El menor, Cirilo González Morales, de 15 años, fue sacado de su casa por los habitantes del poblado de San Juanico, en el municipio de Ixmiquilpan, y puesto en cautividad desde el pasado 6 de diciembre hasta que su familia pagara 250 mil pesos.
Los indígenas exigían esta cantidad en concepto de daños por la muerte de Simeón Baltasar, quien perdió la vida en un siniestro vial en el que al parecer se vio involucrado el menor, dijo una fuente de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo.
De acuerdo a los pobladores, el joven atropelló con su camioneta a Baltasar, quien circulaba en bicicleta por la zona rural.
La comunidad retuvo al menor en pésimas circunstancias de salubridad, mientras negociaba con las autoridades estatales el pago de un rescate, bajo las leyes de usos y costumbres mexicanas.
Estas regulaciones, aceptadas por las normas del país, sustituyen en la práctica en muchos enclaves rurales a la legislación oficial y otorgan el poder de manera discrecional a los responsables del lugar.
Los padres del menor tuvieron que pagar nueve mil pesos por concepto de gastos funerarios del fallecido y fueron privados de la camioneta con la que presuntamente se cometió el atropello.
Ante ello, denunciaron los hechos a la fiscalía, que negoció sin éxito el fin del cautiverio, por lo que en un operativo policial se procedió a su liberación, sin que se registraran actos de violencia.
A raíz del suceso han sido detenidas tres personas, que se hallaban custodiando al muchacho. La fiscalía determinará ahora si el joven tuvo responsabilidad en el atropello.
La necropsia realizada por la fiscalía estatal al fallecido en el accidente de tráfico reveló un alto contenido de alcohol en su sangre.
El menor rendirá declaración hoy ante las autoridades, luego de ser atendido de varios cuadros de infección y deshidratación que presentaba, a cuenta de las malas condiciones del lugar donde estuvo retenido.
La fiscalía no descarta que se produzcan más detenciones entre los habitantes de San Juanico por su responsabilidad en el secuestro, y afirmó que las leyes de usos y costumbres no amparan las violaciones a los derechos humanos.
Esas leyes, que rigen sobre todo enclaves rurales muy alejados de los centros urbanos -a menudo lugares a los que es difícil llegar por la orografía del terreno-, poblados principalmente por indígenas, ya han planteado conflictos anteriormente.
En el estado de Oaxaca, al sur del país, una mujer que ganó las elecciones locales no pudo acceder a su cargo por la presión de los hombres de la comunidad, que no otorgaban derechos políticos al género femenino.
Eufrosina Cruz, de 28 años, tuvo que abandonar la comunidad y ha sufrido en varias ocasiones agresiones contra su integridad física.
A pesar de que su caso saltó a los medios nacionales y el Congreso estatal dictó alguna disposición, Cruz no ha podido acceder al cargo.
Se estima que, de los casi 107 millones de habitantes de México, cerca de 10 millones pueden ser indígenas.
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