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8 abr. 2009

Ya no cree en la justicia

Por Joel Sánchez Rodríguez, especial

Pachuca, Hgo., (Radar Político).-
Elio Olguín Colula, padre de la familia indígena que desde el mes de octubre vive prácticamente “sitiada” e incomunicada por pobladores de Chichimecas, narró en la ciudad de Pachuca la difícil situación que él, su esposa Gabriela Olguín Pérez y sus hijos Patricio y Alma Delia Olguín Olguín de 10 y 8 años de edad, viven luego de que el ex-delegado municipal, Juan Bárcenas Chavarría, apelando a los usos y costumbres de la comunidad, ordenó que se les suspendieran los servicios de agua, luz y drenaje como represalia por no haber inscrito a sus hijos en la escuela primaria de la localidad.

Reiteró que al realizarse el cambio de delegado y asumir el cargo Francisco Escamilla López, la situación no mejoró, sino que se agravó, pues las represalias se han extendido hacia sus padres Pastor Olguín Pérez y Caridad Colula Pérez, de 70 años de edad, así como a sus hermanos, por lo que son 12 las personas que tienen que padecer esta situación, además de que ahora ya no los dejan sembrar en su parcela y temen que en cualquier momento puedan sufrir alguna agresión física.

Entrevistado, dijo haber llegado a una situación de desesperación, pues como resultado de las condiciones insalubres en las que viven por falta de servicios, su menor hijo ha enfermado de hepatitis y temen que la enfermedad se propague entre toda la familia, por lo que pide ayuda para resolver esta situación que se originó por haber inscrito a sus hijos en el 4º y 6º grado de la escuela primaria “Adolfo López Mateos” de Ixmiquilpan y no en la de su comunidad por lo que el ex-delegado junto con Fernando y Mario Pérez Isidoro, Isidro Pérez Escamilla y Marcial Pérez Hernández, les suspendieron los servicios.

Comentó que el delegado regional de la Dirección de Gobernación, Francisco Mayorga Domínguez, pese a conocer de los hechos no le ha brindado ninguna ayuda, como tampoco le ha resuelto Jorge Luis López del Castillo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, organismo que ni siquiera los ha visitado.

Dijo que a través del secretario municipal también acudió al ayuntamiento que preside Abraham Camargo Mera, se le pidió apoyo a la ex-comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz que “nada más le dio vueltas al asunto”, se inició una averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por abuso de autoridad y se obtuvo una orden de aprehensión en contra del ex-delegado Barcenas Chavarría, por la causa penal 008/2009, pero los agentes de la ministerial no se atreven a ejecutarla por temor a los pobladores.

Explicó que para sobrevivir, los 12 integrantes de la familia que padecen esta situación y dar alimentos a sus animales, tienen que comprar diariamente 10 garrafones de agua potable con los cuales solo cubren sus necesidades básicas, por lo que surgen los estragos y comienzan a generarse las enfermedades, con lo que se pone en riesgo la salud e integridad de toda la familia.

El denunciante lamentó que no se de cumplimiento a la orden de aprehensión y aseguró que ya no cree en la justicia, que los hechos le confirman que esta solo existe “para la gente allegada al gobernador” por lo que pidió la intervención del mandatario estatal para resolver esta situación surgida del deseo de que sus hijos reciban una buena educación.

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