Morelia, Mic., (La Jornada Michoacán).- El decomiso de aparatos electrónicos utilizados por la radio comunitaria Eiámpiti, en la comunidad de San Juan Nuevo, no contiene ilegalidades en su ejecución por parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y podría revertirse cuando los comunicadores comprueben que su permiso de transmisión se encuentra en trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), según uno de los principales promotores de la estación radial, José Valencia Oseguera, aunque el operativo de desmantelamiento hace recordar las quejas de especialistas sobre una represión institucional que atenta contra la diversidad cultural y la focalización de problemas específicos.
Activistas independientes de la radio comunitaria en México e investigadores del tema, como la integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC-México), Aleida Calleja, subrayan que el papel que desarrolla una radio comunitaria no sólo se concentra en la reafirmación de una postura política grupal, sino que también abarca al tema educativo, como en la comunidad de Valle de Mezquital, Hidalgo, donde se implantó el modelo de Escuela Radiofónica, aunque esa aportación social no libera a las estaciones del peligro de desaparecer, pues su propia normativa legal les exige abstenerse del lucro y eso impide su modernización técnica y mantenimiento financiero.
En la publicación electrónica Revista Mexicana de Comunicación, Calleja escribió: e_SDLqLa radio comunitaria busca mostrar la diversidad y la riqueza de los diferentes sectores y movimientos sociales, defender la legalidad democrática propiciando la focalización de problemáticas específicas, y erigirse como tribuna abierta para toda sociedad. En suma: se dirige a sectores concretos de la población: mujeres, niños, campesinos, indígenas, organizaciones populares, ambientalistas, jóvenes, sectores barriales, entre otros. Su principal sello es el servicio público sin fines de lucro”.
Sin embargo, activistas como Carlos Saldívar Alvarado y Rosa Carranza, integrantes de la asociación civil Mezomaya, alertaron también sobre el peligro que representa para las radios comunitarias la voracidad empresarial de los grandes consorcios televisivos en México, quienes al promover la llamada ley Televisa buscaron agregar nuevos servicios, como la Televisión Digital Terrestre (TDT), sin someterse a un proceso de licitación y sin renunciar al uso de los canales analógicos, lo que a la larga redunda en un mayor poderío para ellas en detrimento de las restantes empresas comunicadoras.
Fuerza pública
Un comparativo sobre los operativos de clausura contra distintas radios comunitarias en los últimos años ilustra el papel que desarrollan las llamadas fuerzas del orden en esas acciones, entre ellas el Ejército Mexicano junto a diferentes cuerpos de policía y agentes investigadores del Ministerio Público.
La propia AMARC reseñó que el desmembramiento de una radio comunitaria en San Juan Nuevo cuenta con algunos intentos previos, como el suscitado en el mes de febrero de 2003, cuando Ramón Calvo Gil y Ricardo Flores Martínez, cabo y cabo de infantería respectivamente adscritos a la base militar de Uruapan, solicitaron información sobre la estación comunitaria, el nombre de su dueño, locutores y personal de apoyo.
Los castrenses se identificaron por medio de credenciales ante el abogado Juan Salvador Gutiérrez Constantino, trabajador al servicio del ayuntamiento en ese momento, sin embargo, Gutiérrez se negó a proporcionar información más allá de lo general, pues los militares vestidos de civil carecían de un oficio de comisión. La discusión, aunque amigable, atrajo la atención de los pobladores, quienes rodearon a los militares y los obligaron a retirarse del lugar: Fuenteovejuna defendió lo suyo.
Ante eso, la AMARC manifestó su preocupación porque “se han recibido informaciones acerca del creciente involucramiento del Ejército en estas cuestiones. Por ejemplo, un oficio de la Secretaría de Comunicaciones da cuenta de algunas acciones contra radios indígenas en Oaxaca que tienen como origen investigaciones y denuncias del Ejército.e_SFlbMás precisamente, la radio del pueblo mixe fue cerrada el 7 de agosto de 2002 a partir de gestiones del general de brigada Javier del Real Magallanes, subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (oficio 36712 del 31 de mayo), quien da cuenta de la existencia de cuatro emisoras clandestinas en Oaxaca.
“Si bien no participaron efectivos militares en el cierre, sí lo hizo un fuerte contingente de policías de distintas reparticiones, quienes entraron en forma violenta y sin autorización de la autoridad municipal responsable del local desde donde transmitía la radio indígena”.
La Policía Federal Preventiva (PFP), por su parte, encabezó la clausura de la radio comunitaria Tierra y Libertad, el pasado 6 de junio en Monterrey, Nuevo León, cuando un centenar de elementos apoyados con armas largas incautó el equipo de transmisión e intentaron detener a Héctor Camero, responsable de la estación.
Tierra y Libertad cuenta con un vatio de potencia, equivalente a un alcance de cuatro kilómetros a la redonda, y aunque eso se considera una distancia corta, fue lo suficiente para que acudieran alrededor de 200 personas a impedir al arresto del activista y enfrentar al Ministerio Público que encabezó la acción, quien argumentó que esa estación no cuenta con los permisos legales para transmitir (estaban en trámite), aunque el funcionario tampoco portaba la orden judicial para realizar el cateo a las instalaciones.
Pero uno de los casos más emblemáticos es el que sucedió en Veracruz en marzo 1995, cuando Radio Huayacocotla abrió su espacio a organizaciones defensoras de los derechos y cultura indígenas y campesinas. La SCT encontró en ello un claro intento de disolución social, pues argumentó que la estación transmitía mensajes en clave que incitaban a la movilización violenta y de apoyo al movimiento zapatista en Chiapas, a lo que añadió que la radio comunitaria no contaba con los requisitos legales mínimos.
Luego de meses de protestas masivas y de publicaciones promovidas por el sector indígena en rechazo a la postura del gobierno federal, se demostró que los supuestos mensajes cifrados no eran otra cosa que discursos en lengua náhuatl, otomí y tepehua.
Esta suerte de guerra que mantiene la libre expresión contra la represión oficial alcanzó nombres y apellidos después del asesinato de las activistas oaxaqueñas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, ultimadas el 7 de abril del año anterior, pues la ya citada Aleida Calleja, vicepresidenta de AMARC, exigió el esclarecimiento del atentado a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas en la PGR, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, a cargo de Juan de Dios Castro y Octavio Orellana, respectivamente.
La fiscalía a cargo de Orellana respondió que estaba imposibilitada para intervenir en el asunto, pues las locutoras “ni siquiera eran periodistas”, según relataron sus familiares, mientras que Juan de Dios Castro calificó a Aleida Calleja como “enemiga del estado”, palabras que en sí mismas reflejarían la manera en que son observados los activistas radiofónicos independientes por parte de un sistema regodeado en su burocracia.
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