Mérida, Yuc., (Notimex).- La buena aplicación de juicios orales y procesos públicos en las comunidades indígenas del país es una prueba de que esos métodos pueden funcionar adecuadamente en el sistema convencional de impartición de justicia, afirmó el magistrado federal, Pablo Vicente Monroy Gómez.
El magistrado del Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación indicó que, al mismo tiempo, esos métodos, que forman parte de los usos y costumbres de muchas etnias, son viables de complementarse con la reforma que puso en marcha el proceso para que en México avancen los juicios orales.
En entrevista con Notimex, reconoció, sin embargo, que aún hay casos en donde los usos y costumbres representan prácticas discriminatorias contra la mujer y otros grupos considerados vulnerables que en definitiva no podrían formar parte del proceso de transformación.
“En definitiva todavía hay casos en que la aplicación de la justicia está plagada de prejuicios y abusos porque se trata de una mujer, o personas con preferencias sexuales diferentes. o bien de una religión que no comparte la mayoría”, añadió.
Sin embargo, dijo que son más las experiencias positivas que se conocen de la aplicación de la justicia a través de esos métodos tradicionales, que las negativas.
Un ejemplo de ello podría ser Chiapas, donde los juicios orales se dan ya de manera ancestral en sus enclaves indígenas, especialmente en la zona altos, en la instancia denominada “juzgado municipal”, donde se imparte justicia de acuerdo con las tradiciones de la comunidad.
De acuerdo con el fiscal de Justicia Indígena, Mariano López Pérez, “se trata de un sistema en el que primeramente está el derecho de la víctima del delito y por ejemplo a alguien que roba, lo capturan, lo juzgan y si es culpable, paga el robo y una multa”.
Antes de ello, explicó, el juicio se lleva al cabo de manera oral y se resuelve en unas horas nada más y al final ambas partes “comparten un refresco como signo de arreglo y conciliación”.
Al respecto, el fiscal comparó los tiempos y la impartición de justicia en la sociedad convencional y dijo: “Mientras el afectado denuncia ante el agente del Ministerio Público, éste investiga, ordena la captura del responsable mediante un oficio.
Luego arrestan al responsable, lo consignan, lo juzgan y lo condenan, pero pueden pasar años y a la víctima nunca se le repara el daño, mientras los indígenas lo resuelven en una mañana”, comparó.
No obstante, el funcionario chiapaneco advirtió dificultades en la aplicación de juicios orales en las comunidades autóctonas de esta entidad por diferir con los usos y costumbres de sus pobladores que, basados en sus esquemas de justicia tradicionales pueden resolver sus litigios en un solo día.
Pese a este escenario en Chiapas, el magistrado Monroy Gómez consideró que para que el proceso de transformación hacia la consolidación de los juicios orales avance, sería necesario que todos los estados del país cuenten con un mismo código para procesar los juicios.
“Es allá donde el país tiene una enorme laguna, pues cada entidad tiene su propio código y hay algunos que sinceramente más que procurar impartir justicia, parecen estar hechos para todo lo contrario”, precisó.
De tal forma que aunque cada entidad tenga su propio código penal, sí sería importante unificar criterios en cuanto a los procesos para llevar un juicio y evitar las lagunas que ponen en riesgo y duda la clara impartición de la justicia.
Recordó que la reforma que establece la posibilidad de realizar juicios orales en México establece que a más tardar en 2015, las entidades mexicanas ya deben aplicarlos y desde su punto de vista, no habría problema para lograrlo.
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