Ciudad de México, DF., (CIMAC).- En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), México presentó su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
En este ejercicio, la comunidad internacional externó sus principales preocupaciones, las cuales coinciden con los informes remitidos en septiembre de 2008 por organismos de la sociedad civil mexicana e internacional como insumos para la revisión de México.
Durante la sesión plenaria, se urgió al Estado mexicano, representado por el Secretario de Gobernación para que atienda la urgente necesidad de armonizar la Constitución y la legislación local a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
A implementar acciones concretas y efectivas para combatir la impunidad. Eliminar la figura de arraigo que contraviene a las recomendaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas.
Armonizar la definición de crimen organizado de acuerdo con lo que plantea la Convención de Palermo sobre Crimen Organizado. Garantizar que debe ser la justicia civil la que conozca los casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares. Es decir, eliminar el fuero de guerra.
Reforzar las medidas y acciones para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres. En particular, sobre feminicidios se recomendó continuar con las investigaciones y sancionar a los responsables. Erradicar la tortura, mediante mecanismos eficaces y efectivos.
Proteger a las y los periodistas para garantizar la libertad de expresión y sancionar a los responsables de las agresiones cometidas contra ellas y ellos. Además de garantizar la pluralidad y diversidad en el acceso a las medios de comunicación.
La pobreza fue una preocupación reiterada y se recomendó reducir la desigualdad en todo el país, entre zonas geográficas y regiones y redistribuir la riqueza.
Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos alertó sobre la situación de algunos grupos de población. En este sentido, resaltaron recomendaciones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas: consultarlos sobre los proyectos que se desarrollen en sus comunidades; atender el rezago económico y social en el que se encuentran así como garantizar el acceso a la justicia.
Con respecto a los derechos de la infancia se llamó la atención sobre garantizar el acceso a la educación, especialmente a las y los niños migrantes e indígenas. Protegerlos de la prostitución y explotación sexual, de los castigos corporales en el ámbito familiar y escolar, y atender especialmente a los niños en situación de calle.
Se reiteró la exigencia para que cesen las violaciones a los derechos humanos contra las personas migrantes, con énfasis en su acceso a la justicia y educación.
Finalmente, se destaca la preocupación por temas en los que faltó abundar como son los derechos reproductivos de las mujeres. La solicitud de certificados de gravidez para la contratación y erradicar la mortalidad materna, especialmente en zonas indígenas, fueron temas de preocupación por parte de la comunidad internacional.
Sin embargo, uno de los desafíos pendientes para el Estado mexicano es armonizar a nivel de las entidades la legislación de las distintas causales que permiten la interrupción legal del embarazo, así como garantizar la atención y el acceso a servicios de interrupción en los casos en que el embarazo es producto de una violación.
Las organizaciones firmantes reiteran la necesidad de un seguimiento puntual a las recomendaciones vertidas durante el Examen Periódico Universal.
Consideran necesaria la implementación de mecanismos eficaces que garanticen la participación de la sociedad civil en el seguimiento de las acciones que se implementen para su cumplimiento.
Las organizaciones que participan en este proceso son: en el ámbito nacional: Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC); DECA Equipo Pueblo, Defensoría del Derecho a la Salud; Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública; Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESC; Capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos; Democracia y Desarrollo; FIAN Sección México; Fundación Daywalka México AC; Fundación Diego Lucero AC; Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC; Grupo de Información en Reproducción Elegida AC; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE social AC.
De igual forma, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México; Escuela de Graduados en Administración Pública; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos AC; Radar-Colectivo de Estudios Alternativos en Derecho; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"; Red por los Derechos de la Infancia en México; Red Solidaria Década contra la Impunidad AC; Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos; Salud Integral Para la Mujer AC; Servicio Jesuita a Migrantes–México, y Sin Fronteras IAP.
También Academia Mexicana de Derechos Humanos AC; Asociación de Derechos Humanos del Estado de México; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México; Asociación para el desarrollo integral de personas violadas AC; Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género; Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; Católicas por el Derecho a Decidir AC; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, OP” AC; Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo AC; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, AC; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos; Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC; Centro Nacional de Comunicación Social AC; Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento AC; Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad AC; Comisión de Derechos Humanos de Chiapas; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental; y Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos–México.
En el ámbito internacional: Asociación Mundial de Radios Comunitarias–México; Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme; Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat; Organización Mundial Contra La Tortura; Peace Brigades International (Observador); así como Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
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