Vanessa Coria Costilla, abogada de la organización, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su recomendación sobre el caso de Inés Fernández el 7 de noviembre y que el gobierno de México tiene dos meses para informar sobre su cumplimiento; de lo contrario, será remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emitir la sentencia respectiva.
La especialista informó que el organismo internacional involucrado en asuntos de jurisdicción militar busca en el país un diálogo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Congreso de la Unión y la cancillería con el ánimo de mantener una interlocución con las tres instancias y conocer la vía idónea para una eventual reforma al código de justicia militar.
Inés Fernández fue violada por militares en marzo de 2002, recordó la abogada, pero a pesar de acusar a los responsables del ultraje, la justicia militar y el fuero civil determinaron que tal delito fue cometido por civiles, dejando el caso, hasta ahora, en la total impunidad.
Coria Costilla acusó que al mantener las pesquisas del caso en la jurisdicción local, el gobierno de Guerrero obstruye la justicia, pues la averiguación debió remitirla a la PGR porque fueron militares quienes cometieron el delito, aunque en la vía de los hechos está encubriendo tal situación.
Además en el caso de Inés, como en el de Valentina, no ha citado a declarar a ningún militar, a pesar de los señalamientos directos de las afectadas. Y en la investigación que llevó a cabo la justicia militar tampoco se citó a ningún miembro castrense, sino únicamente a civiles, se indicó.
La representante de la ONG señaló que los casos de Inés y Valentina no son aislados. “No se trata de que a algunos soldados de repente se les ocurrió cometer ese delito. No, forma parte de un contexto de conflicto social en el que las mujeres son un botín de guerra; eso explica las violaciones sexuales”, explicó.
El Cejil fue el organismo internacional de derechos humanos que conoció este caso y en el trabajo conjunto con Tlachinollan lo llevó a la CIDH, lo mismo que los casos de los cinco militantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) acusados del asesinato de un informante policiaco, a quienes se les comete una nueva violación a sus garantías individuales al no ser liberados tras obtener el amparo liso y llano que otorgó la justicia federal.
Indicó que aún contra el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público federal contra el amparo otorgado, los indígenas debieron enfrentar esta nueva parte del proceso ya fuera de la cárcel; de lo contrario, se viola el principio de inocencia.
El Cejil aseguró que las ONG no están en contra del Ejército, sino contra que los delitos que cometen sus integrantes sólo sean juzgados por el fuero militar. “En una corte en la que entre ellos mismos se juzgan no está garantizada la imparcialidad. Estamos convencidos que no es el foro adecuado y estos casos deben ser conocidos por los órganos de justicia civil”, aseguró.
De los 31 casos que el Cejil litiga contra el Estado mexicano, seis son de Guerrero, los dos de las indígenas me’phaa, los de los ex presos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y sobre las desapariciones forzadas de Faustino Jiménez y Gregorio Alfonso Alvarado López, además de la tortura por militares en contra de Luis Gonzaga y Magencio Zeferino.
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