate al crimen organizado.
Explicaron que en caso de que llegue Chávez al cargo de procurador de la República, se tendrán que establecer nuevos vínculos entre la Sedena y la PGR para realizar acciones conjuntas que involucren sólo a personal considerado de alta confianza.
En ese contexto, un órgano que se considera importante y ha logrado un alto grado de confianza por parte de los mandos militares es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
A cuidar los derechos humanos
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, comentó que el Ejecutivo federal ya se había tardado mucho en cambiar al titular de la PGR, y añadió que, de ser ratificado por el Senado, Arturo Chávez deberá devolverle a esa institución las funciones que le corresponden y que hoy están en manos del Ejército.
"Hasta ahora las funciones de la PGR las hace el Ejército. La dependencia tiene que volver a asumir su papel de fiscal de la nación, y para eso se necesita que haya cabeza", afirmó.
Aseguró que tiene mejor impresión de Chávez Chávez que de Medina Mora, cuya gestión calificó de "lamentable", porque se confrontó con la CNDH, le negó información y rechazó todas sus recomendaciones.
Por su parte, el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, externó su preocupación por la propuesta de nombrar a Chávez Chávez, porque cuando fue procurador en Chihuahua "el problema de las mujeres asesinadas Ciudad Juárez creció radicalmente".
Luz Estela Castro, coordinadora del Centro de Atención de los Derechos Humanos de la Mujer, señaló que la posibilidad de que Chávez se convierta en el nuevo procurador general "representa un retroceso para los derechos humanos, pues fue uno de los funcionarios que más atropelló las garantías fundamentales de mujeres e indígenas".
Castro recordó que Chávez, como procurador de justicia de Chihuahua, fue señalado directamente por la entonces titular de la CNDH, Mireille Rocatti, como responsable de omisiones y negligencia en la investigación de los feminicidios en Juárez.
Además ordenó reprimir a decenas de indígenas rarámuris que se manifestaron frente a las instalaciones de la PGR en Chihuahua, "quienes fueron brutalmente golpeados y encarcelados", menciona Castro, quien también fue encerrada al acudir en apoyo de ellos.
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