La denuncia fue hecha por el pueblo indígena Cucapá, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en el 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebra hasta el 31 de octubre en Washington.
A la audiencia asistieron tres miembros de la comunidad cucapá, de la que únicamente quedan 319 miembros, la mayoría de los cuales viven en Baja California, donde viven de la pesca artesanal de la corvina golfina en las lagunas y el delta del río Colorado.
La reserva, declarada como tal en 1993, dispone de una zona de núcleo y de amortiguación, y los cucapás disponen de cooperativas de pesca, legalmente establecidas, para efectuar sus actividades.
El Gobierno mexicano no les permite pescar en la zona núcleo, pero sí pueden hacerlo al norte de esa área y en las inmediaciones de San Felipe. Eso significa que tienen que realizar sus actividades en mar abierto con el peligro que esto conlleva, según las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Mónica Paulina González, integrante de los cucapás, explicó a la CIDH que su comunidad vive de la pesca en las lagunas del delta del Colorado y señaló que cuentan con los derechos que la legislación mexicana y los tratados internacionales otorgan a los pueblos indígenas.
Los cucapás argumentan que desde la creación de la reserva han sido acosados por las autoridades federales ambientales y de pesca, obstaculizando la pesca en la zona donde realizan esta actividad desde hace miles de años.
En particular, esta comunidad indígena denuncia que no fue consultada cuando se creó el Decreto para la creación de la reserva.
Ricardo de la Torre, de la CCDH, aseguró que el Gobierno mexicano "criminaliza" el derecho de esa comunidad de subsistir mediante la pesca, y por tanto, su identidad cultural.
De acuerdo con los cucapás, el decreto establece que pueden practicar la pesca en la zona núcleo de especies que no están en peligro de extinción, algo que también se fijó en el primer Programa de Manejo de la reserva en 1995.
Sin embargo, alegaron, que en el actual programa esta regulación ha sido suprimida "arbitrariamente".
Raúl Ramírez, de la CCDH, aseguró que el Gobierno mexicano no tiene en cuenta el peligro de extinción de los cucapás, que "siguen sumidos en pobreza y marginación".
Mientras que Mario Solórzano, de la CMDPDH, destacó que la situación de este pueblo es de "atención urgente" y exigió al Ejecutivo que se sienta a la mesa con los indígenas para negociar una reforma de la legislación actual.
El Gobierno mexicano, representado por el biólogo José Campoy, director de la reserva, defendió su actuación, y explicó que la comunidad cucapá dispone de dos licencias de pesca y que la única restricción es que realicen esta actividad en las zonas permitidas.
Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de proteger a los pueblos indígenas y de respetar su derecho de consulta.
Destacó que el Ejecutivo ha puesto en marcha varios programas para impulsar otras actividades económicas para los indígenas y que se hace "un esfuerzo enorme" para atender sus necesidades.
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