Tuxtla Gutiérrez, Chis., (Expresso Chiapas).- “Lo hemos dicho y lo reiteramos. La realidad de Chiapas es diferente a la de hace 12 años. Una de las diferencias sustanciales es que el gobierno del estado tiene una posición irrestricta de respeto a las comunidades indígenas”, sostuvo Tomás Sánchez Sánchez, contralor social del gobierno estatal.
El funcionario estatal, que ha seguido de cerca el caso de los amparados de Acteal, sostuvo que el gobierno “expresa, en el caso de Acteal, el dolor compartido con los deudos y todo Chiapas es observador de que la estabilidad en esa zona no se vea afectada por la decisión de la Primera Sala de la SCJN, que no nos toca compartir, pero que acatamos”.
“Chiapas cree en la libertad de expresión de todos los sectores y actores políticos y sociales, y acompañando la exigencia de justicia verdadera para los culpables del delito de lesa humanidad en Acteal, su actuación ha sido mínima, sobre todo por ámbitos de competencia” agregó.
Explicó que el gobierno local “como poder estatal, sin posibilidades de acción y decisión en cuanto a la sentencia de la Corte mexicana que decidió amparar a los procesados por la masacre, sí expresamos nuestra posición puntual: esperamos justicia, exigimos justicia para el caso Acteal, junto a los sobrevivientes y todo el pueblo de Chiapas”.
Recordó que “precisamente en respuesta al temor expresado por deudos y habitantes de Acteal, el gobierno del estado evitó, apegado a los valores de legalidad y la libertad de todas las personas, el regreso de los amparados al municipio de Chenalhó. Usando los canales legales posibles, logró un acuerdo con estas personas amparadas para que no regresaran a las comunidades, ante el temor, y las expresiones que señalaban posible desestabilización si regresaban”.
Como gobierno estatal “nos unimos a la voz de la diócesis de San Cristóbal, de las Abejas, de los centros de derechos humanos en México y el mundo, a la sociedad civil de Chiapas, de México e internacional en el clamor que exige justicia real que castigue a todos los responsables de la masacre, que duele, que nos duele a todos”.
“En su ámbito de responsabilidad, el Gobierno de Chiapas ha aportado y seguirá aportando respeto a las comunidades indígenas y acompañamiento a todos los procesos que convoquen a la paz y a la reconciliación”, concluyó.
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