Ciudad de México, DF., (La Jornada).- El desplome presupuestal de 400 millones a 261 millones de pesos en la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) ha detenido varios proyectos, pese a que la población escolar que atiende –cerca de un millón 300 mil niños– está en un contexto "más dramático", pues menos de 50 ciento por ciento de los indígenas que ingresan a primaria logran llegar a la secundaria, manifestó Rosalinda Morales Garza, responsable del organismo.
Frente a ello, la funcionaria señaló: "no se puede ir a una estrategia de fortalecimiento si no llevas recursos".
Inclusive, aseveró que debido a ese recorte "tendríamos casi que acogernos a la Ley de Desarrollo Social", la cual establece, entre otras cosas, que "ningún programa" en la materia puede tener un presupuesto "menor al previo".
En entrevista, expresó que apenas 10 por ciento de la matrícula en enseñanza indígena, esto es, 130 mil niños, tiene acceso a equipos como Enciclomedia o cuenta con bibliotecas escolares o de aula.
Pese a las condiciones de marginación, pobreza extrema y exclusión de los mínimos de bienestar, 88 por ciento de escuelas indígenas mejoraron sus puntuaciones en matemáticas y español, en un promedio de ocho y 13 unidades, respectivamente, en la reciente Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares.
Sin embargo, a la DGEI se destina sólo 2 por ciento del presupuesto total de la Subsecretaría de Educación Básica, a pesar de que atiende a ocho por ciento de la matrícula de prescolar y cinco por ciento de la de primaria, añadió.
Morales Garza afirmó que en la distribución inicial del presupuesto "las universidades interculturales tenían cero pesos y de repente tuvieron 100 millones. ¿De dónde? Creo que de lo nuestro, de lo que nos quitaron". Abundó que, aunque el presupuesto se distribuyó en el mismo universo del sector indígena, "no tendría que ser a costa del par".
Haber dado a esta dirección un presupuesto "histórico" de 170 millones de pesos, “cuando por fin se logra un alza importante –en 2008 la Cámara de Diputados aprobó 400 millones–, y volver a dejarlo caer es un signo inequitativo”, porque en la "base de la pirámide está la enseñanza básica y es a la que menos se da por alumno en términos de asignación del gasto público".
La funcionaria precisó que, ante la falta de fondos, se ha detenido el envío de mayores subsidios a las entidades para mejorar las condiciones de operación, así como la posibilidad de ir a un mayor número de escuelas con los equipos técnicos especializados. Además, continuó, no se han podido mantener las 90 horas de especialización de los asesores técnico-pedagógicos y se ha frenado la ampliación de la participación de las comunidades indígenas en las tecnologías de la información.
En relación con el mejoramiento de las escuelas para ese sector de la población, que en su mayoría no cuenta con espacios escolares dignos, apuntó: "está fuera de nuestras manos" el programa de infraestructura, ya que esa decisión depende del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Sobre la profesionalización de los docentes indígenas –56.4 por ciento de profesores de primaria no se han titulado o no han concluido sus estudios–, dijo que la meta es lograr que al finalizar el sexenio los maestros obtengan "el grado o por lo menos estén en camino de lograrlo" mediante modelos flexibles, como la presentación de un examen por conocimientos para obtener el título.
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