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27 ene 2010

Indígenas denuncian a Zeferino Torreblanca ante CNDH

Morelia, Mich., (Quadratin).- Representantes de 78 familias guerrerenses, originarias de diversos municipios del estado, pero residentes en Ometepec, acudieron este lunes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para presentar una queja ante lo que consideran una violación de su derecho de contar con una vivienda digna.

Denunciaron que mientras el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, viaja a Europa en primera clase, gastando en ello miles de pesos de los contribuyentes, cientos de indígenas viven en condiciones de pobreza extrema, en la calle y sin atención del gobierno.

Esto, después de que el lugar que ocupaban como refugio temporal, les fue arrebatado por Bulmaro Morales Ruiz “un cacique de la región que se ostentó, con documentos falsos, como dueño del terreno”, denunció José Juan Bautista Hernández, dirigente de los inconformes.

Acusó que el pasado 11 de septiembre Morales Ruiz se presentó con un grupo de gente armada, maquinaria pesada y, sin exhibir mandato judicial alguno, procedió a derribar las viviendas, prendió fuego a las pertenencias y los puso literalmente en la calle.

Y aunque de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades para que se castigara esta acción, los indígenas no obtuvieron respuesta, por lo que decidieron realizar un plantón permanente afuera del palacio de gobierno, en donde ya cumplen 100 días en espera de una resolución.

Por ello, este lunes, en conferencia de prensa, representantes de los indígenas guerrerenses, denunciaron la ineficacia gubernamental ante la CNDH, pues, dice Juan Bautista Hernández, el gobierno del estado “ha sido soberbio contra los pobladores indígenas al negarnos el derecho a vivir de manera digna, y aunque se ha comprobado que el supuesto dueño no es tal, tienen miedo de actuar conforme a la ley”.

Son indígenas migrantes, provenientes de los estados más pobres del país, quienes viajan a Ometepec en espera de ser “enganchados” para ir a trabajar a los cultivos en el norte del país. Aunque la espera puede durar hasta una semana, sin tener un lugar donde pasar la noche.

La idea, continua el dirigente, es tener un predio que pueda adquirirse con ayuda del gobierno estatal y se construya la Casa del Migrante en esta población.
Ometepec, en la llamada “Costa Chica” de Guerrero, es el municipio donde se concentran, cientos de familias indígenas de las etnias mixteca y amuzga, procedentes de los municipios de Igualapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Metlatónoc y Cochoapa el Grande.

Ahí esperan la llegada de los “enganchadores”, personas que se encargan de contratarlos y trasladarlos a los campos agrícolas del norte del país, en donde se ganan la vida como asalariados durante buena parte del año.

Son al menos 10 mil los migrantes provenientes de estos municipios que, según datos oficiales, están catalogados como de extrema pobreza, con alto grado de marginación y en completo abandono, donde la mayoría de sus habitantes mueren por enfermedades prevenibles.

Empujados por la falta de empleos en la región donde viven, y ante la necesidad de ganarse el sustento diario, más de 128 mil jornaleros de todo el estado, salen cada año a las entidades del Norte de México (Sonora, Baja California, Sinaloa) para trabajar.

Antes de migrar la espera suele durar entre seis y 10 días, tiempo durante el cual familias enteras deambulan por la ciudad en busca de alimento y, por la noche, duermen a la intemperie o donde les dan permiso. Algunas de ellas, han sido expulsadas de sus comunidades al no poder pagar las cuotas establecidas en los usos y costumbres.

Un hogar provisional para iniciar el viaje

En ese contexto de pobreza, estas familias decidieron construir un albergue y para ello, utilizar un predio abandonado, propiedad de la empresa “Lácteos Costa”, misma que cerró desde hace 10 años.

Los indígenas migrantes presentaron una solicitud al gobierno del estado para que los ayudara, a través de un crédito, y así adquirir el predio en mención; al tiempo que contactaron con la empresa, la cual les informó que la propiedad tenía un valor de 6 millones de pesos.

El gobierno del estado, por su parte, se “comprometió” a estudiar la solicitud, pero jamás hubo una respuesta clara; por eso los indígenas tomaron el espacio en febrero pasado.

Así permanecieron siete meses, hasta que apareció Bulmaro Morales Ruiz, conocido en la zona por su poder económico y sus relaciones políticas, quien intentó desalojarlos, primero, con amenazas directas al grupo y, después, a su dirigente.

Los agredidos se quejaron al presidente municipal y ante el gobierno estatal, sin que hasta el momento haya respuesta de ninguna de las dos instancias.

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