Aquila, Mich., (Cambio).- Hombres, mujeres y niños pertenecientes a la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, el municipio de Aquila, fueron emboscados el pasado 29 de junio a manos de un grupo de choque, quienes presuntamente fueron contratados por un reducido grupo de supuestos pequeños propietarios mestizos de la comunidad La Placita.
Dicho ataque se suscitó luego de que los comuneros, a través de una acción pacífica y legal, intentaran proteger la posesión de sus tierras comunales en el paraje conocido como La Canaguancera, lugar que ha sido invadido por los supuestos pequeños propietarios durante años.
Luego de tal acción se sabe que un grupo superior a los 300 comuneros, incluidas varias mujeres, se encuentran incomunicados y cercados por los mencionados sicarios en el paraje de La Canaguancera, donde se desconoce si en dicho lugar existen heridos y cuantos puedan ser.
Mientras tanto, en los alrededores de la comunidad y de La Placita se han establecido a lo largo de la noche dos numerosos destacamentos pertenecientes al Ejército Mexicano y a la Marina., además de que por su parte, la comunidad ha cerrado los accesos a los 21 poblados que la integran y cerca de dos mil comuneros se hayan haciendo vigilancia en diversos puntos del territorio comunal, en tanto que las hermanas comunidades nahuas de El Coire y Pómaro se encuentran organizando diversas acciones para la defensa conjunta del pueblo nahua de Michoacán.
Cabe señalar que la comunidad indígena de Santa María Ostula fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964, sin embargo, al tramitar, dictar y ejecutar nuestra resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales, las autoridades agrarias incurrieron en serias irregularidades, derivadas de los deficientes trabajos técnicos e informativos que en su momento efectuaron, y que culminaron en la emisión de una resolución defectuosa.
Esta falta de certeza jurídica ha derivado en la paulatina invasión de las tierras por parte de los supuestos pequeños propietarios de La Placita, quienes a través de los años han ocupado en forma ilegal más de 700 hectáreas correspondientes a la propiedad y posesión comunal.
En los últimos años han sido numerosos los intentos por alcanzar una solución negociada a tan grave problema, pero, no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre la comunidad y los supuestos pequeños propietarios de La Placita , pues, éstos se niegan a reconocer los linderos que de manera real separan sus terrenos de aquellos que corresponden a la comunidad. Asimismo se han promovido diversas instancias legales, sin que se haya alcanzado una solución definitiva a tan grave problemática.
Es el caso que existiendo diversos amparos y medidas cautelares favorables a nuestra comunidad, personas contratadas por los supuestos pequeños propietarios empezaron a ocupar las tierras comunales el pasado 10 de junio. Fue en dichas condiciones que la asamblea general de comuneros resolvió reforzar su posesión en las tierras que los supuestos pequeños propietarios reclaman como de su propiedad.
Por lo anterior, los comuneros exigen a través de un comunicado, el inmediato castigo a los responsables del cobarde ataque sufrido a los comuneros y comuneras este 29 de junio de 2009; el inmediato castigo a los responsables de las lesiones de bala causadas a Manuel Serrano el día del ataque antes referido.
Asimismo, demandan el respeto irrestricto a la posesión que la comunidad tiene sobre el paraje conocido como La Canaguancera y sobre todas las tierras comunales que le pertenecen en forma inmemorial; el respeto a sus formas tradicionales de organización comunal, incluidas las resoluciones adoptadas por la asamblea general y las acciones que adopte la comunidad para la protección legítima de sus bienes comunales.
De igual forma, los comuneros responsabilizan a los gobiernos federal y estatal de cualquier acción represiva en contra de la comunidad y los instan a respetar y hacer que se respeten sus derechos territoriales históricos.
Aunado a lo anterior hacen un llamado a los pueblos indígenas de México y el mundo, así como a la sociedad civil nacional e internacional a apoyar su lucha del modo que les sea posible, así como a movilizarse para impedir una acción represiva o de violencia paramilitar que atente contra su existencia y contra sus derechos fundamentales.
Finalmente repudian cobarde acción, que a su decir tuvo como propósito aterrorizar a la comunidad, así como separar a la población civil de la policía comunitaria tradicional, con el claro fin de frenar su lucha, sin embargo reiteraron que dicha acción no tendrá éxito ni tampoco darán un paso atrás en la recuperación de su territorio, el cual en forma pacífica y legal continuarán defendiendo.
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