Ciudad Juárez, Chih., (El Diario).- En condiciones de marginación, explotación y discriminación se encuentran casi siete mil indígenas de seis etnias que viven en Ciudad Juárez, por omisión de las autoridades municipales y estatales que los consideran un costo social y un rostro más de la pobreza, determina un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
La investigación realizada por Silvia Méndez Hernández, catedrática y maestra en Ciencias Sociales, expone que la situación de las comunidades étnico-urbanas en Juárez se torna cada vez más grave por el desarraigo que existe, el fenómeno migratorio y desarticulación del tejido social en la ciudad.
“En suma, las políticas hacia los inmigrantes indígenas y las comunidades étnicas urbanas parecen no existir”, menciona, “las políticas se caracterizan por omisiones hacia una parte de la población que parece no existir”.
El estudio aparece publicado en el libro “Chihuahua Hoy 2008. Visiones de su Historia, Economía, Política y Cultura”, un compendio de ensayos editado por la UACJ, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y el Instituto Chihuahuense de la Cultura.
En el diagnóstico que Méndez Hernández realiza de los indígenas en Juárez luego de una amplia investigación de campo detalla que la mayoría vive en condiciones de hacinamiento, en terrenos irregulares, de alto riesgo, inadecuados y con pocos y deficientes servicios públicos.
Mientras que en lo que se refiere a la salud indica que para este sector los servicios son inaccesibles porque, por desconocimiento y falta de difusión oficial, no hacen valer su derecho de recibir atención médica gratuita en instituciones públicas de salud y apoyo con medicamento, como lo dispuso el Gobierno del Estado.
En el aspecto laboral señala que enfrentan una problemática seria porque carecen de oportunidades y se dedican al comercio informal, lo que se traduce en una persistente violación de sus derechos humanos.
Por lo que ante la falta de un mercado laboral también se dedican a la mendicidad como medio para obtener parte o el total de sus ingresos.
En materia educativa refiere que carecen de programas especiales que tomen en cuenta el fortalecimiento de sus lenguas y sean acordes con su realidad en la ciudad.
Tras una exploración de las condiciones sociodemográficas en las que se encuentra asentada la comunidad indígena en Juárez, los programas de gobierno y el papel de las organizaciones de la sociedad civil a su favor, la investigadora resume en el título del trabajo la situación de este sector de la sociedad fronteriza: “Ser indígena en la Ciudad: Marginación, Explotación y Discriminación de los Indígenas en Ciudad Juárez”.
Explica que la población de indígenas que hay en la ciudad asciende a seis mil 864 habitantes, distribuida en 41 lenguas nativas.
Los datos históricos ahí revelados establecen que la presencia de los indígenas en la ciudad se ha dado desde 1950, con la migración rarámuri o tarahumara que se desplaza a trabajar aquí de forma temporal y se incrementa con los que vienen sólo a pedir kórima.
Los grupos que sobresalen numéricamente en la ciudad son tarahumaras o rarámuri, originarios del estado de Chihuahua, con una población de tres mil 494 personas.
De ahí le siguen en cantidad con 887 habitantes la comunidad náhuatl que proviene del estado de Veracruz, los mazahuas del Estado de México, con 715; y tres grupos originarios de Oaxaca: zapotecos, 438; mixtecos, 399; y chinatecos, 311.
De las etnias asentadas en la ciudad, el estudio asegura que sobresalen la rarámuri, mixtecos y mazahuas porque a diferencia de otros grupos estos se encuentran cohesionados y agrupados en pequeñas comunidades.
Por lo que la investigación se centra en analizar a detalle los tres grupos anteriores, a los cuales ubica en nueve asentamientos urbanos, la mayoría de ellos en el poniente de la ciudad.
Población oculta y desatendida
A pesar de que la presencia de los indígenas a la ciudad se registra desde hace más de 50 años, esta población se mantiene oculta, invisible para la mayoría de los ciudadanos y con pocas políticas específicas destinadas a ellos, expone la investigación.
Aún cuando Juárez es una ciudad producto de la inmigración, los habitantes y las instituciones públicas no conocen las implicaciones culturales, sociales y políticas que este fenómeno supone.
“Las autoridades han dejado de lado los aportes que la presencia de las comunidades indígenas hace a una ciudad, en la que, por el contrario, se les considera un costo social y un rostro más de la pobreza”, manifiesta.
Y es que los indígenas no participan o está limitada su participación en el proceso de elaboración de políticas públicas lo que se debe principalmente a que no hay interés de las instituciones en incluirlos, ya que los programas de gobierno son hechos unilateralmente.
En el ámbito gubernamental local estos grupos tampoco ocupan un lugar importante dentro de los programas institucionales, salvo el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) que dentro de sus planes de desarrollo sectorial ha consultado a comunidades étnicas radicadas en la ciudad.
En el gobierno municipal, dependencias como la Dirección de Comercio Municipal y Desarrollo Integral de la Familia (DIF) suelen tener una relación conflictiva con indígenas que se dedican al comercio ambulante, porque dentro de ellas imperan criterios autoritarios y formales.
En tanto que la Dirección General de Educación y Cultura carece de políticas hacia ellas.
En el caso de Comercio, la investigación afirma y documenta con testimonios abusos de los que son víctimas por parte de los inspectores de esa dependencia municipal, quienes les retiran su mercancía y les ponen trabas para darles permisos.
Mientras que a los que venden mercancía en el puente internacional Paso del Norte en repetidas ocasiones se las decomisan y tiran al río Bravo, además de que en estos operativos constantemente son detenidos por la Policía Municipal.
Del DIF se indica que los programas que ahí se ofrecen a estas comunidades muestran lineamientos difíciles de modificar o adaptar, inclusive para la misma localidad.
Además de que los indígenas también denunciaron atropellos y acciones intimidatorias de parte de personal del DIF, así como amenazas a los niños de llevarlos al Tribunal para Menores por vender en la calle.
“Para el DIF los indígenas son los que deben adaptarse a los programas de gobierno que ofrece”, menciona la investigación, el problema es que éstos no están informados ni tienen educación.
En los ámbitos estatal y federal se presenta una situación similar, ya que existen programas que inciden poco en la problemática de los inmigrantes indígenas.
La mayoría de los planes estatales y federales se centran en el desarrollo social, pero las comunidades urbanas no son objeto de atención, solo las rurales.
Muestra de ello, exhibe, es el trabajo que realiza la oficina local de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, que sólo opera como un puente para la canalización de donativos y no cuenta con un programa para la atención de los indígenas ya que sólo se dedica a dar seguimiento a planes de otras instituciones de gobierno.
“El gobierno estatal y municipal sostienen una relación desigual y paternalista con las comunidades”, indica el reporte.
Aunado a este factor, son pocos los organismos de la sociedad civil que se encargan de apoyar a los indígenas en Juárez porque es un sector que no es redituable ni productivo en términos económicos.
Las pocas agrupaciones que trabajan con este sector lo hace de forma asistencial a través de internados para niños y sólo dos grupos se ocupan de las familias y de forma permanente.
La investigación indica, por ejemplo, que el Plan Estratégico de Juárez en su diagnóstico de la ciudad toca el carácter multicultural que la localidad asume debido a la migración, “pero no reconoce las necesidades específicas de las etnias”.
Mientras que en el ámbito de la política electoral menciona que los indígenas están ausentes del discurso de los partidos políticos y de sus candidatos a puestos de elección popular y en la mayoría de los casos sólo aparecen como elementos ornamentales para imprimir un enfoque folclórico.
Dónde están en Juárez
Los tarahumaras– Ubicados en cuatro asentamientos en distintos puntos de la ciudad, la comunidad rarámuri es la de mayor proporción en la ciudad, poco más de la mitad de todos los grupos que hay en Juárez.
El asentamiento de indígenas más grande y conocido que hay en la ciudad es la Colonia Tarahumara, ubicado al norponiente de la ciudad, cercano a las faldas del cerro de la Sierra de Juárez, entre las colonias Díaz Ordaz y Plutarco Elías.
En un inicio la colonia nace en condiciones de extrema pobreza y en la actualidad cerca de 70 familias que viven ahí habitan en su mayoría casas de cartón y madera; mientras que un grupo más reducido se asienta en 36 pies de casa que constan de un cuarto de bloque con baño cada uno.
Es el único grupo que tiene escuela bilingüe reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Un segundo asentamiento rarámuri se localiza en la colonia Los Alcaldes, al suroriente de la ciudad.
Este grupo se localiza en un albergue cuya población varía de acuerdo a cada temporada, pero por lo regular conviven cerca de 70 personas en nueve viviendas construidas de adobe o bloque.
Un tercer asentamiento de tarahumaras se localiza en el kilómetro 30 de la carretera Casas Grandes, al surponiente de la ciudad, lugar que funciona como punto de encuentro de los indígenas de diferentes lugares para realizar sus tradicionales carreras.
En el predio ocupado de manera irregular hay alrededor de 20 familias con 100 habitantes y las viviendas de madera y cartón, además de que no cuentan con servicios públicos de agua, luz y pavimentación.
El cuarto asentamiento ráramuri se localiza en la colonia la Cuesta II, cerca del eje vial Juan Gabriel, donde viven familias que han salido de los otros sitios, pero ahí viven en graves condiciones de hacinamiento.
El estudio señala que cada vez es más común que familias de rarámuri no vivan en grupo, por lo que algunos habitan en la colonia Revolución Mexicana.
Comunidad mazahua– La migración de los mazahuas a Ciudad Juárez inició en la década de los 60 y proviene de 15 municipios del Estado de México.
Se han establecido en las colonias Revolución Mexicana y Granjas de Chapultepec, ubicadas en el surponiente de la ciudad; aunque recientemente también en Municipio Libre, Fray García de San Francisco y Frida Kahlo, localizadas al suroriente.
Regularmente ocupan casas que son de su propiedad y cuentan con servicios públicos.
Unos se dedican a la venta de imágenes religiosas y figuras decorativas de cerámica, mientras que otros a vender dulces en algunas maquiladoras.
Comunidad Mixteca– Originarios de la sierra Mixteca Baja de Oaxaca, la comunidad mixteca llegó a la ciudad en 1985 y se encuentran asentados en las colonias Rancho Anapra y Ampliación Plutarco Elías Calles, ubicadas al norponiente.
En los asentamientos viven unas 40 familias con cerca de 250 habitantes.
Sus viviendas se ubican en terrenos considerados de alto riesgo, aunque pueden disponer de servicios públicos.
La mayoría de las mujeres se dedican al comercio informal y los hombres a la música, por lo que forman grupos que tocan en eventos sociales y en la vía pública.
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