Ciudad de México, DF., (OEM).- La liberación de la indígena Jacinta Francisco Marcial es apenas el primer paso de una serie de medidas que deben tomarse para reconocerle su inocencia y repararle el daño, además debe sancionarse a los servidores públicos que mintieron sobre este caso, exclamó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
A través de un comunicado, el organismo consideró que el de Jacinta es un caso paradigmático en México, pues quedó demostrado lo vulnerables que pueden ser las mujeres frente al sistema de procuración y administración de justicia que hay en el país.
"Esto ocurre sobre todo cuando se combinan condiciones como ser indígena y pobre, ahí toma forma una triple discriminación y violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que no deben tener cabida en una sociedad que se precie de ser democrática", se dijo.
El Inmujeres se congratuló con el anuncio de la PGR de que en el proceso penal 48/2006, que se sigue en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, en contra de Jacinta Francisco Marcial y coacusadas, por el presunto secuestro de seis servidores públicos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), formulará "conclusiones no acusatorias", lo que le permitirá obtener de inmediato la libertad a esta indígena otomí.
Consideró que la liberación de Jacinta es apenas el primer paso de una serie de medidas que deberá tomar la PGR en reconocimiento de su inocencia, así como de las coacusadas, como repararle el daño por los más de tres años en los que fue injustamente privada de su libertad.
Pero, sobre todo, indicó, iniciar las investigaciones para fincar responsabilidades de aquellos servidores públicos de la PGR que hayan falseado información o hechos que trajeron como consecuencia el inicio del procedimiento penal en contra de Jacinta, así como de las coacusadas: Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
El instituto confió en que la PGR encontrará en este caso la extraordinaria oportunidad para implementar en el futuro normas internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, e incorporar la perspectiva de género y etnia en su quehacer institucional, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres y el que no se repitan estos hechos.
Destacó que continuará atendiendo a su mandato de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres en México, con el seguimiento al proceso en contra de Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, y confía que en breve sean también absueltas por el delito de secuestro, pues el Inmujeres, al igual que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y la CNDH, a través de la Recomendación 47/2009.
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