Ciudad de México, DF., (El Universal).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) alista el lanzamiento de postales sobre el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien fue condenada a 21 años de prisión acusada del secuestro de seis policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Junto con Jacinta otras dos indígenas ñha-ñhús -Alberta Alcántara y Teresa González- se encuentran recluidas en el penal de San José del Alto, Querétaro.
Tania Gómez, integrante del Centro Prodh en el área de Enlace, informó que hubo un tiraje de mil 500 ejemplares de la postal, con el cual se pretende seguir con la campaña por la liberación de Jacinta.
La resolución del juez en torno al caso será entregada durante estos días, aunque Gómez manifestó que no se ha anunciado un día exacto para que el documento sea entregado.
Caso Jacinta y la pena de muerte
Por otro lado, el Centro Prodh señaló que el caso de Jacinta muestra los riesgos implícitos de incrementar y endurecer las penas en un sistema judicial inequitativo, como en el caso de aprobar la pena de muerte.
En un comunicado, la asociación civil señala que la "pena de muerte es incompatible con la existencia de un Estado de Derecho donde se respeta la dignidad humana.
"En México sigue siendo una realidad la imposición de sanciones penales a personas inocentes, a consecuencia de un sistema de justicia que impide la defensa en condiciones de igualdad frente a la acusación.
"En estas circunstancias, regresar a la pena de muerte pondría en riesgo a quienes con más frecuencia quedan a merced del inequitativo sistema de justicia vigente: personas que por su identidad de género, adscripción étnica o condición social viven en la exclusión", sostiene el comunicado.
La historia de Jacinta
La señora Marcial es una indígena otomí que vivía en Santiago Mexquitlán y que fue arrestada el 3 de agosto de 2006, acusada de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, proceso por el cual se le condenó a 21 años de prisión y dos mil días de salario mínimo de multa.
Sus defensores señalan que la acusación es un "desquite" en contra del pueblo, pues el 26 de marzo de aquel año, agentes de la corporación sin identificación y sin uniforme llegaron a la plaza central de la comunidad, y despojaron a comerciantes de su mercancía, alegando que se trataba de piratería.
Los afectados protestaron y la tensión hizo que el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río acudieran a para dialogar con la gente, y se comprometieron a pagar el daño ocasionado por sus agentes. Uno de los policías se quedó como "garantía", pues las autoridades dijeron que tenían que trasladarse a San Juan del Río para conseguir el pago.
El incidente terminó por la tarde de aquel día, pero fue el hecho por lo que se acusó y sentenció a la señora Marcial.
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