Ciudad de México, DF.- El juez Quinto de Distrito en materia Penal en el Estado de Nuevo León (norte de México) emitió el 12 de junio una orden de aprensión en contra de Héctor Camero, responsable de la radio comunitaria Tierra y Libertad, bajo los cargos de usar, aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico sin permiso del Estado, lo cual podría costarle hasta 12 años de prisión, informó el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) en un comunicado.
Tierra y Libertad es una iniciativa de un grupo de ciudadanos de Monterrey, organizados desde hace más de tres décadas, los cuales decidieron establecer en 2001 una radio comunitaria para la cual solicitaron un permiso de operación ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, ante la falta de respuesta de las autoridades a su solicitud y dado que ésta tampoco nunca fue rechazada, continuaron transmitendo.
El 6 de junio de 2008, un centenar de elementos de la Policía Federal Preventiva realizaron un operativo en las instalaciones de la radiodifusora, desmantelando el transmisor, la fuente de poder y llevándose el equipo de cabina. Héctor Camero fue citado entonces a declarar ante el Ministerio Público Federal en calidad de testigo, sin embargo, el 12 de marzo de este año, al comparecer nuevamente ante la autoridad, fue notificado de que su estatus había cambiado a indiciado.
Al pronunciarse sobre la nueva acción legal, y luego de advertir que las autoridades mexicanas han procedido por la vía penal, en lugar de la administrativa, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) consideró que la persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía “excesiva, desproporcional e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han mostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso”.
En una carta dirigida a la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, varias organizaciones expresan su rechazo a la criminalización de los integrantes de las radios comunitarias y exigen el desistimiento de acción legal contra Héctor Camero ya que, “por la naturaleza de la labor social de las radios comunitarias, en ningún momento se ha generado un daño grave ni irreparable al espectro radioeléctrico como bien propiedad de la nación, agrega.
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