Ciudad de México, DF., (El Informador).- Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales enviaron una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para exigir al Gobierno mexicano que garantice la seguridad de 107 defensores de derechos humanos y sus familias en Guerrero, que siguen siendo objeto de amenazas y ataques a pesar de que existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se tomen medidas precautorias y se les asigne vigilancia.
De acuerdo con la misiva, entre las acciones a las que estaría obligado el Gobierno están la prestación de teléfonos celulares y satelitales a algunos de los beneficiarios, así como protección policiaca dos veces al día a través de visitas; sin embargo, denuncian que “hasta la fecha la única medida que el Gobierno ha aplicado plenamente es la distribución de seis teléfonos celulares y dos teléfonos por satélite para los 107 beneficiarios”, y algunos de ellos ni siquiera funcionan.
El documento dirigido a Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, señala así la preocupación de Human Rights Watch, Latin America Working Group Education Fund y la Washington Office on Latin America, ante lo que consideran el incumplimiento del Gobierno mexicano para poner un alto a las amenazas contra los activistas en Guerrero y la falta de investigaciones para ubicar y castigar a los responsables.
Por ello, señalan que “las organizaciones internacionales que firman esta carta respetuosamente instamos a que apliquen de inmediato las medidas de seguridad necesarias para garantizar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades libremente y con seguridad”.
Recordaron al embajador Gómez Robledo que la CIDH “establece claramente la obligación de México para proteger a los defensores de los derechos humanos en Guerrero, cuando se otorgó la condición de las medidas provisionales a favor de 107 defensores y sus familias que viven en la Entidad”.
En abril de este año la Corte estableció que estas personas parecían estar "en un contexto extremadamente grave y en una situación urgente, dado que sus vidas y su integridad física se vería amenazada y en grave riesgo."
La resolución de la CIDH también tomó en cuenta que los cuerpos de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, dos defensores de los derechos humanos que habían sido presuntamente secuestrados por la Policía Ministerial de Guerrero, en febrero de 2009, aparecieron varios días después con signos visibles de tortura.
“Sin embargo, el Gobierno no ha podido aplicar adecuadamente las medidas de seguridad básicas de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, una organización no gubernamental con sede en Guerrero”, indica la carta que denuncia además que el Estado no ha logrado ni siquiera proporcionar la protección policiaca que prometió, como en el caso de Margarita Martín de las Nieves --viuda de Ponce Rosas-- quien fue víctima de un nuevo ataque armado el 24 de junio pasado.
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