Ciudad de México, DF., (OEM).- Quince organizaciones de Derechos Humanos exigieron a los gobiernos federal y estatales garantizar la integridad física y la seguridad a los migrantes centroamericanos que cruzan territorio nacional hacia Estados Unidos, debido a la creciente violencia de que son víctimas.
Asimismo, manifestaron su preocupación por las actitudes xenofóbicas y discriminación que sufren los ilegales en Saltillo, Coahuila, así como las organizaciones sociales que los apoyan, quienes han sufrido desde agresiones físicas y amenazas.
Las mismas demandas de seguridad pidieron para los defensores y activistas de Derechos Humanos, así como la investigación los hechos ocurridos en su contra para evitar la impunidad.
En sus peticiones demandan el desarrollo de una política migratoria integral, acorde con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, capaz de desarrollar acciones a favor de las poblaciones más vulnerables, como las mujeres, los niños, las niñas, los indígenas y refugiados.
También piden garantías y acceso a la seguridad y a la justicia de los migrantes en tránsito por el país, especialmente a las víctimas de secuestro y testigos del delito.
Al Poder Legislativo le plantearon realizar las acciones para modificar el artículo 138 de la Ley General de Población con la intención de diferenciar el delito de tráfico de personas con el trabajo humanitario que realizamos.
Además dieron su respaldo a los integrantes de la ONG's Belén, Posada del Migrante y Frontera Con Justicia, A.C. y Humanidad Sin Fronteras, A.C. y demandaron que se les garanticen condiciones propicias de seguridad e integridad para la continuación de su trabajo de defensoría y apoyo humanitario.
En el Segundo Encuentro de Defensores de Derechos Humanos de las Personas Migrantes, organizaciones de los estados de Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila, analizaron la situación actual de mujeres, niños y niñas, condiciones laborales, acceso a la justicia, migrantes indígenas y secuestro.
Lamentaron que a pesar del incremento del flujo migratorio de mujeres, la política migratoria actual carece de un enfoque de género, situación que desemboca en una mayor vulnerabilidad que propicia la permanencia de delitos como la trata de personas, sexual o laboral, violaciones y abusos sexuales de mujeres migrantes en tránsito.
Consideraron que por no existir una política con un enfoque que garantice el interés superior del niño y la niña, existe continuidad en prácticas violatorias de los Derechos Humanos como son las detenciones en estaciones migratorias, trabajo infantil, explotación sexual infantil y condiciones inadecuadas para la repatriación.
Indicaron que a pesar de la constante denuncia de organismos defensores de Derechos Humanos, el secuestro a las personas migrantes continúa acrecentándose en número de víctimas, en grado de violencia y en lugares en que se lleva a cabo. Explicaron que esta situación se agrava porque el marco normativo actual dificulta el acceso a la justicia de las personas víctimas de éste y otros delitos.
"La constante denuncia de violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes ha colocado a los y las defensoras en un riesgo permanente que comprende hostigamientos y amenazas, así como la criminalización y la deslegitimación del apoyo humanitario".
A manera de ejemplo señalaron las constantes actitudes de discriminación y agresiones constantes hacia las personas migrantes y el descrédito de la labor realizada por sus defensores y defensoras.
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