Morelia, Mich., (Quadratín).- El presidente de la asociación civil Va Por Michoacán y por México, Artemio Ortiz Hurtado aseguró que es importante definir y reglamentar la función de la Secretaria de los Indígenas, que sólo se ha utilizado como un espacio de poder de un grupo de personas que han demostrado no interesarles las circunstancias difíciles por las que atraviesan los pueblos originarios del estado.
Lo anterior fue al señalar la necesidad de contar con una reforma constitucional a la altura de las necesidades de los pueblos indígenas.
A continuación el documento integro que Ortiz Hurtado envío a Quadratín:
Recientemente visitó nuestro país Evo Morales, Presidente indígena de Bolivia, tal hecho generó una gran expectación en los movimientos sociales mexicanos, sobre todo en el indígena. Miles de ciudadanos se reunieron de manera multitudinaria en la explanada de la delegación Coyoacán en el D.F., para escuchar de viva voz de Evo Morales palabras de exhorto y aliento de que “en México es posible cambiar el estado de cosas, adversas en estos momentos para el pueblo”, cuando solo una élite hace acuerdos cupulares sin importarles para nada las condiciones de pobreza de la mayoría de la población. Valga esta agradable visita y la cercanía del 10 de abril, fecha en que rememoramos el asesinato del general Emiliano Zapata, para abordar en las siguientes líneas algunos aspectos de la lucha de los pueblos originarios de nuestro país.
Para los indígenas que pudieron asistir, pero también para quienes no, la visita de Evo, despertó de nuevo la esperanza. Esperanza de que las condiciones históricas y de marginación de los pueblos originarios en México cambie. Esperanza que se ha despertado en otros momentos, como la insurgencia de los zapatistas en 1994. Después del levantamiento vinieron meses de persecución que camina a un diálogo forzado por la presión social. Diálogo que concluye con los primeros avances sobre derecho y cultura indígena firmados el 16 de febrero de 1996 entre el EZLN y el Gobierno Federal para dar forma a los Acuerdos de San Andrés. Acuerdos traicionados con la reforma constitucional del 2001 que modificó lo firmado, burlando una vez más a los indígenas, porque sólo reconoció a los pueblos originarios como ”Entidades de interés público” y no como ”Entidades de derecho público” que limita de manera abismal su reconocimiento jurídico.
Dejó de lado, entre otras muchas cosas, el derecho de asociarse en municipios las comunidades con población mayoritariamente indígena, que era en sí, el reconocer la creación de nuevos municipios y con ello, el derecho de aplicar acciones para mejorar sus condiciones, impulsar su desarrollo, la defensa del territorio, la preservación y afianzamiento de su cultura, tradiciones y costumbres, o sea hacer viva la interculturalidad. Derecho obviado ya anteriormente, en la reforma al artículo 4° de la Constitución en 1992, que reconoce la pluriculturalidad de la nación, sustentada en la diversidad de los pueblos indígenas, pero se deja de lado la interculturalidad que es la interrelación de los pueblos para su supervivencia.
Otro hecho importante, generador de esperanza, es la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el 13 de septiembre de 2007, producto de 3 décadas de discusión, debate y hasta huelgas de hambre para buscar y alcanzar el reconocimiento internacional de los derechos integrales de los pueblos. La pasada legislatura federal aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo y todas sus instituciones a que tomen como compromiso la declaración de la ONU y cobre vigencia en la política del Estado Mexicano en beneficio de los pueblos originales del país. Exhorto que tuvo como respuesta el silencio y oídos sordos como siempre.
Es obvio que la historia y los productos de las grandes gestas de lucha de México, no han sido benévolas con los indígenas, se han olvidado de ellos, a pesar de que han aportado su gran cuota de sangre en los diferentes movimientos históricos de nuestra patria. Las constituciones no consideraron, mucho menos insertaron, los grandes anhelos de los indígenas como el reconocimiento a su autonomía, respeto a su territorio, su cultura, además de un plan económico específico que permita a sus habitantes tener mejores condiciones de vida.
No dudamos que llegará el momento en que el hartazgo llegue a su límite y se logre, en base a organización y lucha, mejorar las condiciones de vida y ser reconocidos constitucionalmente con la personalidad que merecen ante la sociedad. Es necesario desechar el esquema de instrumentar programas de gobierno como paliativos, que sólo han llevado a las comunidades indígenas la nefasta actitud de inclinarse al partido político u organización que lleve más migajas para paliar la pobreza, pues se alienta la división, creando una desunión acérrima, irreconciliable, que ha hecho perder valores fundamentales de unidad para la defensa de sus derechos y territorio, olvidando la faena, la solidaridad, la hermandad, la identidad, etc.
Ante todo, el trato con ellos debe ser franco, de frente, sin plazos ni mentiras, sin más promesas incumplidas. Baste recordar el papel del entonces senador de la república, Lázaro Cárdenas Batel, que participó en la aprobación de la contrarreforma indígena presentada por Vicente Fox y, posteriormente, como gobernador de Michoacán, hizo la promesa de que tendrían una reforma constitucional a la altura de las necesidades de los pueblos originarios, reforma que, según algunas comunidades de nuestro estado, era peor a la aprobada a nivel federal.
El actual gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel, retomó la promesa como un ofrecimiento central en su campaña electoral, que no ha sido cumplida, aunque se menciona en los círculos políticos que ya se tiene lista y que fue producto de varios foros, que a decir, fueron excluyentes y que no han sido consultadas sus conclusiones a las comunidades indígenas. Propuesta que de nada servirá si no trata de enmendar las deficiencias de la reforma del 2001 y, hay que señalar, que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce el carácter de sujeto de derecho público ni a los pueblos indígenas ni a las comunidades que la integran, tampoco prohíbe que las legislaturas de los estados le reconozcan ese carácter y dado que la Constitución contiene garantías mínimas, que pueden ampliarse en otras leyes, los estados podrían dar más reconocimientos como lo han hecho en Oaxaca y San Luis Potosí.
Por ello no hay pretexto de que la Constitución sería la objeción para tener una reforma indígena justa en el estado de Michoacán, que considere de manera fundamental el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público y personalidad jurídica, el respeto a la libre determinación en cada uno de los ámbitos y niveles que hagan valer su autonomía, pudiendo asociarse comunidades para crear nuevos municipios propiamente indígenas y éstos a la vez unificarse para crear distritos de modo que en las cámaras exista la representación legítima que luche por ellos.
A su vez es necesario que la reforma considere la figura jurídica del ”Consentimiento previo e informado” que permita a los pueblos indígenas dar su anuencia o negación mediante consulta sobre programas que afectan sus tierras, recursos, cultura, organización y que nada que los perjudique se les imponga de manera obligatoria.
También es importante definir y reglamentar la función de la Secretaria de Asuntos Indígenas, que sólo se ha utilizado como un espacio de poder de un grupo de personas que han demostrado no interesarles las circunstancias difíciles por las que atraviesan los pueblos originarios del estado. A decir, el rezago sigue y se acrecienta, no hay un plan de desarrollo integral para mejorar sus condiciones, sólo sirve como “enlace” de otras dependencias; los conflictos entre comunidades hermanas por la tenencia de la tierra persisten e incluso se agravaron en muchos de los casos. Se puede decir con certeza que tal Secretaría es hasta ahora un espacio “fallido”, que vive del presupuesto sin hacer nada por los indígenas, se repite ahí la ingratitud a su origen e ideales.
Evo Morales cumplió con los pueblos indígenas de su país e hizo suya la declaración de la ONU y aún más, en una consulta nacional se aprobó como ley; hecho que le generó un gran reconocimiento social hoy demostrado con un triunfo en las recientes elecciones.
La pregunta es ¿el gobierno de izquierda de Michoacán cumplirá? Porque hasta ahora podemos afirmar que la reforma indígena es una promesa incumplida.
En fin, la historia dirá. Aunque en este caso, la raza indomable de los pueblos indígenas y en general los michoacanos, tienen la última palabra.
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